Según informa el diario Clarín, en los próximos días saldría publicado en el Boletín Oficial la implementación de un registro nacional de violadores. Está previsto que un decreto presidencial reglamente la ley, aunque no está claro en cuánto empezará a funcionar.
En 2011 esta ley obtuvo media sanción en el Senado y en 2013 fue aprobada en Diputados. En ese momento, el caso de Angeles Rawson motorizó el debate. Ahora, la reglamentación de la ley llega luego de la violación y el asesinato de Micaela García, en Gualeguaychú. De esta manera, a partir de la indignación social y el reclamo de justicia para las víctimas, la casta política propone reformas que fortalecen el poder punitivo y eluden toda referencia a las causas de fondo de las violaciones y femicidios.
Este banco de datos géneticos de violadores, aprobado durante el kirchnerismo y que ahora sería reglamentado por Cambiemos, se apoya en la ley 26.879 que dispone que el Estado obtenga una muestra de material genético de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual y la almacene, para contar con esa información y contrastarla en el caso de que se investigue una posible reincidencia de parte de los agresores. Este tipo de medidas están lejos de atacar en serio las causas de la violencia contra las mujeres. Y, sin tener puesto el eje en las causas, se deja en pie la reproducción constante de la violencia a nivel social, a través de estructuras de poder y la dominación sobre el cuerpo de la mujer. El problema está cuando se individualiza al acusado en pos de invisibilizar los dispositivos y las relaciones sociales que permiten las acciones por las cuales es juzgado, donde también juegan un rol importante instituciones como el Estado, la Policía, la Iglesia, los medios de comunicación y el sistema educativo, entre otras.
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Exigimos justicia para todas las víctimas de femicidio y enfrentamos a este orden social que reproduce la violencia hacia las mujeres. Pero al mismo tiempo, denunciamos que son los mismos Gobiernos, funcionarios políticos, legisladores y jueces que niegan libertades y derechos elementales a las mujeres, los que se apoyan de manera oportunista en la bronca social que generan los hechos de violencia para fortalecer el aparato punitivo del Estado.
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