Fotografía:DYN
“¡No permitamos que el kirchnerismo nos corra por derecha!”. Esa podría haber sido la arenga de Sergio Massa a sus colaboradores y asesores al leer hace algunas semanas el texto que el gobierno nacional, inspirado en las teorías xenófobas y represivas de Sergio Berni, mandó al Congreso para reformar el Código Procesal Penal.
Y así, esta semana, el Frente Renovador presentó en sociedad su proyecto de reforma propio, con una batería de propuestas enfocadas a resguardar rabiosamente la propiedad privada. Nada menos que la expresión escrita de una práctica que lleva años en Tigre y otros distritos, paradigmas de la sociedad de control (cámaras, seguridad extrema y gatillo fácil) al servicio de los ricos refugiados en sus countries.
Con un entorno militante muy parecido al de un pastor evangelista, Massa distribuyó su proyecto en forma de librito titulado “Distinto es con justicia”. Y casi como si se tratara de un nuevo testamento, las páginas derrochan recetas para combatir la “inseguridad”, previendo “más derechos para las víctimas y medidas para acelerar operativos y la resolución de juicios y sanciones”. Se propone, según dijeron en la presentación, “un Código Procesal completo, íntegro y moderno, que rija el proceso penal los próximos 50 años”.
Espías, desalojos y mano dura
Algunos de los puntos sobresalientes del proyecto massista hacen referencia a cómo debería proceder el Estado ante delitos contra la propiedad. Tras la consigna de “más derechos a las víctimas” se plantean procedimientos efectistas que, sin embargo, han demostrado poca o nula efectividad a la hora de poner fin a la violencia social y acabar con los delitos verdaderamente amparados por el poder político y judicial como el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos o el juego clandestino.
Mientras desde sectores progresistas y de la izquierda se cuestionó el proyecto de Cristina, Alak y Berni porque propone darle mayor poder a los fiscales tras la falsa idea de dar más celeridad a los procesos judiciales, desde el massismo doblan la apuesta y, además de a los fiscales quieren darle más poder a la policía.
Si un fiscal así lo considera podrá actuar de urgencia deteniendo, allanando, secuestrando y también realizando exámenes corporales, como por ejemplo tomar muestras de ADN. Los allanamientos podrán ser sin orden judicial cuando se trate de “delitos de estupefacientes” a fin de perseguir su venta y distribución en los barrios. Con estas nuevas facultades, las policías y demás fuerzas de seguridad “podrán actuar sin pérdida de tiempo” ingresando a los puntos de venta, secuestrando las sustancias y deteniendo a los involucrados.
Se podría decir que el massista sería un Código a pedir de boca de cuanta mafia policial de las que abundan en todas las provincias se disponga a acrecentar sus negocios. Es dable imaginar un crecimiento exponencial de casos como los de Luciano Arruga y Franco Casco o de los entramados narcopoliciales como los últimamente ventilados de Córdoba y Santa Fe.
Pero además el proyecto no quiere darles ningún respiro a los pobres ni a los que luchan por sus derechos elementales. Por un lado, “en los casos de usurpación y a pedido de la víctima o Fiscal, el juez ordenará el desalojo preventivo en el término de 24 horas”. Algo que de llevarse a cabo, frente a una situación extendida de falta de vivienda para un gran porcentaje de la población, redundaría en más villas de emergencia y en más gente viviendo en las calles.
Por otro lado, acorde a la impronta “antiterrorista” que desde hace años se instaló en el país a pedido de los centros financieros y militares imperialistas, Massa propone crear “nuevos registros de evidencias, rastros y materiales donde los fiscales consignarán pruebas y resguardarán información que servirá para investigaciones futuras y conexas”. Para los ex kirchneristas del FR, el Proyecto X de la Gendarmería de Nilda Garré no habrá sido más que una prueba piloto.
Sumado a lo anterior, se facultaría a fiscales para que manden infiltrados a recolectar evidencias en “organizaciones” a las que los funcionarios distingan como de “alta complejidad” y de alcance “transnacional”. Y que en aquellos casos de “acreditada urgencia” podrán valerse de “agentes provocadores para el esclarecimiento total del hecho”.
Cualquier parecido del proyecto de la “oposición renovadora” con el trato propuesto por Berni hacia los inmigrantes, los pobres y los sectores que salen a luchar por sus derechos, no será mera coincidencia.
A la derecha de la derecha
“La Argentina ha caído en un falso debate que tiene que ver con las discusiones ideológicas pero lo que hay que entender es que la Justicia no es de izquierda ni de derecha. Son derechos de la gente”, dijo Massa en la presentación de “Distinto es con justicia”.
Palabras parecidas dijo la propia Presidente más de una vez cuando alguna nueva medida despertó cuestionamientos de sectores progresistas que la apoyan o la apoyaban.
Y así parece perfilarse el debate final de la reforma del Código Procesal Penal, que próximamente llegará al recinto de la Cámara de Diputados para que el bloque de del Frente Para la Victoria lo convierta en ley. Al menos eso es en lo que confían en el gobierno, ya que esta semana saldría con dictamen favorable el texto que ya tiene la media sanción del Senado.
Para eso hicieron los esfuerzos necesarios en la Cámara Alta, logrando modificaciones que hicieran más digerible el texto de la reforma del código, dejando de lado los aspectos retóricos y formales más duros y reaccionarios.
Por eso la aparición en escena de la propuesta de Massa podría hacer aparentar como “menos dura” la reforma del kirchnerismo. Sin embargo, como ya se analizó en este diario, en última instancia kirchneristas y opositores terminan confluyendo ya que son las clases dominantes las que tienen las riendas del Estado, las que se arrogan el derecho a castigar a las franjas más vulnerables, hijas del pueblo trabajador, a partir de un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. | 
