El encarcelamiento de González, la dimisión de Esperanza Aguirre, la dimisión del murciano Pedro Antonio Sánchez, las actividades de Rodrigo Rato desde el Gobierno y la propia citación como testigo en el juicio del caso Gürtel del presidente del ejecutivo son, los trepidantes hechos que se sucedieron en las últimas semanas.
Desde ayer miércoles la Fiscalía suma nombres a esta lista de políticos y empresarios corruptos, visualizando así la relación indisoluble entre la esfera política, económica y judicial, en el sistema capitalista.
Manuel Moix, el hombre al frente de la Fiscalía Anticorrupción ha aparecido en las grabaciones entre Ignacio González, encarcelado por el “Caso Lazo”, y el ex ministro Zaplana. Según las conversaciones grabadas, González y Zaplana se felicitaban por el nombramiento de Moix, asegurando que es “un buen hombre que aliviaría sus problemas judiciales”.
Y no iban desencaminados los dos miembros del Partido Popular, y es que durante la investigación del “Caso Lezo”, relacionado con la gestión del Canal de Isabel II, Moix intentó oponerse, en primer lugar, a registros necesarios y planificados en la investigación. Como si esta ayuda no fuera suficiente, posteriormente maniobró para apartar de sus funciones a dos miembros de la Fiscalía que llevaban el caso.
Ayer en la sesión de control del Congreso, el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, aseguró que Moix “está funcionando muy bien”. A estas palabras Iglesias respondió que “todos los españoles han visto que Moix se ha dedicado a impedir su trabajo a los fiscales y a perjudicar los registros policiales”, a lo que sumó que no van a presentar la moción de censura “porque tengamos diferencias ideológicas (Sic) sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado”.
Sin dudas la corrupción está ocupando el centro de la escena política, pero difícilmente se puede decir que la derecha del PP tiene el monopolio. Una corrupción que es el crujir de un sistema -y un régimen que lo sostiene- que no acaba de morir. Una corrupción propia de un sistema desigual e injusto, basado en el robo del trabajo de millones de personas para el beneficio de una minoría, santificado por toda una serie de instituciones. Una de estas es el poder judicial, de la cual ya pocos creen en su independencia, aunque muchos aun lo sostengan por conveniencia.
El capitalismo logra recrear una ficción. La mayor desigualdad social convive con la idea de la “igualdad jurídica” lo que recrea la ilusión de la “igualdad” velando la realidad de la diferenciación social en el capitalismo.
Una justicia que mantiene las cárceles llenas de pobres (con una media de reclusos superior en un 32% a la media Europea) y actúa con dureza y celeridad contra los jóvenes y los trabajadores mientras, se vuelve sorda, ciega, lenta y benevolente para tratar los delitos de sus pares de clase. Sin contar con los indultos, de los que hacen usos los distintos ejecutivos a discreción.
Una justicia clasista, machista y racista, que persigue a los luchadores dando por buenos los montajes policiales, como Ciutat Morta y el caso de Alfon solo por nombrar algunos y le niega los derechos democráticos a los pueblos, como al catalán y el vasco.
Lenin, uno de los líderes más destacados de la Revolución Rusa de la cual se cumple su centenario, afirmaba en varios de sus escritos que el sistema judicial es una pieza fundamental para sostener la desigualdad social, constituyéndose como “la mayor traba para la realización de la democracia para los obreros y los trabajadores”.
Su función es perpetuar la dominación de una minoría de capitalistas sobre las grandes mayorías. El poder judicial es un engranaje de la compleja maquinaria estatal que legitima y defiende la propiedad privada, en especial la de los grandes medios de producción, garantizando el orden a través de un cuerpo jurídico y las fuerzas represivas, todo bajo una supuesta igualdad de derechos.
Sin embargo todo sistema histórico de justicia, más allá del grado de pretensión de “universalismo”, lleva en su esencia los intereses de la clase dominante en dicho sistema. La base general del derecho burgués es “hacer abstracción de la división de la sociedad en clases postulando una igualdad formal para sancionar la desigualdad real”1.
No existe la democracia “pura”, en “general”. Bajo la democracia de la burguesía, decía Lenin, una casta privilegiada como los jueces y curas estaban exentos de impuestos, sus puestos eran vitalicios, con salarios muy superiores a los de un obrero y mantenían relaciones carnales con el poder político. Cualquier parecido con la realidad del Estado español hoy día no es pura coincidencia.
Para poner fin a los privilegios de esta casta, heredera directa del régimen franquista, los revolucionarios peleamos por la ampliación de derechos en base a la elección directa de los jueces, la formación de juicios por jurados, el derecho a la revocabilidad de los magistrados a través del voto popular y que todos los jueces y funcionarios ganen el salario medio de un obrero calificado.
La disolución del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y la separación de todos los jueces y fiscales que fueron cómplices y herencia de la dictadura, son demandas democráticas que sólo podrán ser conquistadas con la más amplia movilización en las calles.
La pelea por estas demandas democráticas no busca bajo ningún caso, perfeccionar esta democracia para ricos. Por el contrario, junto a un programa transicional, persiguen carcomer la hegemonía de la burguesía y fortalecer la del proletariado, así como combatir en la experiencia por una democracia más amplia contra las ilusiones en la democracia de la burguesía.
Solo un gobierno de los trabajadores- y un nuevo estado acorde a sus intereses y tareas- puede llevar, de la mano de una democracia de los trabajadores, a que las “libertades” y “derechos” en la democracia en general (es decir burguesa) sean algo más que frases vacías y engaños.
2- Matías Maiello, El derecho penal y la lucha de clases | 
