La Ley de Obediencia Debida fue promulgada el 4 de junio de 1987. El presidente de la nación Raúl Alfonsín dispone la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo el gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983). Esta ley excluía de los procesos judiciales a los subalternos, la mayoría oficiales y suboficiales, porque según justificaban, estos debían cumplir las órdenes de sus superiores.
¿Por qué se sanciona esta ley?
Durante el juicio a los comandantes en jefe de las tres Juntas militares se conoció parte del horror cometido por los genocidas durante la dictadura cívico-militar; a ellos solo se los juzgaron por 280 casos de los casi 9.000 denunciados ante la Conadep.
Antes del juicio a las Juntas cientos de miles de personas no se habían animado a denunciar que tenían familiares desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Tampoco exdetenidos-desaparecidos denunciaron que fueron víctimas de torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones durante su cautiverio, incluso del saqueo de sus viviendas.
Es por esto que el 5 de diciembre de 1986, Alfonsín, para cerrar el proceso judicial contra los genocidas, anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para establecer un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia sobre lo sucedido desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. La Ley de Punto Final fue sancionada por el Congreso nacional y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín.
La ley de Obediencia Debida surgió porque antes de terminar el plazo fijado por la Ley de Punto Final, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares y se presentaron más de miles de nuevas denuncias ante la Justicia. Esto desencadenó los levantamientos carapintada en Semana Santa del año 1987, el primero dentro de una serie de asonadas militares que reclamaban una lista de reivindicaciones para las Fuerzas Armadas, entre ellas la amnistía.
Militares carapintadas en el levantamiento de Semana Santa, Campo de Mayo (1987)
Los militares, a pesar del alto grado de impunidad otorgado por el gobierno radical con la anuencia del Partido Justicialista, exigían el fin de los juicios y la libertad de los jefes militares. Ese fin de semana de abril Alfonsín pactó con los militares mayor impunidad para evitar la radicalización de las masivas movilizaciones que rodearon Campo de Mayo, la Plaza de Mayo y de los Dos Congreso, donde coreaban “si se atreven, le quemamos los cuarteles”.
Como decíamos en esta nota, los carapintadas pedían una serie de reivindicaciones y el cese de las citaciones judiciales; no intentaban dar un golpe militar como hasta hoy se sostiene para justificar la capitulación de Alfonsín ante los reclamos castrenses. El propio vocero de los carapintadas, Aldo Rico, lo dijo entonces y lo sigue sostiene hoy cuando lo acusas de golpista. Aun si hubieran querido, ya no tenían la fuerza para hacerlo. El odio de las masas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron y la capitulación ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas terminó con el Partido Militar. El mismo que, a lo largo del siglo XX, tuvo la capacidad de decidir el destino del país.
Tapa de Clarín sobre la sanción de la ley de Obediencia Debida (5/6/87)
El propósito de Alfonsín, desde que asumió, fue recomponer a las Fuerzas Armadas como institución garante del orden burgués. Para esto tenía que encontrar un equilibrio entre el pacto de impunidad que permitiera esta recomposición y otorgar una respuesta (limitada) a la movilización popular que exigía el juicio y castigo a los criminales genocidas y sus cómplices. El juicio a los jefes militares, la capitulación ante los carapintadas y las leyes de impunidad se inscriben dentro de este objetivo.
La anulación de las leyes de impunidad
Alfonsín fue el precursor del Pacto de Impunidad con los genocidas y sus cómplices civiles. Los gobiernos que le sucedieron tuvieron los mismos propósitos que él: recomponer a las Fuerzas Armadas, reconciliar a las masas con ellas y desmovilizar el persistente movimiento democrático. La Conadep, el juicio a las Juntas, el acta de Semana Santa, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos de Menem; lograron impunidad para los genocidas, pero no la reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas. Después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, donde estos partidos vieron tambalear las instituciones del estado burgués, votaron la nulidad de las leyes de impunidad como parte de un plan de recomposición de un régimen resquebrajado. Pero esto no alcanzaba para juzgar a los genocidas.
El gobierno de Néstor Kirchner, heredero de las jornadas revolucionaria del 2001 y la debilidad de origen (obtuvo poco más del 20 % de los votos), lo llevó a usar las banderas de los derechos humanos para recomponer el poder institucional.
En agosto de 2003, por amplia mayoría el Parlamento declara nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En mayo de 2005 el procurador federal, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al día siguiente de que Kirchner reclama a la Corte una definición sobre esas leyes. En junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Comenzaban los juicio a los militares, resguardando la impunidad de empresarios, jueces y jerarcas de las Iglesia (con la excepción de algunos nombres emblemáticos).
Más allá del uso que cada gobierno quiere hacer sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar, desde la teorías de los dos demonios de Alfonsín, hasta el negacionismo del macrismo, lo cierto que a más de cuarenta años del golpe, la lucha por juicio y castigo persiste. Las masivas marchas en todo el país el pasado 10 de mayo, que repudió el fallo de la Corte del 2x1, es la expresión de esto. | 
