Cientos de campesinos de origen indígena se encuentran entre la zona fronteriza en Campeche tras ser violentamente desalojados de sus tierras luego de que el gobierno de Jimmy Morales señalara que se trata de una “recuperación del área que era usurpada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre”.
Desde principios de mes los guatemaltecos han improvisado un campamento en la zona, donde se encuentren en pésimas condiciones; sin agua, alimentos, bajo la lluvia, sin medicamentos por lo que están bajo un permanente riesgo de contraer enfermedades. Por tal razón diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos y activistas de México han realizado una visita para denunciar las condiciones donde es latente la violación a sus derechos e integridad física.
Algunas personalidades como el abogado, José González, del Bufete de DDHH, señala que en el caso de los desplazados no se han respetado sus derechos y se han ignorado mesas de diálogo instaladas. También subrayaron que, por tal motivo se han dirigido a la CIDH paras solicitar medidas cautelares, ante el riesgo de que resulte una mayor vulneración de derechos y riesgos para la vida y la salud de las familias que fueron desplazadas de la comunidad de Laguna Larga el pasado 2 de junio.
“Perdimos a dos señores de avanzada edad, hay niños golpeados, estamos desamparados en la línea fronteriza” relató Cervelio Gonzales, de la comunidad desalojada “Laguna Larga”.
Luego de esta primera visita de reconocimiento las organizaciones y activistas han apuntado a señalar que los desplazados de la comunidad de Laguna Larga vivían en la localidad desde hace más de 15 años y a pesar de que cuentan con documentación acreditada por el gobierno de Guatemala se ha perpetrado esta medida represiva contra la comunidad. La situación se torna aún más alarmante pues esta situación la podrían enfrentar otras 37 comunidades en Guatemala que se encuentran asentadas en la zona por lo que el llamado de nuestros hermanos guatemaltecos es exigir un alto a los próximos desalojos y el cese a la represión.
El gobierno de Jimmy Morales que tibiamente ha dado declaraciones al respecto, esconde para el conjunto del pueblo guatemalteco los fines de tal medida que atenta contra la vida de cientos de niños, niñas, mujeres y trabajadores del campo. Su objetivo es “limpiar” la zona que, ya ha sido sobrevolada en un ejercicio de reconocimiento militar, por un sector del gabinete de su homólogo Peña Nieto y de algunos funcionarios del gobierno estadounidense en lo que es una primera acción para concretar la instalación de una base yanqui en la frontera.
Este ataque no solo servirá para contener la migración centroamericana a territorio mexicano, sino para llevar a cabo todo un plan de despojo de recursos y bienes comunes a manos de empresas trasnacionales y de una escalada en la militarización para ambos países.
Si había dudas de cuáles eran los objetivos del pasado encuentro entre Jimmy Morales y Peña Nieto, este tipo de acciones muestran claramente la apertura a una situación de mayor tensión sobre la región y las comunidades que están siendo arrasadas con la destrucción de sus viviendas, destrozadas e incendiadas por el ejército y el gobierno de Guatemala, en complicidad con el régimen mexicano.
Es necesaria la solidaridad con el pueblo guatemalteco y las comunidades amenazadas tanto en Guatemala como en México; el llamado de las organizaciones y activistas para garantizar una “investigación de los hechos cometidos el 2 de junio, así como la reparación, indemnización, restitución y la no repetición de los daños” debe ser impulsada con la amplia movilización en las calles en ambos lados de la frontera que gane terreno a los gobiernos represores que sirven a su amos de la Casa Blanca.
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