La Universidad de Guadalajara acaba de ser notificada por la Secretaria de la Función Pública que está inhabilitada para recibir contratos públicos con recursos federales y recibió una multa por 373 mil pesos, ya que brindó información falsa en un contrato que contrajo la inmobiliaria universitaria llamada UniTerra con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el desarrollo de una unidad de medicina familiar que tenía un valor de cuatro millones de pesos.

Esta situación no es nueva para la UdeG, quien tiene alrededor de 12 empresas parauniversitarias que han sido creadas con el mismo presupuesto universitario y de las cuales los estudiantes y trabajadores de la Universidad no tienen acceso a los bienes o servicios que crean ni mucho menos a saber acerca de los recursos que se destinan a ellas o las ganancias que generan.

Es importante señalar que no entendemos por qué la Universidad de Guadalajara, siendo una institución educativa que deja fuera alrededor de 30 mil aspirantes al semestre por supuesta "falta de cupo", sí cuenta con su propia inmobiliaria o hasta una operadora de estacionamientos.

La Universidad dice que la multa e inhabilitación a recibir contratos con recursos federales no nos afectará “circunstancialmente”, sea lo que sea que esto signifique, los trabajadores, docentes, investigadores y estudiantes de la universidad no podemos confiarnos, no sabemos lo que realmente esto represente para nosotros.

Pareciera que lo que al rector de la universidad,Tonatiuh Bravo Padilla le importa es que se apele la sanción antes del inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no importándole que son esas mismas empresas que creó Raúl Padilla con fondos universitarios las que cayeron en irregularidades.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios no se ha pronunciado ante esta situación, dejando entrever que sus intereses no son los mismos que los de los estudiantes y trabajadores de la UdG.

Los estudiantes y trabajadores universitarios exigimos que se aclare la situación de las mal llamadas “empresas universitarias” y que el rector de la Universidad, Tonatiuh Bravo Padilla, así como Raúl Padilla, dirigente de las empresas, se responsabilicen del uso de los recursos universitarios, que los bienes y servicios generados así como las propias empresas parauniversitarias sean puestas en manos de sus trabajadores, que la universidad priorice la educación irrestricta y que se dejen de robar los recursos universitarios.