Sin testigos que declaren finalizó este miércoles en los Tribunales Federales de La Plata, otro capítulo en el juicio oral a los dos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la banda paraestatal de la ultraderecha peronista.
Durante la audiencia, que dio comienzo una hora después de lo previsto, la querella de Justicia Ya! La Plata a cargo de las abogadas María Luz Santos Morón, Pía Garralda y Carolina Vilches solicitó la ampliación indagatoria a los imputados Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas en perjuicio de Carlos Sathicq, Horacio Urrera, Luisa Marta Córica y Roberto Rave.
Esos casos, según la querella, deberían sumarse a los siete que ya son tratados en este juicio. Pero pese a los fundamentos políticos y, más aún pese a las pruebas que ya fueron vertidas en este mismo proceso, el tribunal subrogante se expidió aludiendo que “por unanimidad, no harán lugar a lo solicitado”.
Un “no” de los jueces a las víctimas
La abogada Santos Morón fundamentó el pedido considerando que “con esta ampliación pretendemos evitar la fragmentación de los juicios y la descontextualización, porque los hechos a los que haremos referencia guardan estrecha conexidad con los delitos que aquí se investigan, ya que forman parte integrante del mismo plan criminal”.
Para la letrada, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), tanto víctimas como testigos fueron reticentes con sus declaraciones por sentirse intimidados dentro y fuera de las audiencias. “Luego de la desaparición de Jorge Julio López, del asesinato de Silvia Suppo y el reciente caso de Elsa Sosa, entre otros, constituyen motivo más que suficiente”.
El argumento querellante hizo foco en el derecho de las víctimas a obtener una respuesta expeditiva por parte del Estado. “Sabemos que luego de haber transcurrido más de 40 años, la justicia todavía no ha llegado a muchas de ellas y esta es la oportunidad para evitar una nueva dilación llevando a eternos procesos de instrucción, por lo que corresponde sean juzgados aquí y ahora”, determinó la abogada Garralda (miembro de APEL).
“De lo contrario, las víctimas continuarán y morirán sin justicia y quienes han sido responsables de crímenes atroces de lesa humanidad morirán impunes, por lo que juicio y castigo quedarán sólo en una expresión de deseo”, sentenció.
Con respecto a la intervención de los defensores oficiales, en voz del abogado Luján, consideraron que lo solicitado era “un capricho burocrático”, por lo que no estaban de acuerdo con la petición.
Luego de un receso de más de una hora y media, se pronunció el Tribunal Oral N° 1, que “por unanimidad, decide no hacer lugar a la solicitud de ampliación de acusación por parte de la querella”. La intervención de la fiscalía giró en torno al pedido de presentación de pruebas, por lo anteriormente expuesto por las abogadas. Al dar por finalizada la audiencia, y en repudio a la negativa de la magistratura, el público presente expuso carteles en los que se manifestaba “No al 2 x 1”.
El por qué del pedido de la ampliación
Los imputados, Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares fueron miembros trascendentes en la Concentración Nacional Universitaria (CNU). En la actualidad, son los únicos que en La Plata se encuentran acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el período previo a la última dictadura cívico-militar de 1976. Sus crímenes fueron perpetrados durante la primera mitad de la década del 70. Entre los dos meses previos al golpe genocida consumaron secuestros, homicidios, violación de domicilio y robos. Hechos que se juzgan actualmente en La Plata.
Luego del análisis de los testimonios realizados en audiencias anteriores, la querella de Justicia Ya! La Plata solicitó ampliar la acusación a los represores.
El pedido al Tribunal decía expresamente que se amplíe la acusación contra Juan José Pomares por considerarlo autor de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos, en concurso real, en perjuicio de Luisa Marta Córica. De la misma manera lo hicieron contra Carlos Ernesto Castillo, por considerarlo autor de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y aplicación tormentos, en concurso real, en perjuicio de Carlos Sathicq, Horacio Urrera, Luisa Marta Córica y Roberto Rave.
Aunque el Tribunal tuvo enfrente a testigos que confirmaron que los victimarios de esas víctimas están sentados en el mismo banquillo de acusados, los jueces Vega, Castelli y Esmoris (éste último viene de otorgarle el “2x1” a dos genocidas) se negaron a ampliar la acusación. Así les dieron la espalda a familiares y compañeros de lucha de Córica, Urrera, Rave y Sathicq.
Las abogadas de la querella de Justicia Ya! confirmaron a este diario que no cesarán en la búsqueda de que este juicio no sea fragmentado y limitado, tanto en su tratamiento como en su alcance.
La próxima audiencia está fijada para el lunes 10 de julio a las 10, en la sala del primer piso de los Tribunales Federales de La Plata (calle 8 entre 50 y 51). | 
