Durante la dictadura cívico-militar un decreto permitía que la Policía detuviera en la vía pública indiscriminadamente. A esa situación represiva -en un contexto más represivo aún- se le dio el nombre de “razzia”.
Como siempre que se les otorga más poder a las fuerzas represivas del Estado, las detenciones se constituyeron en una fuente de arbitrariedades en perjuicio de personas que no habían cometido ninguna trasgresión penal.
Actualmente la Constitución Nacional dispone que ninguna persona puede ser detenida si no es encontrada en flagrante delito o con la orden de un juez competente. Asimismo es falsa la premisa que reza que “no se puede salir sin documento” o que “es obligación tener identificación si la Policía lo requiere”.
Sin embargo, parece que la Bonaerense de Ritondo obtuvo prerrogativas ilimitadas al poder obrar, por simple convicción, ante colectivos repletos de mujeres, trabajadores y estudiantes que regresan a sus casas (probablemente agotados por jornadas extenuantes) o se trasladan a visitar a familiares o amigos.
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Ya son innumerables los testimonios de personas que en las últimas semanas fueron obligadas a identificarse, mostrar sus pertenencias, sufrir cacheos, dar explicaciones y (con suerte) recibir empujones y malos tratos o (sin suerte) terminar en la Comisaría por averiguación de antecedentes. Muchos de esos testimonios fueron recogidos (algunos recibidos directamente) por este diario y a partir de su difusión se van multiplicando las denuncias.
Esta ofensiva por parte del Ministerio de Seguridad provincial, que está en plena campaña con los representantes de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, tuvo respuesta por parte de organismos de derechos humanos que buscan explicaciones y procuran ponerle un freno a los apremios físicos y psicológicos.
Otra vez los hábeas corpus
Tres derechos constitucionales son los que se violan en estos casos por parte de la Bonaerense: el de presunción de inocencia, el de la intimidad y el de libre circulación.
Eso es lo que denuncian tanto la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes aseguran que las requisas son “inconstitucionales”.
A su vez el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentaron hábeas corpus colectivos exigiendo al gobierno de María Eugenia Vidal “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad”.
El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, sostuvo al respecto que la del Gobierno de Vidal es “una respuesta improvisada para satisfacer un reclamo social de seguridad, mientras tanto corren cada vez más los umbrales de tolerancia al autoritarismo”. En este sentido contextualiza la excusa bajo la cual se busca instalar una campaña en la que se brindará más “seguridad” ante ningún delito.
La Comisión requirió información al Ministerio de Seguridad provincial, pero “jamás aportan estadísticas, datos; no pueden precisar cuántos delitos se cometieron arriba de los micros, en qué lugares, en qué momento”. En el mismo sentido García agregó que “no es parte de una política pública sino manotazos para demostrar una actitud activa. Todo el accionar es improvisado y efectista”.
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Por su parte desde la CIAJ y AJUS aseguran que ante “el resurgimiento de las razzias, promovidas por el propio ministro de Seguridad” que “hacen revivir páginas oscuras de nuestra historia reciente”, se vieron en la necesidad de presentar un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías 2 de La Plata a cargo del juez Jorge Moya Panisello.
En la región de La Plata, Berisso y Ensenada solicitaron informes sobre los policías locales que han participado en estos operativos, así como también que indiquen fecha, hora, lugar, duración, protocolos de actuación y resultados de los mismos.
También solicitaron que se señale qué autoridad dispuso la orden y si se dio intervención a la Justicia. En el caso de haberse realizado requisas y detenciones, que se especifiquen los motivos que las justificaron y los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron.
A su vez esas organizaciones exigen “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad ambulatoria que, en forma actual, inminente y potencial, padecen todas las personas usuarias del servicio público de transporte de estas ciudades”.
Las razzias policiales que vuelven a las calles bonaerenses no son un hecho aislado. Vale recordar que muchos efectivos de esa fuerza represiva continúan en sus cargos desde los años 70, que el espionaje y la infiltración policial sobre militantes y organizaciones sociales y partidos de izquierda siguen siendo moneda corriente, que siguen desapareciendo personas (desde querellantes en juicios contra el genocidio como Julio López hasta jóvenes de los barrios populares), que la Policía asesina cotidianamente a jóvenes pobres en comisarías y con el gatillo fácil, que se sigue reprimiendo la protesta social, que se sigue criminalizando la pobreza.
En definitiva, las razzias no son otra cosa que una profundización de las políticas de control social y criminalización de parte de un aparato represivo del Estado que continúa intacto desde hace décadas.
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