El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.
En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.
El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.
La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.
El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.
Publicado originalmente en blog del autor QUIPU Políticas y tecnologías de comunicación | 
