La respuesta del gobierno de Mauricio Macri a las injusticias que padece la enorme mayoría de quienes trabajan en relación de dependencia, es la poco original invención de un enemigo: una “mafia de los juicios laborales”, para lo cual el presidente de la nación viene apoyándose en el coro de voceros mediáticos siempre prestos a instalar la agenda de Cambiemos y los empresarios contra los sectores populares.
Entre las principales avanzadas en este terreno, puede encontrarse el reaccionario decreto presidencial que en enero de este año, determinaba el regreso de los trabajadores lesionados, a las repudiadas comisiones médicas para que éstas arbitren entre los denunciantes de accidentes o enfermedades laborales, y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Ante los numerosos cuestionamientos sobre la inconstitucionalidad de aquel decreto macrista, el gobierno decidió avanzar en el Congreso de la Nación con el mismo proyecto, y contando con la complicidad del Frente Renovador y el peronismo (incluyendo a sus diputados sindicales), logró imponer mediante la ley 27.348 la pretendida regresión a los años 90 en materia de Riesgos del Trabajo.
La propia Corte Suprema, había declarado ya en 2004 mediante el fallo Castillo y otros posteriores, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley noventista que hoy el macrismo logró restaurar.
Recordemos que la ley 26.773 de 2012, que también reformaba la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo buscaba impedir el reclamo judicial posterior al ofrecimiento monetario (siempre a la baja) de la ART y establecía que la justicia civil sería competente en los reclamos en lugar de la justicia laboral, abonando el terreno discursivo, ya en aquellos años, contra una presunta “industria del juicio” por parte de los trabajadores y sus abogados.
Distintas varas
Nunca hemos oído a un funcionario quejarse, por ejemplo, de la industria del juicio fiscal tributario, que mientras protege a los empresarios evasores (y si con ello no alcanza, se promueven leyes de blanqueo en su favor), producen rápidas sentencias y embargos contra trabajadores por errores mínimos en la liquidación del llamado “impuesto a las ganancias”. Aunque el reclamo fiscal resulte improcedente, ante un error al completar los formularios de AFIP, el Estado rápidamente inicia y ve resuelto a su favor en tres meses un juicio en ausencia del trabajador, en un fuero creado a su medida, con juzgados maravillosamente veloces, y el trabajador demandado deberá, en el mejor de los casos, abonar los honorarios a los abogados del fisco, aunque el reclamo se demuestre incorrecto. El trabajador sufre una sentencia y un embargo a su cuenta sueldo, recién luego se chequea que sí había pagado el injusto impuesto requerido.
Similar ejemplo puede citarse en el marco de la justicia civil, donde por ejemplo, los administradores de consorcios cuentan con el favor de ese reaccionario fuero judicial para embargar y ejecutar en tiempo récord a los inquilinos que se atrasan en el pago de las desmedidas expensas. Es conocido que muchos inquilinos intentan ponerse al día y no son atendidos, porque los administradores prefieren ir en búsqueda de intereses astronómicos y honorarios.
Lo mismo ocurre en favor de los bancos y otros prestamistas usureros, que crean deudas monstruosas contra trabajadores, amparados por publicidad engañosa, y obtienen rápidamente embargos salariales que se extienden por años. Pero cuando es una madre de escasos recursos quien exige a esos mismos jueces el pago de alimentos adeudados por el padre de sus hijos, es impensable que se beneficie con similar rapidez. Todo un ejemplo del accionar de la justicia de clase.
Otro ejemplo de “justicia express”, es la recepción que encuentran los pedidos fraudulentos de quiebra, como es el caso de la gráfica Donnelley en 2014, en el mismo fuero, donde quedaron sin empleo centenares de obreros que desde entonces luchan por preservar sus fuentes de trabajo, como también lo hacen actualmente los trabajadores de PepsiCo. En el caso de Donnelley, el abogado que diseñó el vaciamiento fraudulento de la empresa, no casualmente fue candidato de la lista de Graciela Ocaña y Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires en 2015. La industria del vaciamiento no es atacada por los amigos del PRO.
Empresas que ganan millones y de un día para el otro dejan a centenares en la calle, siendo convalidados en cuestión de horas por el Poder Judicial. No es la velocidad ni la jurisprudencia sistemática en favor de los empresarios y el Estado, la que irrita a Mauricio Macri. Desde ya, tampoco lo indignan los fallos judiciales que rápidamente lo absuelven a él o a sus funcionarios en la Justicia Federal por sus negociados con el Estado, ni los recientes fallos escandalosos que absuelven a los policías del gatillo fácil, como el que asesinó a Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en 2009 en Lugano, o los policías metropolitanos que reprimieron con plomo en la Sala Alberdi.
¿La Justicia del Trabajo beneficia exageradamente a los trabajadores?
Años atrás ya denunciábamos las condiciones del fuero laboral, que no hicieron sino empeorar, y que tienen como únicas víctimas a los trabajadores, que deben esperar no menos de 4 años por una resolución firme del juicio iniciado. Los empleadores conocen dicha situación y la aprovechan a su favor.
Obviamente las ART no escapan a esa lógica sino al contrario. Desconocen sistemáticamente enfermedades profesionales (hernias de disco, tendinitis, cervicalgias, en el podio del ocultamiento, con la complicidad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -SRT) o incluso numerosos abortos espontáneos de las trabajadoras. O directamente no asignan incapacidad sobreviviente ante lesiones que incluso implicaron la necesidad de intervenciones quirúrgicas.
Hablamos de las ART, que acumulan millones a costa de las vidas obreras, en el marco de más de dos trabajadores fallecidos por día en ocasión del trabajo, según la SRT o más de veinte, si se toma el parámetro establecido por la CTA.
Sólo el Frente de Izquierda plantea la primacía de las vidas obreras y de las mujeres frente a las ganancias capitalistas. No encontramos, en cambio ninguna campaña de indignación oficial ante estas estadísticas en ningún gran medio de comunicación. Tampoco, desde ya, ante las condiciones laborales de miles de docentes en todo el país, que por un salario de miseria dejan su salud en las aulas. Solo reciben ataques y descuentos de los días de huelga por parte de los gobiernos cuando pelean por un salario que alcance siquiera la canasta familiar.
La efectiva reinstalación de activistas despedidos ilegalmente, como logramos junto a Myriam Bregman en Shell, la textil Elemento, o la gráfica Ramón Chozas, por sólo citar ejemplos recientes, demandan hasta varios años, durante los cuales las empresas pueden incumplir sentencias sin mayor costo y desmantelar el activismo gremial y la oposición a la burocracia sindical en los lugares de trabajo.
La justicia laboral ha aprobado procedimientos preventivos de crisis completamente truchos como el de la multinacional Lear, legalizándose así el despido de centenares de trabajadores en 2015 en una autopartista que no tenía crisis alguna.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó hace un año el lamentable fallo “Orellano”, que ataca el derecho a huelga en un caso donde simplemente se discutía la reincorporación de un activista despedido durante un conflicto en el Correo Argentino.
El trabajador que se ve empujado a iniciar una demanda judicial, debe conseguir testigos entre sus compañeros de trabajo que así ponen en riesgo su propio puesto, lo cual suele frustrar la prueba de los hechos que el trabajador intenta demostrar. Al mismo tiempo, un gerente propuesto como testigo por la empresa (o sea, por él mismo), gozará de la misma credibilidad que un obrero que declara incluso arriesgando su continuidad laboral.
Otro gran componente de los juicios laborales, son los casos donde trabajadores de considerable antigüedad enfrentan despidos con falsas causas, siendo obligados a negociar a la baja sus desvinculaciones, o a someterse a un juicio de cuatro o cinco años.
Iniciar reclamos por diferencias salariales, por categorización o aplicación de convenio incorrectos, por pago del salario en negro, por falta de liquidación de horas extras, serían, según el macrismo, responsabilidad de los trabajadores por padecerlo, y de sus abogados por demandar su pago.
Existe una práctica patronal habitual, de la que nunca oiremos quejarse al actual presidente ni a quienes lo antecedieron: cuando una trabajadora o trabajador se enferma, la oficina de recursos humanos se niega a acusar recibo del aviso del empleado, o bien no recibe sus certificados médicos, para luego quitarse de encima al trabajador enfermo invocando “abandono de trabajo” como causal del despido. Otra variante clásica es la falta de reconocimiento de los certificados médicos que prescriben licencias o reposos.
Así, las empresas, del tamaño que sean, buscan desentenderse de manera gratuita de trabajadores con antigüedad y para reemplazarlos acuden a normas flexibilizadoras como el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita el nefasto “período de prueba” tan usado en el comercio, la industria o los callcenters, con el cual se puede despedir durante los primeros tres meses de la relación laboral sin causa, preaviso, ni indemnización, incluso si el empleado se encuentra de licencia por accidente de trabajo.
En ese marco, somos abogados de casos tan indignantes como el de trabajadores que en el siglo 21 enferman de tuberculosis en establecimientos sin ventilación, llegando incluso a perder la visión, y estando internados, son despedidos sin indemnización, porque su recibo de sueldo consigna una fecha de registración posterior a la real, y el trabajador ya con bastantes padecimientos, debe encarar un juicio de años para probar que hacía más de tres meses trabajaba para su empleador que lo dejó en la calle enfermo y sin un peso.
Es por este tipo de experiencia desde la vereda de los explotados, que al momento de ocupar bancas legislativas, desde el PTS- Frente de Izquierda, honramos el mandato de aquellos, y planteamos la protección de la juventud precarizada exigiendo la derogación de esa legislación flexibilizadora. Hemos sido los únicos en enfrentar esas leyes de la precarización estructural, como también aquellas que en cada gobierno ofrecen rebajas a los aportes patronales, con la eterna promesa que ello fomentará la creación de empleos. La misma música de siempre, que hoy vuelve a escucharse.
Las PYMES como mascarón de proa
La cámara patronal (CAME) que nuclea a las “pequeñas y medianas empresas” emprendió en 2016, una feroz campaña con el objetivo de excluir del proyecto de ley antidespidos a esas empresas que pueden llegar a tener hasta 200 empleados y facturar 650 millones de pesos al año según su rubro. Dicha ley finalmente fue aprobada y vetada por Macri con la absoluta complacencia de las centrales sindicales. Por ello, estas y todas las empresas pueden despedir trabajadores tal como deseaban, sin impedimento legal.
Pero ahora van por más: a caballo de la campaña en la que los medios masivos (ya sean oficialistas u opositores a Cambiemos) ubican a las PYMES como las víctimas fundamentales de la situación económica (por los tarifazos, el enfriamiento de la economía, y la liberación de importaciones), tiene lugar una campaña para reformar las leyes laborales de modo de facilitarles ya no solo que puedan despedir, sino que ello les resulte más barato, evadiendo las multas por falta de registración en la que incurren muchas de las Pequeñas y Medianas Empresas. Dichas multas, fueron introducidas por la Ley Nacional de Empleo 24.013, por demás flexibilizadora, impulsada por el entonces ministro Domingo Cavallo, a cambio de múltiples beneficios para el fomento de nuevos empleos. Ahora el combo propuesto es “ni nuevos empleos, ni multas por evadir o despedir”
Estamos entonces ante una operación a dos bandas: el gobierno de Macri se corre del centro de las críticas que atribuyen a su política económica la causa de los miles de despidos y cierres de empresas, intentando poner en ese lugar a los reclamos laborales que serían insoportables para la mayoría de los empleadores del país. De paso, se utiliza a este sector, el de los empresarios “emprendedores”, para legitimar nuevos ataques a los trabajadores.
Anacronismos e hipocresía
Hablábamos de distintas varas, y durante las últimas semanas oímos repetir a coro que la ley laboral de 1974 no puede regir las relaciones laborales de este siglo. No oímos que se plantee ese criterio para deslegitimar al arcaico Código Penal que impide el aborto legal seguro y gratuito pese a las 300 mujeres que mueren cada año por abortos clandestinos, víctimas del oscurantismo promovido por la Iglesia.
Hace ya 50 años, la dictadura de Onganía introdujo el famoso artículo 194 a dicho Código, que es utilizado para criminalizar a miles de luchadores cada año, por “estorbar el tránsito terrestre” en las protestas callejeras. Por eso, además de defender a centenares de compañeros judicializados mediante esa legislación, también hemos planteado junto a las bancas de Nicolás del Caño y Myriam Bregman un proyecto de ley que frena el uso de ese norma para judicializar la protesta.
Legislación con ese mismo signo reaccionario, como la figura de “sedición” que ningún gobierno derogó, es la que se implementó para encarcelar a Milagros Sala tras un acampe de protesta. Somos coherentes en la exigencia por su libertad, y en querer derribar todas las leyes reaccionarias que todos los gobiernos utilizan contra los que luchan.
Pero además, vale señalar que la operación pro reforma laboral, se apoya en premisas falsas. La Ley de Contrato de Trabajo fue modificada profundamente al arribo de la dictadura genocida de 1976, barriéndose con capítulos enteros como el de derecho a huelga, o de la elección del médico por parte del trabajador.
En los años 90 con Menem y la Alianza se profundizó el ataque antiobrero con la flexibilización laboral (con el mismo pretexto que en la actualidad: fomentar la creación de empleos) y con la rebaja de los aportes patronales que descendieron de un 33% a inicios de la dictadura, a un 15,3% en la actualidad. La embestida contra la legislación laboral más protectoria, hoy tildada de anacrónica, y contra aquellos jueces laborales que dictan sentencias progresivas en favor del trabajador, solamente busca promover una relación de fuerzas más desfavorable al conjunto de la clase trabajadora.
Mauricio Macri no ataca a la justicia laboral por su tolerancia al hecho que las trabajadoras mujeres cobren en promedio un 27% menos que sus pares varones, tal como ha medido el INDEC en los últimos días. Tal vez Mauricio Macri opine que para resolver esa desigualdad, deba reducirse el salario de los trabajadores varones. No nos sorprendería viniendo de él. Tampoco sorprende la nueva sentencia de la Corte Suprema conocida el día de hoy: dictaminó que un trabajador que perdió un juicio laboral, debe cargar con el pago de todos los gastos del juicio. Un caso particular, y un criterio que no es novedoso, pero que suma presión a los jueces inferiores para nuevos fallos antiobreros, en pleno discurso contra “la industria del juicio”.
Tampoco sorprende en esta embestida oficial, la ausencia de quejas por la tolerancia judicial al fraude laboral del Estado que mantiene como contratados y monotributistas a miles de trabajadores, o por la convalidación del trabajo no registrado de millones, e incluso del trabajo esclavo en los talleres textiles tan próximos a la familia presidencial.
Enfrentamos la hipocresía de Cambiemos, de los gobernadores y de los partidos políticos del regimen que habilitan estos ataques a los trabajadores. Nuestra posición no tiene ambigüedades y siempre será la defensa de nuestra clase. Junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud precarizada, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. | 
