Se conoció otra vergüenza nacional: militares y policías en retiro, incluyendo represores de la CNI, reciben pensiones millonarias.

Las ahora conocidas como pensiones de inutilidad de segunda clase, que se asignan a miembros del sistema previsional, especial y privilegiado de los uniformados, Capredena, por accidente en acto de servicio, enfermedades profesionales o invalidante de carácter permanente.

Hay acá cuatro problemas entremezclados:

El primero, que Pinochet y la dictadura se cuidaron bien de dejarse fuera a sí mismos del sistema de AFP inventado por Piñera, el hermano, para empobrecer a los trabajadores y enriquecer a las empresas. En Capredena tienen aseguradas pensiones millonarias y altas tasas de reposición, a diferencia de los que están obligatoriamente en las AFP: si cumplen 20 años de servicio reciben poco más de la mitad de su sueldo, si son 30 años reciben el último sueldo recibido entero.

El segundo, que muchos de los que las reciben, gozan de buena salud.

El tercero, que crea millonarios a fuerza de normativas arbitrarias. Les pagan pensiones millonarias, de hasta 7 millones de pesos, a funcionarios militares, incluyendo represores, incluyendo condenados y encarcelados por sus crímenes de represión contra el pueblo trabajador. El caso mencionado públicamente, es el del ex agente de la CNI Emilio Neira, condenado por su participación en la Operación Albania. También está el de los “pinocheques”, el hijo del sangriento dictador, Augusto Pinochet Hiriart. Todos los represores reciben estos montos, entre estos nombres, dados a conocer ya en mayo de este año, están también por ejemplo el ex fiscal Fernando Torres Silva, el ex brigadier Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff.

El cuarto, que muchos de ellos (por el momento se detectaron más de 1.000 casos) se recontratan después de pensionarse con estos millonarios montos, y reciben adicionalmente millonarios sueldos (de hasta $4 millones, con un promedio de $940 mil).

Recordemos que además Lucía Hiriart recibe una pensión de 3 millones de pesos (unos 4.600 dólares). Además de haber tenido bajo su mando hasta hace unos días a CEMA Chile.

Es un escándalo, el Gobierno reaccionó prometiendo investigar, llevar los casos a Contraloría, y estudiar un proyecto de ley para evitar los abusos. Pero solo los abusos, no la naturaleza del sistema, privilegiado con relación al trabajador obligadamente metido en las AFP.

El secreto de tamaño escándalo es simple, y está a la vista de todos: es el pago por la represión en dictadura, en defensa de los intereses empresariales; y un adelanto por los nuevos servicios que requieran (con ahora, por ejemplo, muchos pidiendo la ocupación militar de La Araucanía).