Se trata de un hecho completamente inédito. Hasta el momento, los genocidas se habían negado a colaborar en la búsqueda e identificación de los detenidos-desaparecidos por el último golpe militar. La noticia salió a la luz después de que el abogado del represor, Osvaldo Viola, presentó un escrito manifestando la intención de su cliente de “colaborar con la causa”.
Es preciso recordar que el juicio “La Perla” reúne 27 causas de lesa humanidad. De ellas, siete se acumularon a lo largo del 2014. Esta causa se inició hace dos años. Durante el transcurso de este tiempo cuatro imputados fallecieron y tres fueron apartados del proceso por su estado de salud, garantizando así su impunidad. Hoy son cincuenta los imputados que se encuentran siendo procesados. Esto significa una ínfima minoría de los cerca de 3000 genocidas que están identificados solamente por las denuncias a la CONADEP y el Nunca Más.
La unificación de las causas por centros clandestinos de detención –un reclamo de varios organismos de DDHH durante años- facilita los procesos y evita a los testigos tener que volver una y otra vez sobre los martirios sufridos. Pero la demora en la implementación de este tipo de juzgamiento ha permitido el fallecimiento de algunos genocidas, quedando impunes.
Aunque Cristina Fernández haya intentando diferenciarse de la oposición de derecha –de Macri en particular- el balance general de más de diez años de kirchnerismo cierra con muchos genocidas aún impunes, varios de ellos fallecidos de viejo sin recibir sentencia y la continuidad, ampliamente demostrada de miles de represores que actuaron durante el proceso en las actuales fuerzas represivas.
Las declaraciones de Barreiro
El militar aportó datos a la causa después de dos años de comenzado el juicio, iniciado el 4 de Diciembre de 2012. Estos datos indicarían dónde estarían los cuerpos de 25 desaparecidos del Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla, ubicado a 12Km de la Capital cordobesa, durante la última dictadura cívico-militar.
Barreiro marcó tres lugares de supuestos enterramientos con nombres y apellidos: Uno sería en un horno de La Ochoa donde habría diez cuerpos, a 10 Km del CCD; otro lugar sería cerca de La Ochoa, donde habría cuatro cuerpos más y un último lugar está indicado camino a Villa Ciudad de América, a 68Km al SO de la capital Cordobesa. En este sitio, estaría enterrada solo una persona.
El tribunal federal I resolvió, debido a la declaración de Barreiro, hacer una inspección ocular en los lugares indicados como lugares de posibles enterramientos clandestinos en las zonas de La Ochoa. Por otra parte, en el lugar marcado camino a Villa Ciudad de América, todavía no hay fecha para una inspección.
A causa de ser la primera vez que se rompe el supuesto pacto de silencio entre los genocidas condenados, Claudio Orosz, querellante por HIJOS Córdoba, en declaraciones a radio Universidad dijo que hay que manejar esta información con meticuloso cuidado ya que no se descarta la posibilidad de que pueda estar mintiendo.
Las audiencias por esta megacausa continuaran hasta el próximo 17 de Diciembre y, a causa de la feria judicial, se retomaró el 4 de febrero del año entrante.
Currículum negro
Cabe recordar que Ernesto Guillermo Barreiro fue uno de los mentores intelectuales del terrorismo de Estado en Córdoba, impulsando, junto a Héctor Pedro Vergez, el Comando Libertadores de América, milicia paraestatal de Córdoba, símil a la Triple A. También fue identificado como integrante de la “Patota del III Cuerpo” conducida por Luciano Benjamín Menéndez. Luego, fue uno de los “Carapintadas” encabezando, en la Semana Santa de 1987, el levantamiento militar contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue beneficiado, meses posteriores, por la ley de “Obediencia Debida”, Ley aprobada por el mismo presidente al que quiso derrocar. Estuvo prófugo en EE.UU en 2004 con el levantamiento de las leyes de impunidad, pero fue deportado en 2007. En la actualidad tiene imputaciones de 518 delitos que van desde privaciones ilegitimas de la libertad agravada, pasando por homicidios calificados, tormentos seguidos de muerte, hasta la sustracción de un menor de 10 años. | 
