Este domingo se llevaron a cabo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5 de Comodoro Py, las declaraciones indagatorias de los 31 detenidos -de forma ilegal y mediante apremios- tras la manifestación que el pasado viernes reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado.
La jornada, que estaba previsto comenzará a las 8 am, inició recién cerca de las 14 h. Luego de que los detenidos permanecieran incomunicados, ilegalmente, durante 48 horas.
Del primer contacto que los abogados defensores tuvimos con parte del expediente, surgen los elementos concretos de lo que ya se vislumbraba el mismo viernes luego de la represión. Hubo una operación planificada para deslegitimar y tapar el reclamo pacífico de decenas de miles de personas, que acudieron a Plaza de Mayo a reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Una acusación sin fundamentos
Recién el mismo domingo, al momento de prestar declaración indagatoria, los abogados defensores nos enteramos de la acusación formal contra los detenidos.
Según los principios y las garantías constitucionales (cada vez se aplican menos) la acusación a un imputado debe hacerse en forma precisa, concreta e individualizando cuál o cuáles son los hechos que se le adjudican. No puede haber acusaciones generales o imprecisas, ya que afectan el derecho de defensa.
Pero en lo que refiere a los hechos que se les imputan a los detenidos nos encontramos con descripciones generales, imprecisas, basadas en hechos falsos y que denotan una planificación previa destinada a criminalizarlos.
La descripción empieza en forma imprecisa, ya que se los acusa de “haber participado en incidentes” sin describir exactamente cuál fue el accionar concreto de cada imputado en esa supuesta participación. Continúa planteando que esos hechos consistieron en “quema de contenedores de basura, pintada de paredes, daños a edificios, rotura de vidrios de comercios, lanzamiento de bombas tipo molotov…todo ello con el objeto de infundir terror público, suscitar tumultos y generar desórdenes, incitando a la violencia colectiva contra las Fuerzas de Seguridad nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Estos hechos, ocurridos tiempo después de finalizada la concentración y diseñados a la medida de infiltrados, son los que se les adjudica a los detenidos. Sin embargo, no se detalla ni se aportan las pruebas que acrediten la participación de estas 31 personas imputadas en los hechos descriptos, como ser en qué situación estaban y demás circunstancias.
Esta acusación, además de burda, es gravemente ilegal ya que no hay individualización de los hechos ni pruebas que la sustenten.
Hay detenidos, a los cuales se les adjudican estos hechos, que se encontraban en horarios y lugares distintos al que se los acusa. Los mismos detenidos dieron pruebas concretas que dan cuenta de la falsedad de estas acusaciones.
Por ejemplo, un docente con problemas de trombofilia fue detenido a siete cuadras de la Plaza de Mayo donde, según la Policía tiraba piedras y pintaba paredes. Sin embargo, como prueba concreta, existen los testimonios de dos amigos que lo acompañaban, un video y el ticket de pago de la pizzería en la que cenó. El ticket, como es normal, tiene el horario de pago y el mismo difiere en más de una hora con la hora de detención acreditada por las fuerzas de seguridad. Queda al desnudo la falsedad de las actas policiales.
Un grupo de casos elocuente se refiere a los trabajadores de prensa. Otras dos personas fueron acusadas por la Policía de tirar piedras y realizar pintadas en la zona de Plaza de Mayo a las 20.18. Pero los registros de las cámaras de los reporteros gráficos indican que las detenciones se produjeron en otro horario, a cinco o seis cuadras del lugar denunciado.
En el mismo sentido se menciona también el caso del estudiante de fotografía de la Agencia ARGRA, Daniel Lara Rojas. El joven estaba cumpliendo con un curso de capacitación –como consta en un acta firmada por el presidente de dicha agencia- para realizar un reportaje fotográfico de la concentración en Plaza de Mayo. Sin embargo fue detenido al momento que realizaba esas fotografías y acusado de intimidación pública.
Siguiendo con las ilegalidades, mencionemos qué pruebas constan actualmente en el expediente.
En la acusación se menciona que las mismas son: actas de secuestro; declaraciones testimoniales de los damnificados; informes; declaraciones testimoniales de los preventores; fotografías de los daños; material fílmico aportados en CD´s y DVD´s reservados y los teléfonos celulares secuestrados.
Las actas de secuestro son realizadas por el propio personal policial y se ha constatado la falsedad de muchas de las mismas. Cuando se refiere a las declaraciones testimoniales de los damnificados y preventores estamos hablando, básicamente, de las declaraciones también realizadas por el personal policial.
Las fotografías de los daños de ninguna manera pueden tomarse como un indicio de la autoría y participación de los imputados ya que no hay ninguna vinculación entre esas imágenes con que los mismos hayan sido realizados por los imputados.
Por último el contenido del material fílmico y de los celulares secuestrados no ha podido ser constatado por los abogados, desconociendo por lo tanto de qué tipo de prueba se trata.
En definitiva, y objetivamente, lo que surge del expediente en concreto es que la causa se sostiene meramente por lo que refiere y aporta el propio personal policial que llevó adelante la represión. Todo muy evidente, ilegal y carente de fundamentos.
Es imposible que legalmente se sostenga una causa con elementos falsos y aportados por las mismas fuerzas de seguridad que actuaron ilegalmente causando todo tipo de apremios, muchos de civil y sin identificar y llevando a cabo una violencia brutal sobre las personas que iban deteniendo.
En la tarde de este lunes se conoció que se imponía el secreto de sumario en la causa por estas detenciones completamente irregulares.
