En el día de ayer la familia de Matías Casas junto con sus abogados Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero y organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas, presentaron un recurso para que sea elevado al Tribunal Superior de Justicia. El recurso fue presentado contra la sentencia que modificó el delito por el cual había sido condenado a prisión perpetua el policía Héctor David Méndez por el asesinato del joven Matías Casas.

El 2 de diciembre pasado los jueces del Tribunal de Impugnación modificaron el fallo unánime de un jurado popular que había condenado a Méndez por el delito de homicidio agravado doblemente por abuso de la función policial y el uso de arma de fuego. Los jueces consideraron que las doce personas que integraron el jurado se equivocaron, estaban confundidas, y por eso quitaron el agravante del abuso de la función policial condenado a Méndez por el delito de homicidio agravado por arma de fuego.

En conferencia de prensa Liliana Silva, mamá de Matías, dijo: “Cuando un policía de civil detiene un robo, es un héroe, pero cuando un policía de civil mata por la espalda a un adolescente, como hizo con mi hijo, resulta que no es policía. No se entiende entonces por qué portan su arma las 24 hs del día, todos los días del año”.

Cesar Casas, papá de Matías agregó que “vamos a plantear nuestros argumentos al Tribunal Superior de Justicia, y si es necesario ante la Corte Suprema, porque tiene que reconocer que a Matías lo mató la policía, que fue un caso de gatillo fácil”.

Por su parte, Mariano Pedrero dijo que “presentamos este recurso convencidos que debe respetarse la decisión unánime del jurado popular. Impusieron una reforma procesal con el argumento de la democratización de la justicia, pero resulta que, cuando se juzga a la institución policial, se habilitan resortes para garantizar la impunidad, y con argumentos monárquicos. Tres jueces profesionales encerrados entre cuatro paredes subestiman la decisión libre y unánime de doce personas".
Finalmente, Ivana Dal Bianco afirmó que “queremos que el Tribunal Superior de justicia reconozca que es un caso de gatillo fácil en que el Estado tiene responsabilidad porque cuando un policía mata utilizando su arma reglamentaria, lo hace producto de una política de represión a la juventud”.

Los abogados explicaron que el recurso será elevado al Tribunal Superior de Justicia donde fijarán una nueva audiencia de ampliación de fundamentos, a partir de la cual los jueces del más Alto Tribunal de la Provincia tendrán treinta días para resolver.