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El pasado 11 de septiembre la Diada de Catalunya volvía a desbordar Barcelona. Más de un millón de personas salían a la calle para expresar sus aspiraciones democráticas por el derecho a decidir. Una imágen y unos anhelos que, como ya viene siendo costumbre, volvieron a situar la independencia de Catalunya en las portadas de todo el mundo.
Sin embargo, ni veinticuatro horas pasaron para que el Gobierno de Mariano Rajoy remprendiera con fuerza la ofensiva españolista contra el referéndum previsto para el próximo 1-O, entrando en una escalada de persecución por medio de jueces, fiscales y los diferentes cuerpos policiales que no tiene precedentes.
Que vivimos días decisivos en Catalunya, después de cinco años de una especie de “día de la marmota”, lo demuestra toda esta batería de medidas represivas, que cuenta con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional a la cabeza, para desbaratar cualquier paso que permita que el 1-O haya urnas y los catalanes puedan votar. A la suspensión exprés de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad aprobadas por el Parlament de Catalunya (como era de esperar), se le suman estos días un sinfín de amenazas por la vía judicial y policial.
El miércoles el Fiscal General ordenó que se llame a declarar como imputados a los más de 700 alcaldes que han firmado a favor del referéndum, más del 70% del total de todo Catalunya, amenazando con ordenar a los Mossos la detención de aquellos que no comparecieran. Este mismo jueves vimos nuevos episodios, como la querella de la Fiscalía contra los alcaldes portavoces de la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios, la orden de clausura de las web de sendas organizaciones o nuevos registros de la Guardia Civil en imprentas en busca de las papeletas del referéndum.
Frente a todo ello, desde el Govern de la Generalitat se quiere abrir la vía judicial europea y apelan a que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dictamine si el referéndum es legal o no. Ya que el referéndum no va a realizarse con el permiso del Estado, buscan que una coalición de Estados -la UE- fuerce al Estado español a respetarlo. Pero ¿Qué posición tiene hasta el momento la Unión Europea y sus principales dirigentes sobre el proceso catalán?
La posición oficial de la Comisión Europea ha sido siempre la de mantenerse al margen excusándose en que se trata de un asunto interno del Estado español. Margarita Schinas, portavoz de la Comisión, lo aseguraba hace unos días al decir que “nuestra posición es bien conocida, no ha cambiado. No tenemos posiciones, ni opiniones, ni comentarios sobre cuestiones que afecten al orden constitucional de nuestros Estados Miembros".
No obstante, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que ha afirmado siempre, tal y como dijo hace apenas un mes, que “si una parte de un Estado miembro se convierte en un Estado independiente sale automáticamente de la UE”, tuvo ayer un lapsus afirmando que “si gana el sí a la independencia de Catalunya, lo respetaremos. Pero Catalunya no formará parte de la UE enseguida. Tendrá que seguir los procedimientos habituales, como los países que entraron en 2004”. Ese “lo respetamos” animó durante todo el día los discursos que desde el Govern y Junts pel Sí alimentan la ilusión en que el derecho a decidir vendrá con la ayuda de la UE y la “comunidad internacional”.
Sin embargo, el presidente había empezado diciendo que “la Comisión Europea siempre ha pensado que debemos escuchar atentamente lo que dicen el Tribunal Constitucional y las Cortes españolas”, algo que no se separa mucho de la posición mantenida hasta ahora. Y horas más tarde aclaraba que estaba del lado del cumplimiento de la Ley y la Constitución respecto a la convocatoria del 1-O. A pesar de todo ello, no faltaron los dirigentes del “procés”, como Raül Romeva, que salieron a aplaudir y presentar como “prueba” de la viabilidad de su hoja de ruta el lapsus de Juncker unas horas antes.
Mucho más tajante era, hace apenas una semana, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tras la aprobación de la Ley de Referéndum por el Parlament de Catalunya. El dirigente europeo y miembro del Partido Popular europeo, sentenciaba a modo de amenaza que “cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea”.
Como vemos, la Unión Europea está lejos de brindar el apoyo al que se aferran los dirigentes de los partidos soberanistas de PDeCAT y ERC. Más bien mantiene un discurso que oscila entre una posición de no intervenir y el respaldo al marco constitucional. La Unión Europea se pliega a las sentencias y prohibiciones que ha emitido el TC tras los recursos presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como mecanismo para intentar anular todo paso hacia el libre derecho a la autodeterminación.
Ningún Estado miembro de la Unión Europea ha salido a denunciar la guerra de desgaste contra el referéndum por parte del Gobierno central de Rajoy. Una ofensiva que, a medida que se profundice el pulso con el bloque soberanista y nos aproximemos a la cita del 1-O, se agudizará aun más. Solo hace falta escuchar las amenazas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al declarar que el artículo 155 se puede aplicar en tan solo cinco días, aunque por ahora el Gobierno no lo contempla.
En este aspecto represivo, el propio Juncker manifestaba en una entrevista al diario La Vanguardia, hace apenas 24 horas, que los mecanismos que está llevando a cabo el Gobierno central “no tienen nada que ver con un problema de libertad de expresión en España”.
Esta “ilusión” en que la solución vendrá por la intervención de los grandes países imperialistas ha sido alimentada también por las inusuales declaraciones de la portavoz del gobierno de Estados Unidos al anunciar que “se comprometen a trabajar con el gobierno o entidad que salga [de la votación del referéndum]”.
También han contribuido varias editoriales de rotativos como Le Monde, en donde se señalaba que “Madrid debe entender la reivindicación de centenares de miles de catalanes que se manifiestan tras cinco años por las calles” y que “Rajoy debe permitir el referéndum, siguiendo el ejemplo de David Cameron” en Reino Unido. O del New York Times abogando por una “solución política” con Catalunya, “realizar el referéndum” y advirtiendo en el día de ayer de que se estaba acabando el tiempo para una solución sensata.
Romeva, Junqueras y Puigdemont pueden esperar sentados a que la Unión Europea se enfrente al gobierno de su cuarta potencia o a que se alimenten tendencias centrífugas en plena crisis post Brexit. Y los supuestos “apoyos” del otro lado del Atlántico suenan más a una presión desde lejos, y con la boca pequeña, para que el Régimen del 78 se avenga a abrir algún proceso de regeneración en clave restauradora donde de buen seguro las aspiraciones democráticas catalanas puedan ser cambiadas en una mesa de negociación como en el 78.
Como señalaban Diego Lotito y Santiago Lupe en una reciente artículo: “Un referéndum, independientemente de su legitimidad, sólo se puede llevar a cabo por tres vías: o bien lo organiza un estado; o lo organiza la sociedad civil con el apoyo o la “venia” del estado (o en su defecto con el apoyo de otro estado o coalición de estados más fuertes como aliados); o lo hace la "sociedad civil" contra el Estado, es decir por medio de la una vía revolucionaria”.
Descartada la primera por imposible, y la tercera por indeseada e indeseable para los representantes históricos de la burguesía catalana, el “procesisme” intenta o simula intentar la segunda: que pueda haber referéndum por la intervención de la Unión Europea o la “comunidad internacional”.
Esto no solo peca de utópico, sino que deja al desnudo lo reaccionario del proyecto político de la “república catalana” del PDeCAT y ERC que encarna la Ley de Transitoriedad. Un nuevo Estado independiente pero que conserve todo el andamiaje institucional y legal del capitalismo español y la Unión Europea, y que para nacer busca amparo nada menos que en la Comisión Europea, la reaccionaria institución supranacional que ha estado a la cabeza de la imposición de las peores políticas de ajuste de las últimas décadas sobre los pueblos del sur de Europa, o el gobierno populista de derecha de la principal potencia imperialista mundial.
Imponer el referéndum por medio de una gran movilización de la clase obrera y los sectores populares, de forma independiente de la dirección burguesa del “procés” y en alianza con la lucha del resto de sectores obreros y populares del Estado en la lucha contra el Régimen del 78, no solo es la única vía para poder votar. También lo es para que el resultado pueda ser llevado adelante y, sobre todo, que se puedan abrir procesos constituyentes en Catalunya y el resto del Estado donde poder discutir y cambiarlo todo, incluida la pelea por hacer pagar la crisis a los capitalistas, una libre federación de repúblicas de trabajadores en la península ibérica y combatir la Europa del capital en la perspectiva de luchar por los Estados Unidos Socialistas de Europa. | 
