1. Este martes (19/9) un sismo de 7.1 grados, sacudió la capital y varios estados del centro de México, provocando al menos 224 muertos. En la Ciudad de México se colapsaron más de 40 inmuebles y otros quedaron afectados estructuralmente.
Muchas familias perdieron su vivienda y todo su patrimonio. En Villa Coapa se colapsó el colegio Enrique Rébsamen, causando la muerte de más de 30 niños y de varias maestras.
2. De inmediato miles de voluntarios, jóvenes, trabajadores y mujeres, salimos a las calles espontáneamente por toda la ciudad a colaborar con el rescate de las personas atrapadas: remover escombros; aportar víveres, medicamentos y herramientas, etc., demostrando masivamente -como en el 85’- los mejores sentimientos de solidaridad y ayuda mutua de nuestro pueblo.
Cada persona rescatada viva de entre los escombros era festejada por todos como si se tratara de un familiar o amigo. En la UNAM, el IPN, la UPN y otras escuelas se organizaron brigadas con cientos de estudiantes.
3. La respuesta del gobierno federal fue enviar a las zonas de desastre miles de soldados, marinos y policías, que lo primero que hicieron fue acordonar y restringir el acceso de los civiles que íbamos a ayudar.
Los altavoces de la alerta sísmica, instalados por toda la ciudad, recomendaban no salir de casa, mostrando más preocupación por desalentar la organización independiente y la acción en las calles de la población que por ayudar a los damnificados. Los secretarios de gobernación y de educación pública, se hicieron presentes en algunos lugares, pero fueron abucheados por la población, quien percibió que sólo buscan “tomarse la foto” con fines electorales.
4. Un sismo es un fenómeno natural impredecible e inevitable. Lo que no es “natural” es que colapsen decenas de edificios en una ciudad considerada de alto riesgo, en las mismas zonas (y algunas más) que en el sismo de 1985, a pesar de que los sucesivos gobiernos desde entonces prometieron mejorar las normas de construcción y seguridad.
La realidad es que las compañías constructoras, asociadas a funcionarios y políticos corruptos, siguieron haciendo un gran negocio edificando con mala calidad. Como hace poco se demostró con el socavón que se abrió en el “paso exprés” de la Autopista del Sol. Es de suponerse que una efectiva supervisión de los trabajos de las constructoras y una revisión estructural de los edificios en las zonas de riesgo, habría podido disminuir al menos la magnitud de esta tragedia. Que no haya sido así es responsabilidad del Estado.
5. Especial atención debió ponerse a las escuelas, públicas o privadas. El caso del colegio E. Rébsamen, donde murieron decenas de niños, sólo se puede entender por negligencia gubernamental. Es sabido que los edificios de muchas escuelas están en pésimas condiciones y por suerte no se derrumbaron más.
Aurelio Nuño se jactaba de la inversión en infraestructura escolar que ha hecho el gobierno mediante el programa Escuelas al Cien, que endeuda al Estado en beneficio de los bancos. Pero de nada han servido estas supuestas “inversiones” para evitar que las escuelas se sigan cayendo, poniendo en riesgo la integridad y la vida de sus alumnos, maestros y trabajadores.
6. Los daños materiales son incuantificables. Pero los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la reconstrucción de las zonas afectadas son menores a los que recibirán los partidos políticos el próximo año. Ya eran insuficientes para Chiapas y Oaxaca, luego del sismo del 7/9. Para colmo, la corrupción rampante en los diferentes niveles de gobierno amenaza con que estos recursos nunca lleguen a quienes más los necesitan, como ha sucedido tantas veces antes.
7. Los socialistas nos sumamos desde el primer momento a las brigadas y acciones de solidaridad. Llamamos a la población en general a seguir colaborando. En especial, llamamos a que los sindicatos pongan todos sus recursos y agremiados a disposición de las labores de rescate y los damnificados. Ya en Oaxaca, tras el sismo 7/9, la Sección XXII de la CNTE puso el ejemplo movilizando a miles de maestros.
El gobierno cínicamente llama a la población a poner todo lo necesario para los damnificados, escatimando los recursos públicos que deberían estar al servicio de quienes más están padeciendo los efectos del sismo. Al mismo tiempo demandamos que las grandes cadenas de supermercados, farmacias, laboratorios, etc., donen todo lo que se requiera. De negarse, el gobierno debe requisarlo. Los grandes concesionarios del transporte deben poner gratuitamente sus unidades a disposición del traslado de la población y para garantizar que los especialistas, brigadistas y materiales que hagan falta puedan llegar oportunamente.
En vez del ejército -responsable de la masacre del 68’, de la “guerra sucia” y de la desaparición forzada los 43 normalistas de Ayotzinapa-, proponemos la organización de las labores de rescate y de atención a los damnificados por especialistas, organizaciones de la llamada sociedad civil y los sindicatos que se reivindican democráticos. Para que nadie se quede sin hogar, hay que exigir un plan emergente de obras públicas y vivienda, financiado mediante impuestos a las grandes empresas, la reducción del salario de los altos funcionarios y el no pago de la deuda externa. | 
