El golpe de estado de 1955 dio inicio a una etapa en la que las clases dominantes se propusieron reformular la relación con el imperialismo, abriendo la economía argentina a la penetración del imperialismo norteamericano, y disciplinar a la clase trabajadora eliminando las conquistas obtenidas en los años previos aumentando la productividad del trabajo. Esta ofensiva dio origen a la Resistencia de la clase obrera(1).
El gobierno de Aramburu
La notable respuesta de los trabajadores al ataque de la dictadura ya en los primeros meses del gobierno de Eduardo Lonardi y su incapacidad de contenerla, así como su política negociadora con la dirigencia sindical peronista, abrieron el camino a su desplazamiento.
El 13 de noviembre de 1955 el general Pedro E. Aramburu fue designado nuevo presidente por los militares.
El nuevo gobierno avanzó en la ofensiva contra los trabajadores. El 16 de noviembre de 1955 declaró intervenida la CGT, y pasó a controlarla el capitán Alberto Patrón Laplacette. Días después, dispuso la intervención de los sindicatos. Tras la disolución del Partido Peronista se impuso el decreto-ley 4.161 que prohibió el uso de los símbolos peronistas: desde cantar la marcha y utilizar su escudo hasta nombrar a Perón y Evita podía significar la cárcel.
El objetivo prioritario del gobierno y las patronales fue la desarticulación de las comisiones internas y de los cuerpos de delegados, para avanzar en la racionalización del trabajo, siendo una de sus expresiones el decreto 2.739 de febrero de 1956. Este decreto autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como “obstáculos a la productividad”; con este objetivo autorizaba la movilidad laboral dentro de una fábrica y permitía a los empleadores concluir acuerdos especiales con sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes, dejando en claro que los futuros acuerdos sobre salarios quedarían sujetos a la productividad. El Gobierno llamó entonces a negociaciones salariales en base a lo dispuesto en este decreto.
Frente al ataque se fue extendiendo la Resistencia. Se verificó un proceso de formación de agrupaciones semiclandestinas en los barrios y la organización de medidas de lucha, desde el sabotaje de la producción y la utilización de “caños” hasta la organización de huelgas. En diciembre de 1955, por ejemplo, se organizó una huelga para reincorporar a varios delegados en la planta metalúrgica Catita; en abril del año siguiente, se produjo una movilización y huelga contra el arresto de tres delegados en el frigorífico Lisandro de la Torre, dirigida por un comité integrado por militantes de base, que al cabo de 6 días lograron la libertad de los trabajadores.
El resultado de este proceso fue el surgimiento de una camada de activistas sindicales con posturas más intransigentes y combativas. Símbolo de estas luchas fue la huelga metalúrgica de 1956 que mostró también los límites de la organización de la base que surgía y el fortalecimiento de un sector burocrático que se transformó, en el mediano plazo, en un poderoso obstáculo para la consolidación de esta vanguardia, el vandorismo.
La conflictividad del año 1957 y la Comisión Intersindical
A lo largo de 1957 aumentó la conflictividad y surgieron nuevas formas de organización. Se dieron una serie de conflictos impulsados fundamentalmente por cuestiones salariales en ferroviarios, empleados municipales, bancarios, alimentación, portuarios, textiles y navales, telegrafistas y telefónicos.
La emergencia de una vanguardia de militantes impulsó un proceso de reorganización en el movimiento obrero expresada en la renovación de cuerpos de delegados y comisiones internas y la formación de comisiones no oficiales. En esta dinámica, a comienzos de 1957, surgió la Comisión Intersindical como producto de una iniciativa del Partido Comunista que fue incorporando sindicatos y dirigentes peronistas.
Entre el 18 y el 20 de abril se reunió el Congreso Intersindical Nacional Extraordinario en Córdoba. En él se resolvió, entre otros puntos, reclamar la libertad de los presos gremiales, afirmar la solidaridad con los gremios en conflicto y pedir el levantamiento de las inhabilitaciones gremiales. Además, exigía el 82 % móvil para las jubilaciones, la aplicación del salario mínimo, vital y móvil y reivindicaba el derecho a la estabilidad laboral contra los despidos. Retomaba un viejo reclamo del movimiento obrero como era la “derogación inmediata y no aplicación de la Ley de Residencia, ley 4.144, aborrecido instrumento con que la oligarquía gobernante reprimió la acción gremial de los trabajadores extranjeros durante más de medio siglo”. El Congreso exigió también el respeto del derecho absoluto de huelga. Además, se pronunciaba por “la defensa de la industria nacional mediante el proteccionismo de Estado, nacionalización o provincialización de industrias exigiendo la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y en sus beneficios”, y “la explotación nacional de la riqueza de nuestro subsuelo y plataformas submarinas”(2).
El 12 de julio la Intersindical llamó a una huelga general de 24 horas retomando varios puntos del Congreso de abril. El paro fue preparado por un comité de huelga designado por delegados de más de 60 gremios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se calculó que pararon más de 2.500.000 trabajadores(3).
Las 62 Organizaciones y el llamado al paro general de septiembre
El ascenso de la conflictividad condujo al Gobierno a convocar un Congreso Normalizador para intentar canalizar el descontento social mediante el control de la CGT con dirigentes afines. El interventor militar de la Central sindical Patrón Laplacette, esperaba dominar el Congreso a través de los representantes de los sindicatos que controlaban los antiperonistas, como comercio, bancarios y empleados públicos. El interventor fracasó en este objetivo y sus representantes se encontraron en minoría en la comisión de poderes que debía verificar las credenciales de los delegados, ante lo cual abandonaron el Congreso.
Los sindicatos que se quedaron, mayoritariamente peronistas y algunos dirigidos por comunistas, un total de 62 organizaciones, se constituyeron como agrupación con ese nombre. Poco después, el PC formó un cuerpo de 19 gremios, y los sindicatos antiperonistas que habían abandonado el Congreso formaron las 32 Organizaciones Democráticas.
Así, la Intersindical se diluyó y “las 62” se transformó en referente de organización durante la Resistencia y el peronismo en su dirección.(4)
Frente a los conflictos que se desarrollaban y las huelgas y sabotajes en los servicios públicos, el gobierno sancionó el decreto 10.596/57 reglamentando el derecho de huelga y declaró el estado de sitio. Las 62 Organizaciones declararon paro nacional para el 27 de setiembre, reclamando la libertad de todos los presos por causas gremiales, aumento general de emergencia con establecimiento de escala vital y móvil de salarios, contra la legislación represiva y por el levantamiento del estado de sitio.
“La huelga, pese a la falta de decisión demostrada por la dirección para lanzarla y que prácticamente no tuvo preparación, resulto masiva en la industria y en el transporte automotor, mostrando a las claras las ganas de enfrentar al gobierno”. Aunque las 32 Organizaciones, y en particular la Unión Ferroviaria, repudiaron la medida de fuerza, el ausentismo fue casi total en los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, y en algunos ramales del Urquiza y el San Martín. Igual sucedió entre los gráficos y los municipales. El paro fue importante en los barrios industriales del Gran Buenos Aires y en el interior, como en el Chaco, y en Bahía Blanca y Corrientes, donde las CGT locales pararon el día anterior, la adhesión fue total(5).
Así, esta huelga fue un episodio en esta primera etapa de la Resistencia que de conjunto dio lugar a una importante experiencia para la clase obrera argentina, de pelea por la defensa de sus conquistas y de formación de una camada de trabajadores que retomaron y recrearon métodos de lucha y organización. Es expresión también del peso alcanzado por las 62 Organizaciones peronistas en el movimiento obrero que se reforzará en los años siguientes junto con el avance de la corriente burocrática ligada a Vandor, el líder metalúrgico. Su rol negociador que iba haciéndose evidente en los primeros pasos de la Resistencia se profundizará en los años siguientes. Así, el peso de la dirección sindical y política del peronismo será el gran obstáculo que los trabajadores debían superar para derrotar la ofensiva imperialista y los gobiernos que la imponían.
Notas:
1. El último capítulo de Cien años de historia obrera. Una visión marxista, de los Orígenes a la Resistencia (1870-1969) profundiza en el desarrollo y el balance de esta etapa.
2. Ver Cien años… para una caracterización de esta organización y su programa político así como el rol de las corrientes de la izquierda en este proceso.
3. Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973.
4. En agosto elaborarán el llamado programa de La Falda, ver Cien años… para un análisis de este proceso.
5. González, ob. cit. p. 190. | 
