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En una maniobra palaciega, el Primer Mandatario designó en la Vicepresidencia a una de las integrantes de su gabinete, este miércoles por la tarde. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, ocupará temporalmente el cargo de Jorge Glas, mientras dure su estadía en la cárcel 4 de Quito.
Este Decreto pasa por encima de los votos de trabajadores y sectores populares, que en abril de este año eligieron a un binomio presidencial. Si bien hoy Glas está detenido y a la espera de una condena por corrupción, aún continúa siendo vicepresidente constitucional hasta que exista una destitución mediante juicio político en la Asamblea.
En la designación, Lenín Moreno le otorga a su flamante vicepresidenta la tarea de “dar seguimiento al proceso de la consulta popular y referéndum constitucional”, que presentó hace dos días. Con una pequeña dosis de cinismo, le restituye las funciones que él mismo le había quitado a Glas a comienzos de agosto, cuando se desató la crisis política a raíz de la disputa por el rumbo del Ejecutivo.
Luego de tres reuniones consecutivas, el Bloque Legislativo de Alianza PAIS (AP) alcanzó un difícil consenso y emitió un comunicado que subraya que su deber es “velar por el respeto a la Ley y por las existencia de una justicia independiente y libre de presiones”. La posibilidad de un juicio político en la Asamblea Nacional está paralizada, y la situación del vicepresidente queda en manos del juez Miguel Jurado.
Al pedido de juicio de la oposición también le faltan votos en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el cuello de botella de los proyectos hacia el pleno. Cinco de sus siete integrantes son de AP o aliados, y cuatro son cercanos al correismo y a Glas.
El único que está a favor es el presidente de la Asamblea, José Serrano, cuya figura crece como reemplazo definitivo al vice, si la destitución se consuma. Pero aún no tiene el suficiente respaldo de los asambleístas de AP para que, junto a la oposición, alcancen los 91 votos que se requieren para censurar a Glas.
Bajo la crisis del partido gobernante subyace el ajuste de cuentas entre dos facciones que se diferenciaron en los distintos giros hacia derecha durante el Gobierno de Correa. En esta pelea, los escándalos de corrupción, que salpican a gran parte de los más fieles correistas, son el terreno para consumar desplazamientos en el seno del poder, que legitimen el proyecto propuesto por Moreno de una supuesta “restauración de los valores de la Constitución de 2008”.
La clase política que conduce los resortes de la estructura, a pesar de sus diferencias, no desea la intervención de la movilización social, no plantea que sea el propio pueblo trabajador el que decida sobre la revocación del mandato de sus representantes. Deja en manos de unos pocos funcionarios judiciales el destino de un cargo de elección popular. En Ecuador, la crisis política e institucional busca ser resuelta en la mesa chica del poder. |