El 16 de septiembre de 1955 el General Eduardo Lonardi inició el levantamiento militar que derrocaba al General Perón después de una década en el poder. El nuevo régimen se conoció como “Revolución Libertadora” y abrió una etapa en la que las clases dominantes se propusieron reformular la relación con el imperialismo abriendo la economía argentina a la penetración del imperialismo norteamericano, y disciplinar a la clase trabajadora eliminando las conquistas obtenidas en los años previos aumentando la productividad del trabajo.
Esta ofensiva dio origen a la Resistencia de la clase obrera (1).La notable respuesta de los trabajadores al ataque de la dictadura ya en los primeros meses del gobierno de Lonardi y su incapacidad de contenerla, abrieron el camino a su desplazamiento.
La asunción de Aramburu: el decreto 4.161 y el ataque a la clase obrera
El 13 de noviembre de 1955 el general Pedro E. Aramburu era designado nuevo presidente. Alejado el sector “nacionalista” de la Libertadora, se hacía cargo el sector más vinculado a la oligarquía liberal y más abiertamente ligado a los intereses norteamericanos en el país. Asimismo, se desplazaba a los sectores proclives a un acuerdo con el peronismo para instalar a aquellos que propugnaban su erradicación de la escena nacional.
El nuevo gobierno avanzó en la ofensiva contra los trabajadores. El 16 de noviembre de 1955 declaró intervenida la CGT, y pasó a controlarla el capitán Alberto Patrón Laplacette. Días después, dispuso la intervención de los sindicatos. Tras la disolución del Partido Peronista se impuso el decreto-ley 4.161 que prohibió el uso de los símbolos peronistas: desde cantar la marcha y utilizar su escudo hasta nombrar a Perón y Evita podía significar la cárcel.
(…) se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales o fragmentos de las mismas denominadas: “Marcha de los muchachos peronistas”, “Evita Capitana”.
El decreto actuó como símbolo de la persecución al peronismo signando este período histórico y haciendo de la vuelta de Perón y el restablecimiento de la legalidad del Partido Justicialista una bandera de lucha para los sectores obreros.
En este ataque la Libertadora expresaba buena parte de sus objetivos. La liquidación del peronismo entre los trabajadores era, para el gobierno, el camino que la dictadura encontraba para redisciplinar a la clase obrera, eliminando las conquistas obtenidas durante los años 40. Muchas de ellas fueron establecidas en los convenios colectivos de trabajo durante estos años. Las principales limitaciones al poder patronal provenían de la actividad de las comisiones internas, cuya existencia trascendía al peronismo.
Por eso, el objetivo prioritario del gobierno y las patronales fue su desarticulación y la de los cuerpos de delegados, para avanzar en la racionalización del trabajo y el aumento de la productividad, siendo una de sus expresiones el decreto que el gobierno dictará unos meses después en febrero de 1956. Este decreto autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como “obstáculos a la productividad”: autorizaba la movilidad laboral dentro de una fábrica y permitía a los empleadores concluir acuerdos especiales con sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes, dejando en claro que los futuros acuerdos sobre salarios quedarían sujetos a la productividad.
Frente al ataque se fue extendiendo la Resistencia. Se verificó un proceso de formación de agrupaciones semiclandestinas en los barrios y la organización de medidas de lucha, desde el sabotaje de la producción y la utilización de “caños” hasta la organización de huelgas. En diciembre de 1955, por ejemplo, se organizó una huelga para reincorporar a varios delegados en la planta metalúrgica Catita; en abril del año siguiente, se produjo una movilización y huelga contra el arresto de tres delegados en el frigorífico Lisandro de la Torre, dirigida por un comité integrado por militantes de base, que al cabo de 6 días lograron la libertad de los trabajadores (2).
De la prohibición de su nombre al secuestro del cuerpo de Eva Perón
Pero el mes de noviembre no fue solo el mes de la asunción de ala más rabiosamente gorila de las Fuerzas Armadas en la figura de Aramburu y del famoso decreto que prohibía la palabra Perón y sus derivaciones y asociados. El 22 de noviembre el gobierno tomó la decisión de secuestrar el cadáver de Evita Perón que se encontraba en el edificio de la CGT.
Se quería evitar que sus restos fueran un lugar de reunión de los trabajadores y militantes peronistas. Lo que comenzó fue un tenebroso recorrido del cadáver de la “abanderada de los humildes” y una demostración del odio mortal que generó en tanto símbolo de las conquistas obtenidas por los trabajadores en los años previos que se pretendía borrar de la memoria popular.
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Después de pasar por casas y despachos de los militares que tuvieron a su cargo el secuestro, el cuerpo de Eva fue sepultado en Italia con un nombre falso donde permaneció por más de 15 años.
Recorte periodístico sobre el ocultamiento del cadáver en Italia.
El secuestro y el paradero del cadáver llegó a ser parte de las vicisitudes que envolvieron el secuestro y muerte de Aramburu por los Montoneros, el hecho que instaló la presencia de la organización guerrillera peronista en la sociedad argentina. El Comunicado Número 3 de Montoneros, del 31 de mayo de 1970, decía que Aramburu se declaró responsable “de la profanación del lugar donde descansaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada”.
El destino del cuerpo fue parte de las negociaciones con las que el “régimen libertador” en la figura del general Lanusse buscó encauzar el descontento popular en 1971. Como “gesto de reconocimiento” Lanusse devolvió el cuerpo a Perón por entonces en España.
Tras la muerte de Perón, Montoneros secuestró el cadáver de Aramburu para exigir la repatriación del de Evita cuyo traslado a la Quinta de Olivos se llevó a cabo el 17 de noviembre de 1974. La dictadura de 1976 se apresuró a sacarla de la quinta y, descartando la idea de “tirarla al mar”, se la entregó a la familia para que descanse en la bóveda de la familia Duarte en la Recoleta (3).
Como el decreto que prohibía los símbolos peronistas y castigaba con la cárcel nombrar al “tirano” y a su esposa, la desaparición del cuerpo de Eva Perón acompañó el ataque a las conquistas de los trabajadores, al tiempo que reforzó el vínculo entre estas conquistas y el movimiento que Evita representaba. Así, la proscripción del peronismo fue un factor de primer orden en la crisis de representación política que recorrió toda la etapa de la Resistencia y con la que los sucesivos gobiernos debieron lidiar (4).
El ensañamiento con el cadáver de Evita simbolizó el odio “gorila” que profesaban las clases dominantes y sus representantes contra la “prepotencia” obrera en las fábricas y acompañó el ataque contra su máxima expresión: las comisiones internas y los cuerpos de delegados.
Notas.
1. El último capítulo de Cien años de historia obrera. Una visión marxista, de los Orígenes a la Resistencia (1870-1969) profundiza en el desarrollo y el balance de esta etapa.
2. Ver Cien años...
3. www.elhistoriador.com.ar
4. Ver Cien años… | 
