Ayer por la Avenida de Mayo tuvo lugar la Marcha de la Gorra realizada en la Ciudad de Buenos Aires, jornada que se realiza desde hace varios años en la provincia de Córdoba.
Asistieron a la convocatoria organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y culturales, centros de estudiantes y distintos partidos de izquierda.
Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, la columna avanzó hasta el Congreso Nacional - donde se realizó un festival - , denunciando el “notorio aumento de la represión social” tras la asunción de Macri en 2015 y, más en general, la violencia estatal que se ejerce sobre la clase trabajadores y los sectores populares.
Así, el documento de la marcha reclamó contra los casos de gatillo fácil en los barrios populares, la represión a los docentes y los trabajadores de Cresta Roja y PepsiCo, y las razias en los Encuentros Nacionales de Mujeres o en marchas como la del 8 de Marzo. Al ser convocada en la Ciudad de Buenos Aires., se denunció también el saldo de la política represiva durante los 10 años de Gobierno macrista en la Ciudad.
También se realizó una fuerte denuncia contra la ilegal detención de Milagro Sala. Sin embargo, fue notoria la ausencia de denuncias a los episodios represivos de los restantes gobiernos provinciales.
Tampoco hubo mención clara a la política represiva del Gobierno kirchnerista, sin la cual no puede entenderse el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el intentó por relegitimar a las fuerzas represivas en general.
Al respecto, Brenda Hamilton, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) y militante del PTS en el Frente de Izquierda, declaró: “Participamos de esta convocatoria contra la represión del gobierno macrista y también de los gobernadores provinciales, porque es parte de su plan de ajuste y ataque a las condiciones de vida de millones de personas. Ningún ajuste pasa sin represión. Por eso también hoy denunciamos y recordamos los casos de Luciano Arruga y de Julio López, casos que exponen el engranaje de represión e impunidad que caracteriza a las fuerzas represivas.”
Por su parte, Alejandrina Barry del PTS en el FIT y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) coincidió en que “el salto represivo durante el gobierno macrista llegó hasta el extremo con el crimen de Estado por la muerte de Santiago Maldonado. Por eso desde el CeProDH, con 20 años de lucha independiente del Estado, hemos denunciado ayer y hoy todos los intentos de los distintos gobiernos por fortalecer el aparato represivo y las diversas políticas oficiales de reconciliación con las mismas fuerzas que llevaron adelante el último genocidio en la Argentina.”
Al finalizar la marcha, Alejandrina Barry planteó que “por eso, lejos de lamentarnos con la denuncia, llamamos a enfrentar activamente la represión del gobierno y el ataque lanzado con la reforma laboral, y a organizarse de forma independiente del Estado y cualquier variante patronal, única manera de poder llevar adelante esta pelea”. | 
