Mientras el gobierno nacional de Macri intenta implementar el pack de las tres reformas, laboral, jubilatoria y educativa, en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, la juventud y los jubilados, el municipio de Bahía Blanca presenta al concejo deliberante un estudios de “costos” con el objetivo de aumentar el boleto de colectivo de $12,55 a $17,30 en lo que correspondería a la primera sección, y de $ 14,10 a 19,45 para la segunda sección, es decir, un incremento del 38% del pasaje.
Ese estudio de “costos” nada dice sobre a dónde va a parar la suma de 21 millones que sacan del presupuesto del Fondo Educativo para subsidiar las empresas de colectivos, sin siquiera implementar el boleto educativo gratuito ya sancionado en 2015.
Hector Gay afirma que “Hay una merma en los subsidios a nivel nacional y provincial, y nosotros no queremos desfinanciar un sistema que está funcionando bastante bien.” En realidad lo que dice entre líneas es que las ganancias de las empresas de colectivos hay que mantenerlas actualizadas a costa del aumento del boleto ya que el servicio no ha mostrado grandes mejoras en su funcionamiento.
En la misma sintonía, Cambiemos, luego de haber ganado las elecciones de medio término, tuvo el plan político y económico de aumentar o “actualizar” los combustibles, el gas, electricidad, la salud, las cuotas de las prepagas y ahora el pasaje de colectivo en medio de todo un pack de reformas que mandó al congreso que afectan directamente a la calidad de vida y el bolsillo de los trabajadorxs.
Lo que necesita un estudio de costos es el Sueldo de Hector Gay.
Para Gay y su equipo cambiemita el transporte público es un “costo” dentro de la administración municipal y necesita un aumento, incluso cuando tenemos una de las tarifas más costosas del país. Bahía Blanca es una de las ciudades con mayor desocupación en la provincia de Buenos Aires, los despidos empiezan a sentirse cada vez más intensos,como el de los trabajadores de Lucaioli o el recorte del 70% de las horas extra a los trabajadores de la cultura en la ciudad , y este aumento afecta principalmente a todos los jóvenes con laburos precarizados que tienen que moverse en colectivo, a los docentes que van de una escuela a otra, a las trabajadoras domésticas y a los miles de jóvenes que están en busca de empleo moviéndose de un lado de la ciudad a otro.
Aparentemente, lo que no hay es un estudio de costos que justifique la abultadísima dieta que percibe el intendente PRO, Herctor Gay,que por mes cobra $236.357, y que llega a una suma anual de tres millones de pesos. O para los secretarios municipales que cobran $71.122 por mes, o para los concejales que cobran $73.752 al mes, o para los delegados municipales que cobran $55.891 al mes. Ellos no se mueven en bondi para ir al trabajo ni ganan como un trabajador, sino que se mueven en autos de alta gama y ganan como gerentes o empresarios.
El servicio de transporte público no debe ser un negociado.
Esta situación del transporte público pareciera un problema imposible de resolver pero no lo es. No solamente que aumentan la tarifa de transporte sino que el servicio cada vez es más precario, los colectivos atestados de estudiantes y trabajadores en las horas pico y no nos resulta extraño cuando se rompe un colectivo y llegamos tarde al trabajo. Existen responsables que el servicio funcione de esa manera. Todos los partidos que integran el Concejo Deliberante, tanto el FPV, el PRO, y las variantes el peronismo, no han hecho más que aceptar que las empresas se enriquezcan a costas de la plata del Estado, la salud de los choferes y el tiempo y la comodidad de los usuarios. Pero también la dirección de la UTA hace unos años alentaba y defendía el aumento del pasaje del colectivo realizando paros de transporte y defendiendo la ganancia de las empresas.
Como primer paso, para que esta cadena de corrupción entre los empresarios y el Estado con sus gobiernos desaparezca es necesario que las empresas abran los libros contables y expliquen qué hacen con los cientos de millones de pesos en subsidios que reciben todos los años.
Luego, quitarle la concesión a las empresas mixtas tanto municipales como provinciales y estatizarlas bajo control de trabajadores (choferes, administrativos, mecánicos, mantenimiento y demás trabajadores del servicio) y usuarios asesorados por especialistas de la universidad en áreas de trasporte, movilidad, desarrollo urbano y ambiental. Todas las modificaciones que se propongan tienen que ser aprobadas y controladas por los usuarios.
El presupuesto para el servicio de transporte debería salir a partir del cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas empresariales como por ejemplo las multinacionales del Polo Petroleoquímico, las corporaciones cerealeras y/o las corporaciones inmobiliarias.
Tomando en cuenta estos tres actores que son los más involucrados en el transporte público, se puede obtener un servicio de calidad que no sea en función de la ganancia de un puñado de empresarios sino en función del interés de la mayoría de los trabajadores y usuarios. | 
