El fallo de Claudio Bonadio, el juez pistolero, desencadenó un terremoto político con las detenciones ordenadas de Carlos Zannini, Héctor Timerman, Fernando Esteche y Luis D`Elía, y el pedido de desafuero y detención a Cristina Fernández de Kirchner. Se basa, para este fallo en la acusación que hiciera el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sobre la culpabilidad de miembros del gobierno –en ese momento- iraní, del atentado a la mutual judía ocurrido en 1994.
De ahí desprende la acusación de “Traición a la Patria” por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán, que según Claudio Bonadio sirvió para ocultar la responsabilidad de los ex funcionarios iraníes. El juez, recordemos, está entre quienes tienen más recusaciones en la historia del Poder Judicial y fue uno de los jueces de la servilleta de Corach.
Afirmaciones sin prueba alguna del fallo que son posiciones políticas del juez
Refiriéndose al Memorando con la República islámica de Irán, Bonadío afirma que “se demostrará la existencia de contradicciones e inconsistencias criminales entre los objetivos declamados -un avance definitivo en la "causa A.M.I.A."- y los obtenidos realmente –impunidad de los responsables- (resaltado nuestro), en un proceso donde la parte Iraní evidentemente cumplió sus expectativas y logró, en principio, su objetivo perseguido por largo tiempo, que fue que la República Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”
En este fallo Bonadío da por cosa juzgada la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994. Las “pruebas” serían las aportadas por servicios de inteligencia como la CIA y el Mossad israelí.
Se basan para eso en un ejercicio hipotético deductivo, como si el juzgamiento de personas o hechos tuviera que ver sólo con “deducciones” y no pruebas concretas. Como es conocido que Irán financiaba al Hezbollah (enfrentado al Estado colonialista de Israel) y como el atentado a la AMIA fue un acto terrorista contra una organización israelí, de ahí “se desprende” que la República Islámica de Irán fue la autora intelectual de la muerte de las 85 personas ese 18 de junio de 1994.
Ese método está muy bien para las ciencias. Pero ya la historia nos enseña que usar ese método hipotético deductivo nos puede llevar a conclusiones falsas, aún con premisas verdaderas. Imaginémonos que sería para un juicio aplicar solo este método para juzgar, sin prueba alguna. Esto es precisamente lo que hizo Bonadío.
Los acusados iraníes
Parte del fallo dice que “así, en el marco de la citada causa la Justicia argentina determinó que las máximas autoridades iraníes de 1994 habrían tomado la decisión de atentar contra la sede central de la A.M.I.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…), por lo que se dispuso la captura nacional e internacional de los ciudadanos iraníes Ali Akbar Hashemi Bahramaie RAFSANJANI (Presidente de Irán), Ali FALLAHIJIAN (Ministro del Interior, Seguridad e Inteligencia), Ali Akbar VELAYATI (Ministro de Asuntos Exteriores), Mohsen REZAI (Jefe de la Guardia Revolucionaria), Ahmad VAHIDI (Jefe del Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa), Mohsen RABBANI (Agregado Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina), Admad Reza ASGHARI (Tercer Secretario de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina) y Hadi SOLEIMANPOUR (Embajador de la República Islámica de Irán en Argentina) y el ciudadano Libanés Imad Fawaz MOUGHNIEH (Jefe del Servicio Exterior de Hezbollah), registrándose circulares de notificación roja en INTERPOL respecto de FALLAHIJIAN, REZAI, VAHIDI, RABBANI, ASGHARI y MOUGHNIEH.-
Todas las “pruebas” de las que se dispone en la causa son una llamada telefónica de Mohsen Rabbani a una mezquita capitalina y unas fotografías tomadas en 1993, por la ex SIDE, donde al agregado cultural iraní se lo ve en una concesionaria de la Av. Juan B. Justo de Buenos Aires, consultando por una traffic. Resulta absurdo pensar que si un funcionario de un Estado está orquestando un atentado con una camioneta, sería él mismo el encargado de comprarla.
Otro de los acusados es Hadi Soleimanpour, que en 1994 era embajador de Irán en nuestro país.
El ex juez Galeano (destituido en 2005 e imputado por haber tramado la paga de 400 mil dólares a Telleldín) pide la extradición a Gran Bretaña en 2003 (en esa época Soleimanpour vivía en ese país). El gobierno inglés niega esa extradición por considerar que las “evidencias” presentadas contra el acusado eran “insuficientes”. El pedido de extradición se basaba en declaraciones que el juez de la causa había tomado a supuestos disidentes del gobierno iraní. Para la Justicia y el gobierno británicos, nunca alcanzaron para configurar un “estado de sospecha”. Esto le costó al Estado argentino 10.000 dólares que fue obligado a pagar por acusaciones infundadas.
Así es como Bonadío arma un fallo con afirmaciones políticas más que jurídicas, basándose en “pruebas” aportadas en la causa AMIA por agentes de inteligencia norteamericanos, respondiendo al Departamento de Estado de ese país, y de Israel que tenían y tienen en Irán a un claro enemigo político.
Memorando de entendimiento
La imputación de “traición a la patria” basada en la firma del Memorando con Irán por el gobierno de CFK, refrendado por el Congreso Nacional, por lo cual todos los parlamentarios que votaron ese acuerdo tendrían que estar imputados, es por lo menos ridícula teniendo en cuenta que ni el Estado comandando por el kirchnerismo en ese momento, ni sus funcionarios tuvieron algún tipo de contraprestación por haber cometido “traición”. Además de que tampoco tuvo el efecto de que Interpol bajara las alertas rojas (pedidos de captura) de los iraníes.
Fue una medida política que Cristina Fernández de Kirchner encontró para ponerse a tono con lo que sería meses más tarde sería el giro del gobierno norteamericano en relación al país persa, además de correr de foco localmente, la responsabilidad del Estado argentino.
El Memorando, el efecto que sí tuvo –para Irán ninguno, porque nunca lo llegó a implementar-, fue que continuaba negándose la apertura de todos los archivos secretos de inteligencia sobre esta causa. Lo que hasta el día de hoy provoca que además de las víctimas fatales de aquel ominoso día de la voladura de la mutual, también sus familiares sean víctimas de no poder acceder a la verdad.
Mientras tanto uno de los miembros más oscuros del Partido Judicial, que dentro de un mes se jubila y por lo tanto no corre riesgo de ser recusado y posteriormente destituido, es el mascaron de proa de la persecución política a la oposición. Todo bien PRO.
La víctima número 86 del atentado a la AMIA: la verdad y la justicia. | 
