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El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpable al vicepresidente Jorge Glas Espinel por el delito de asociación ilícita, y lo sentenció a 6 años de prisión. Se trata del político de mayor rango y con mandato vigente que recibe una condena, en el marco del escándalo internacional con la constructora Odebrecht.
“Glas articuló con José Conceição Santos -ex directivo de la firma en Ecuador- la concesión de contratos públicos a cambio de pagos”, leyó desde el dictamen el magistrado Édgar Flores Mier. Sin ponerse colorados, los jueces que integran el tribunal agradecieron la “asistencia internacional” que el Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó durante el proceso.
Conocido el fallo, se acelera el proceso de destitución. A pesar que sus abogados anticiparon la apelación a la medida, el 2 de enero se cumplirán los tres meses de vacaciones que Glas solicitó durante la prisión preventiva que la justicia le impuso. Expirado ese plazo, la vicepresidencia quedará vacante y el presidente Lenín Moreno podrá proponer una terna para que la Asamblea Nacional decida un reemplazo definitivo en el cargo.
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Como ministro de Rafael Correa, Glas se encargó de las licitaciones a megaproyectos diseñados en función de la modernización reclamada por la burguesía local y sus socios imperialistas; mostrando hasta qué punto la gestión del Estado lleva la corrupción en su ADN para poder asegurar los buenos negocios de las patronales.
El vicepresidente sostuvo su inocencia, a pesar que las pruebas presentadas por la Fiscalía lo señalan como receptor de más de 13 millones de dólares en coimas. Glas advirtió que se trata de una persecución con el fin de destituirlo, y que las delaciones de los gerentes de Odebrecht fueron pactadas y preparadas para tal fin.
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“Seguramente ahora vendrán por mí”, denunció por su parte el ex presidente Rafael Correa, en una entrevista que brindó a CNN en Español desde Panamá, tras un sorpresivo viaje del que aún se desconoce el motivo. Indicó además que la sentencia “es producto de un intento de apoderarse de la vicepresidencia y del Estado, a través de presiones a jueces y fiscales por una persona que está embriagada de poder”, refiriéndose a Moreno.
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Foto: El Telégrafo
La burguesía, que levantó fabulosas ganancias gracias a sus amigos correistas, necesita hoy desplazar este sector de la casta política para aumentar su poder de lobby y apuntalar los planes de ajuste y flexibilización que proponen para descargar la crisis económica sobre los hombros de trabajadores y trabajadoras. Con cinismo, la corrupción es señalada como la causa de la pobreza, pero no el sistema económico de explotación de mano de obra y saqueo de recursos naturales.
De esta manera, la función judicial se pone al servicio de la lucha interburguesa entre la facción morenista y correista dentro del movimiento oficialista. “Mantengo absoluto respeto en la independencia de funciones, pero sepan todos que como presidente no permitiré una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso ni en ningún otro", había advertido el Primer Mandatario, con tono amenazante, durante la cadena televisiva del lunes.
Mientras uno y otro bando se lanzan acusaciones de corrupción y traición, los jueces -que son designados en sus cargos por unos pocos magistrados- se dan el lujo de pisotear las más elementales libertades democráticas al habilitar la destitución del vicepresidente, elegido en las urnas hace escasos seis meses.
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