La marcha con más de un millar de personas se acercan al senado de la república en la que se pretende aprobar la nueva Ley de Seguridad Interior.
Dicha ley pretende militarizar el país. Con esta ley se contempla la legalización de la presencia del Ejército en las calles y el aval incondicional a sus acciones. Esto incluye la modificación al artículo 29 constitucional sobre la restricción o suspensión de derechos y garantías, y el permitir al Ejército la intervención de comunicaciones privadas.
Cientos de miles desapariciones forzadas, homicidios, fosas clandestinas y aumento de violaciones de derechos humanos tienen una variable en común: la presencia del Ejército en las calles.
La violencia en México se ha exacerbado desde la declaración de “guerra contra el narco” de Felipe Calderón en 2006 que sacó a los militares a las calles. Desde ese momento, la militarización del país se ha dado de facto, lo que busca esta nueva Ley de Seguridad Interior es que dicha militarización cuente con el sustento legal para hacerlo, y de paso profundizarlo.
En un foro sobre “Seguridad y derechos humanos en México”, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, expresó su preocupación ante el hecho de que la nueva ley permita que las fuerzas armadas sean usadas contra la protesta social. A su vez, el ombudsman Luis Raúl González Pérez recalcó que a 10 años de lucha contra el narco se han violado derechos fundamentales de las personas.
Como se señala en otra nota "Es urgente que los organismos y colectivos de derechos humanos, las víctimas de la “guerra contra el narco” y sus familias, sindicatos y organizaciones obreras, trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, los pueblos indígenas en defensa del territorio, estudiantes e intelectuales, formemos un gran movimiento nacional en contra de la militarización del país y la subordinación a los planes de Estados Unidos". | 
