Foto: Antonio Litov / ID.es

A una semana exacta de las elecciones impuestas del 155, soberanistas y unionistas siguen a todo gas con la campaña electoral, como no podía ser de otra forma, ¿o si? Mientras unos candidatos pueden acudir a tertulias televisivas, otros están en prisión. Mientras alguna candidata se pasea por los barrios populares tratando de rapiñar votos, otros pueden ser detenidos nada más poner un pie en Catalunya. Visto esto, lo que no ha dejado de aumentar es la campaña represiva del Régimen del ’78 contra las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir de miles de catalanes. Aun en plena campaña, sí.

Esta semana se hacia pública la decisión del Juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de ampliar la causa por rebelión y sedición. La misma que mantiene a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en prisión. El juez del TS ha ordenado investigar la responsabilidad que puedan tener dirigentes del PDeCAT, ERC, ANC, Òmnium, AMI, el comitè estratègic y miembros de la CUP como Anna Gabriel o Mireia Boya, en las reuniones preparatorias para el referéndum, la proclamación de independencia y las leyes de desconexión.

Pero además, el magistrado ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la organización y las actuaciones de los Comités de Defensa del Referéndum (de la República después), así como identificar a sus responsables y la intervención que hayan podido tener en el proceso independentista. Por último, Llarena ha solicitado también investigar a los responsables de las movilizaciones sociales del 20 y 21S, el 1-O y el 3-O.

Estas medidas, sin embargo, son tan solo la “punta” de la represión contra el pueblo de Catalunya durante los últimos tres meses. Conscientes de que establecer un mapa de la represión en un solo artículo es harto difícil ( no cabe ni en el BOE), vamos a intentarlo. Vayamos por partes.

Muchos podrán pensar que el incremento de la ofensiva reaccionaria del Régimen del 78, encabezada por el PP, junto al PSOE y C’s y con el apoyo de la Corona y la Judicatura, empezó el 20 de septiembre, fecha en la que fueron detenidos 14 altos cargos de la Generalitat relacionados con la preparación del referéndum del 1-O. Sin embargo, lo que ese día sucedió fue la profundización de una campaña que había arrancado antes. Los días 6 y 7 de septiembre en los que se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad fueron también claves para la activación de la escalada reaccionaria del Gobierno de Mariano Rajoy y los jueces.

Al día siguiente empezaron las primeras investigaciones y registros en diferentes imprentas para buscar y requisar las papeletas. En total, la Guardia Civil logró requisar más de 2,5 millones de ejemplares. Al mismo tiempo empezaron las prohibiciones de actos de campaña por el referéndum y otros en defensa del derecho a decidir en Madrid, Zaragoza, Bilbao y otras ciudades del Estado español. La Guardia Civil clausuró e inhabilitó webs y dominios relacionados con el 1-O. El TSJC puso en aviso a los medios de comunicación del requerimiento de no publicar anuncios institucionales sobre el referéndum bajo responsabilidad penal. La Fiscalía presentó también una querella contra la Sindicatura Electoral de Catalunya, órgano encargado de asegurar el funcionamiento del referéndum. Las libertades de expresión y de información quedaron en la picota.

El 13 de septiembre, José Manuel Maza, por entonces Fiscal General del Estado, llamó a declarar a los más de 700 alcaldes que daban apoyo al referéndum por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Días después, coincidiendo con el inicio de campaña empezaron las primeras identificaciones policiales. Ese fin de semana cuatro jóvenes militantes de la CUP fueron detenidos y pasaron la noche en diferentes comisarías de Catalunya.

Llegó el 20 de septiembre y con él un nuevo incremento de la represión. 14 altos cargos son detenidos, mientras miles de personas se congregan ante la Conselleria d’Economia y la sede de la CUP en defensa del referéndum y contra la represión en lo que acaba siendo una movilización permanente durante horas. Los presidentes de ANC y Òmnium hacen acto de presencia y durante los siguientes días llaman a la movilización permanente pero “controlada”. El movimiento estudiantil y la comunidad educativa de Catalunya son los principales ejes en los que se sustentará la defensa del referéndum para miles. Ese mismo día, tres buques llegan a Barcelona y Tarragona para alojar hasta nueva orden a los miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de reprimir a golpe de porra la defensa del referéndum.

El 1-O se consigue votar en muchos colegios a pesar de la represión estatal. Las escenas de la brutal intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra ciudadanos indefensos, ancianos, mujeres y niños, defendiendo los colegios electorales, recorrieron las portadas de los diarios y las redes sociales de todo el mundo. Más de mil heridos de diferente consideración en más de 50 cargas policiales repartidas por toda Catalunya. Además, en los días posteriores se producen numerosas detenciones de personas que participan del referéndum.

A raíz de estos hechos se convoca la huelga general en Catalunya para el 3-O. Ese mismo día Felipe VI envía un mensaje de respaldo a una salida autoritaria por parte del gobierno de Rajoy y el conjunto del Régimen del ‘78, anunciando y dando apoyo a un incremento de los ataques contra Catalunya.

El lunes 16 de octubre se produce un nuevo salto en la escalada represiva. Los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ingresan en prisión sin fianza acusados de sedición. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los acusa de ser los instigadores de los actos del 20 y 21 de septiembre.

El 27 de octubre, el Parlament de Catalunya declara la República catalana. 24 horas antes Puigdemont había considerado dar marcha atrás y convocar elecciones al Parlament, mientras miles de estudiantes en huelga y los diferentes CDR repartidos por toda Catalunya presionaron para seguir adelante con la declaración. La realidad apunta a que el Gobierno de Mariano Rajoy no aseguraba ninguna garantía para el Govern y la Mesa del Parlament. Al mismo tiempo que se declara la independencia, el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Al día siguiente, tras la reunión del Consejo de Ministros Rajoy informa de los aspectos más importantes que comporta el 155. Estos son: el cese del Govern català, la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Las primeras medidas tras el golpe institucional que supone el 155 son el ingreso en prisión de más de medio Govern de la Generalitat. El vicepresident Oriol Junqueras, junto a los consellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó son acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos. El president Carles Puigdemont y los consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig se desplazan a Bélgica. La presidenta del Parlament y los demás miembros de la Mesa también son llamados a declarar ante el TS por delitos de rebelión y sedición. Carme Forcadell pasa casi 24 horas en prisión antes de pagar una fianza de 150.000 euros. Los demás acusados pagan fianzas de 50.000 euros sin ingresar en prisión.

Con el 155 la represión llega a todos los ámbitos de la sociedad catalana. Ocho profesores de la Seu d’Urgell son investigados por presuntos delitos de incitación al odio por el supuesto trato que se dio de los hechos del 1-O a sus alumnos. Sin duda, la cruzada contra las escuelas catalanas atiende al intento de desprestigiar y por esa vía acabar con el modelo de inmersión lingüística llevada a cabo en Catalunya, un viejo anhelo del PP y Cs en Catalunya. Todo ello, además, sin olvidar las decenas de causas abiertas contra otras muchas personas por los mismos delitos o las primeras sanciones por participar de las jornadas del 1-O y el 3-O.

Pero si en algo se ha destacado la represión después del ingreso en prisión de medio Govern y “los Jordis” es en la coacción y recortes brutales de las libertades democráticas para las elecciones del 21D. Unas elecciones impuestos como barniz “democrático” al golpe institucional que supone el 155, con el que se pretende liquidar al movimiento independentista.

Hace semanas la junta electoral central prohibía a los miembros de las mesas electorales portar el lazo amarillo en apoyo a los presos políticos. Por su parte, la junta electoral provincial de Barcelona acepta un recurso presentado por C’s y ordena la retirada de cualquier cartel o slogan que haga referencia al apoyo a los presos en edificios municipales. Lo mismo en los edificios que dependen de la Generalitat. También se ha prohibido a los medios de comunicación el uso de las expresiones como Govern en el exilio y mantener la condición de president, vicepresident y consellers para los miembros del Govern cesados. Además, la junta electoral ha exigido a TV3 compensaciones al PP por la “excesiva cobertura” de diferentes manifestaciones independentistas. Unas medidas, todas ellas, que suponen un ataque generalizado hacia la libertad de expresión y tratar de generar desmoralización en el movimiento independentista.

Pero por si fuera poco el propio presidente del Gobierno español ha manifestado que de no volver a los cauces constitucionales después de los comicios, el 155 volverá a activarse.

En definitiva, más de tres meses que han servido para desvelar el verdadero carácter reaccionario del Régimen del 78. Rajoy y la Judicatura han dejado claro que su plan es seguir aplicando medidas excepcionales para imponer una restauración reaccionaria y recentralizadora del Estado con el objetivo de poner fin a las aspiraciones de millones de catalanes y sentar las bases para profundizar en la ofensiva de persecución hacia todo aquel que se oponga al Régimen español y cuestione el orden establecido.