La brutal represión policial a los obreros del Ingenio La Esperanza, en la provincia de Jujuy, que cortaban la ruta 34 en rechazo a 338 despidos y el retraso en el pago de los haberes terminó con decenas de trabajadores heridos y casi 30 detenidos, entre ellos la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de La Esperanza. Ayer fueron liberadas 5 mujeres familiares de los obreros que habían sido también detenidas, pero la situación de los 25 trabajadores detenidos es totalmente irregular, ya que pasadas más de 48 horas de su detención no fueron indagados ni conocen las causas que se les imputan en su contra.
En estos momentos los trabajadores se encuentran dentro del Penal Unidad 7 de San Salvador, semi incomunicados ya se le impidió a representantes de organismos de derechos humanos y diputados provinciales, como Natalia Morales del PTS-Frente de Izquierda, a ingresar a ver a los presos. Pasado el mediodía se conoció que dicha orden fue dictada por el fiscal Silvia Farall y no por el juez de la causa. Quienes pudieron ingresar a ver a los obreros presos fueron solamente sus familiares directos, que denunciaron que fueron trasladados desde la comisaría de La Mendieta, donde muchos fueron golpeados, de madrugada y en un camión sin identificación.
La situación es de suma gravedad, por las irregularidades e ilegalidades con las que se manejan jueces, fiscales y la policía de Jujuy, violando cualquier garantía de los detenidos, en primer lugar que se encuentren detenidos en un penal. La diputada del PTS-Frente de Izquierda Natalia Morales se pudo comunicar con el fiscal Lello Sánchez, quien aseguró que los 25 obreros detenidos podrían quedar presos “al menos hasta fin de año”, lo que sería una detención completamente arbitraria e ilegal.
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