Días atrás se conoció el recurso de apelación que el fiscal Germán Moldes interpuso en la causa iniciada el 1ero de septiembre por el gobierno de Cambiemos, sus fuerzas de seguridad, y el juez federal Martínez de Giorgi, contra decenas de manifestantes y periodistas detenidos durante el masivo reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, a un mes de su desaparición en el marco de una feroz represión de Gendarmería Nacional en territorio mapuche de Chubut.
El mismo Gobierno que recibía aquel día el reclamo pacífico de centenares de miles de personas en Plaza de Mayo y en todo el país, encaraba dicha jornada con un operativo descomunal, que incluía decenas de divisiones policiales destinadas al "combate del crimen" pertenecientes a Policía Federal y de la Ciudad.
Como se verá, una lógica plenamente coincidente con los términos vertidos por Moldes, fiscal que construyó su carrera judicial durante el menemismo, y que, como gran parte de los que hoy ocupan despachos en Comodoro Py, esta época lo encuentra ofreciéndole al Gobierno de Cambiemos todos los servicios que éste pueda necesitar.
Tal servicialidad, además de resultar ideológicamente natural para esa casta de funcionarios tan alejados del pueblo trabajador y tan cercano a los servicios de inteligencia, empresarios y embajadas varias, obedece particularmente en estos tiempos, a una competencia -temible para el campo obrero y popular- de un sinnúmero de fiscales y otros funcionarios del Partido Judicial que hoy disputan el cargo de procurador general del Ministerio Público Fiscal que dejó vacante Alejandra Gils Carbó, quien renunció en el pasado mes de noviembre tras dos años de constante presión ejercida por el republicano Gobierno de Mauricio Macri y los medios de comunicación que lo sostienen. Como podrá advertirse, si la anterior procuradora era acusada de ser militante kirchnerista, los candidatos del actual gobierno para el cargo, no tendrían nada que envidiarle en cuanto a afinidad ideológica con el oficialismo.
Desde aquel 1ero de septiembre, asistimos a una escalada frenética en la criminalización de la protesta social, con un nuevo agregado proveniente de la usina de los ministerios de Justicia y de Seguridad del macrismo: primero se desata una cacería contra manifestantes, algunas veces amparada -y otras veces ni siquiera- en convenientes disturbios que las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich o de gobiernos locales interpretan como delitos contra el orden público.
Los juzgados y fiscalías federales de turno ya saben con antelación a las manifestaciones masivas de los últimos meses, que ante cualquier incidente o detenciones previamente calculadas y decididas por el Ejecutivo, mediarán contra los detenidos acusaciones por delitos de carácter federal, fuero judicial que, aunque no parezca, es de excepción.
Es decir, que su jurisdicción entra en funcionamiento en circunstancias muy específicas. Los últimos meses hemos oído hablar de intimidación pública, sedición, atentado a la vida democrática, entre otras grandilocuencias con las que intentan ocultar los ataques a millones como el del lunes 18 con la votación de la "reforma previsional", y la consecuente movilización de masas que crece contra las políticas de ajuste del oficialismo y los gobernadores.
En ese sentido, ni siquiera la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, integrada por un juez insospechado de ser opositor, como Martín Irurzun, pudo sostener que los 4 periodistas de medios alternativos, procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, hubieran cometido delito alguno, y mucho menos delitos federales como los que le fueran imputados a un total de 31 detenidos en aquel 1ero de septiembre.
Pero sin embargo el fiscal Moldes, se ha manifestado a través de su apelación en un claro sentido que debería valerle la recusación en cada causa relacionada a la protesta social que llegue a su conocimiento de aquí en más, ya que ha destilado una opinión tan genérica y reaccionaria como temeraria: todo manifestante que sea detenido en una protesta social, debe ser mantenido en esa condición, con prisión preventiva hasta quien sabe cuándo, y quien sabe bajo qué acusación, con qué pruebas y por cuáles conductas. Al decir de Moldes, son meramente criminales.
Si la recientemente llamada doctrina Irurzun establece la prisión preventiva sin condena, y hasta sin procesamiento, a muchos imputados por causas variadas pero nunca del gobierno actual, Moldes y Cambiemos dan un paso más, aun contra un fallo del propio Irurzun, y pretenden la prisión preventiva de manifestantes cazados en razzias policiales, sin pruebas en su contra. Es, ni mas ni menos, como si la desbocada Patricia Bullrich estuviera al frente de los fiscales del fuero penal federal. Se explica así, que el gobierno de Cambiemos fuerce la realidad de la manera que sea para imputar un piedrazo o un petardo arrojado -aun cuando ello sea cierto y no provocado por los mismos policías infiltrados- como delito federal en un fuero adicto al poder de turno, y que prevé penas mayores para los manifestantes imputados.
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Además, esta nueva doctrina, apunta por elevación, a las organizaciones políticas opositoras, empezando por la Izquierda, y sus dirigentes, ya sin importar las conductas que puedan comprobarle a un manifestante, sino por la ideología de esas organizaciones y de los individuos. Nuevamente, como se denomina jurídicamente, derecho penal de autor. Es decir, se acusa a alguien por quién es y no por lo que hizo.
El juez Claudio Bonadío, del Juzgado Federal N° 11, bajo esta doctrina propuesta por Moldes, de criminalizar y federalizar todo hecho sobreviniente a la represión policial en el marco de manifestaciones, mantuvo detenidos por casi cuatro días a aquellas personas detenidas durante una marcha pacífica que repudiaba a la Organización Mundial de Comercio el martes 12 de este mes en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo hizo dos días después, con los 23 detenidos del jueves 18 durante la brutal represión de Gendarmería Nacional en el Congreso de la Nación. Pero no debemos olvidar los antecedentes de estos ataques: Martínez de Giorgi, del Federal n° 5, además de mantener en prisión también durante más de dos días a los 31 detenidos del 1er del septiembre y de procesar sin pruebas a 22 de ellos, ya había solicitado en 2016 la persecución a los diputados que marcharon en repudio a su pedido de detención contra Hebe de Bonafini.
¿Cómo desligar esta avanzada concreta, ilegal y antidemocrática por donde se la mire, con el recurrente proyecto de gobierno, ahora a través del procurador interino Eduardo Casal, de creación de fiscalías especializadas en Terrorismo? Si la herencia recibida del gobierno anterior en la materia, fue la reforma del Código Penal con la Ley Antiterrorista anclada en el actual artículo 213 bis del Código Penal, el macrismo pretende darle a toda la actuación del Estado en materia penal, un plafón específico para aplicar esa figura siempre etérea (apelando desde el ISIS hasta la RAM, pasando por toda reivindicación legítima de organizaciones concretas y públicas, que son pasibles de caer bajo las amplias redes del "combate al terrorismo"). Ello, sin soslayar en absoluto el rol cumplido por la figura de flagrancia, ampliada al extremo por la gestón de Cambiemos, y que en concreto ha causado la muerte de Santiago Maldonado en un represión que excedió por mucho el desalojo de ruta de los manifestantes del Pu Lof en Resistencia Cushamen.
Personajes cercanos al Gobierno, han desatado en estos días un revoleo de denuncias contra diputados de todo el arco opositor al oficialismo, oh casualidad en la Justicia federal, sin sustento pero citando el abanico ya mencionado del siempre generoso código penal en relación a delitos contra "el orden público", "contra los poderes públicos y el orden constitucional", o "contra la administración pública".
Tres, cuatro, cinco delitos abstractos, son atribuidos por denunciantes fogoneados por el gobierno y las empresas de comunicación, contra organizaciones y diputados opositores, como hemos visto desde la semana pasada contra Nicolás del Caño y Myriam Bregman del Frente de Izquierda, entre otros, por el mero hecho de alzar su voz en el Parlamento, contra un proyecto de ley impopular como pocos. El método no es original: tras una denuncia sin mayor sustento, un fiscal o un juez servicial con el gobierno de turno, puede blanquear sin mayor esfuerzo, cualquier tarea previa de inteligencia ilegal, en perjuicio de un dirigente opositor o de un luchador social.
Todo este accionar, tiene lugar en un marco como el adelantado por el fiscal de Estado Germán Moldes, en lo que constituirá, de prosperar, la institucionalización de la criminalización de la protesta social, del derecho a reunión, y a resistir los ataques por parte del pueblo pobre y trabajador. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y los centenares de heridos y detenidos de las represiones recientes, están ahí para dar testimonio. Ni mas ni menos. |
