Fotografìa: EFE-Ian Langsdon
“No hay que reaccionar inmediatamente después de una tragedia para no cometer el error de ir demasiado lejos o quedarse demasiado corto”, decía el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras los atentados en Francia.
Sin embargo, lejos de esto, Alemania, Reino Unido, Bélgica, el Estado español y Francia, ya anunciaron que preparan paquetes de medidas contra la “amenaza yihadista”, los cuales implicarían una vulneración de los derechos democráticos de la población europea. Una reacción política que bien puede compararse con la respuesta del imperialismo norteamericano tras los atentados del 11S con la llamada “Patriot Act” (Acta Patriótica), la cual supuso una profunda vulneración de las libertades civiles y los derechos constitucionales de la población norteamericana, y aún más de los inmigrantes en EEUU.
Con el argumento de “combatir el peligro del terrorismo”, Alemania ha sido uno de los primeros países en responder con una dura medida al fenómeno de los combatientes extranjeros, los ciudadanos europeos que van a luchar a Siria, Irak y a las zonas en conflicto.
El Gabinete federal alemán aprobará, este miércoles, un paquete de leyes que prevén, entre otras medidas, retirar los documentos de identidad a los supuestos combatientes por un plazo de tres años, para impedir que viajen a Oriente Próximo para unirse a las fuerzas del Estado Islámico, según informa la prensa en Berlín. Según los servicios de inteligencia alemanes, unos 550 ciudadanos alemanes se han unido a la lucha en Siria y unos 180 habrían regresado.
El ministro alemán de Justicia, Haiko Maas, confirmó los preparativos de la reforma legal, que estará lista antes de fin de mes. Maas apuntó que una de las claves es el combate contra los medios de financiación “de los terroristas”. En este sentido, la canciller Angela Merkel llamó a una mayor cooperación entre los servicios secretos internacionales. "Debemos intensificar el intercambio de información también a nivel europeo", sentenció, a favor de ampliar el intercambio de datos de pasajeros en todo el mundo.
Mientras tanto, los seguidores del islamófobo y ultraderechista movimiento Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente), que ayer realizaron una nueva manifestación en Dresde que congregó a 15.000 personas, se pronuncian a favor de extender las nuevas medidas de control no solamente a los “sospechosos de yihadismo”, sino también al conjunto de los inmigrantes y refugiados que llegan a Alemania, además de reducir drásticamente su número.
El gobierno del Reino Unido también anunció este lunes que revisará sus protocolos de seguridad, para responder mejor a amenazas de atentados como los sufridos en Francia la semana pasada. Así lo expresó el primer ministro conservador, David Cameron, tras una reunión celebrada en Downing Street para abordar los nuevos retos a la seguridad del país.
Tras revelarse a principios de septiembre que unos 500 jóvenes británicos se habrían alistado como combatientes en las milicias del Estado Islámico, el Reino Unido elevó la alerta de terrorismo en agosto del año pasado al segundo nivel más alto (que indica que un ataque en el país es “altamente probable”). Asimismo, el gobierno ya había comenzado a discutir un paquete de “medidas antiterroristas”, entre las que se destacaban la imposición de cumplir programas de “des-radicalización” a los sospechosos de participar en actividades terroristas e introducir nuevas legislaciones para dotar a la policía de poderes para incautar los pasaportes de los sospechosos de terrorismo en los puntos de entrada del Reino Unido. Esta última medida fue la que despertó más polémica, ya que está en contravención con las leyes internacionales debido a que no se puede dejar “apátrida” a ninguna persona.
En declaraciones a periodistas, Cameron insistió en que si los conservadores ganan las elecciones de mayo se encargará de hacer "una normativa exhaustiva que garantice un lugar seguro donde comunicarse". En concreto, la propuesta implica, nada menos, que permitirá el acceso a los registros de comunicaciones, incluido su contenido, y el bloqueo todos los medios de comunicación que cifren los mensajes, es decir, servicios de uso masivo como WhatsApp, iMessage, Telegram o Snapchat. Para Cameron, que los servicios de espionaje puedan espiar a quienes se les antoje o bloquear los sistemas de comunicación masivos, es compatible con una “democracia moderna y liberal”.
Por su parte, Bélgica también pretende acelerar la adopción de medidas de este tipo, en un acuerdo entre los partidos de la coalición de centroderecha que gobierna el país, según informa el diario Le Soir. El ministro belga de Seguridad e Interior, Jan Jambon, presentará “en los próximos días” sus propuestas, que incluyen al igual que en el Reino Unido, fortalecer el espionaje en las redes sociales y establecer un marco legal que facilite la movilización del Ejército para tareas de supervisión en aeropuertos o estaciones en caso de urgencia.
En el Estado español, el Gobierno del conservador Partido Popular, alcanzó este martes un “acuerdo de Estado” con la oposición socialista en el Parlamento, para adoptar “medidas antiterroristas”. Representantes de ambos grupos se reunieron y se mostraron favorables a la introducción en el seno de la UE de un fichero de viajeros aéreos (PNR), ya desde el momento de la reserva.
El ministro del Interior español, Fernández Díaz, dijo confiar que con "una sencillita enmienda de tres palabras" en la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, que le dé cobertura legal a la iniciativa. Dicha Ley es conocida en el Estado español como “Ley Mordaza”, por ser un ataque frontal a las libertades democráticas, persiguiendo la protesta social, en lo que se consideró un retorno a la legislación franquista de 1959.
El gobierno español aprovechó el contexto generado tras los atentados de París, para iniciar un nuevo ataque contra la izquierda vasca (“abertzale”), especialmente contra el denominado “frente de cárceles” de los presos políticos vascos. Este lunes, la Guardia Civil llevó a cabo la operación “Mate” (continuación de otra con el nombre “Jaque”), que se saldó con la detención de doce letrados del colectivo de abogados.
En Francia, tras el golpe que significaron los atentados del pasado miércoles, el Ejecutivo francés también se predispone a revisar su “sistema de seguridad”. Manuel Valls, primer ministro de Francia, anunció este martes en la Asamblea Nacional, que su Gobierno adoptará “medidas excepcionales" en su “lucha contra el terrorismo”.
Valls solicitó a los ministros de Interior, Justicia y Defensa que entreguen propuestas concretas y llamó a actuar “con determinación y sangre fría, pero sin precipitación.” Entre esas medidas apuntó a la creación de un nuevo "fichero" de personas condenadas por terrorismo, el aislamiento de los reclusos por terrorismo en las prisiones, y la creación de un registro propio de datos de pasajeros de aerolíneas (PNR), una herramienta idéntica a la que se busca implementar en el Estado español, pero que se encuentra bloqueada en el trámite parlamentario europeo.
El primer ministro hizo eje en la vigilancia de internet y las redes sociales, “usadas más que nunca por los yihadistas". "Francia está en guerra contra el terrorismo, los yihadistas, el radicalismo, pero no contra una religión", apuntó en una intervención de tres cuartos de hora clausurada con los aplausos de los parlamentarios, cuyo telón de fondo eran los diez mil soldados que, junto con cinco mil policías adicionales, el gobierno francés desplegó en todo su territorio.
Pero las posiciones más extremas fueron las defendidas por la presidenta del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, que este martes reclamó la "suspensión inmediata" de la Europa sin fronteras interiores articulada en el espacio de Schengen.
Que "el pueblo francés pueda recuperar el control sobre sus fronteras", arengó la líder xenófoba, y culpó igualmente a las políticas de austeridad de la Unión Europea (UE) de "desarmar al ejército y a la policía franceses", durante una conferencia de prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo. "Europa nos debilita porque nos impone una apertura de fronteras. No hay país en el mundo que no sepa que la primera medida para luchar contra el terrorismo es poder protegerse controlando sus propias fronteras", afirmó.
Medidas como la suspensión de la libertad de circulación y una moratoria en los recortes presupuestarios del ejército y la policía francesas, se incluyen en un plan de acción contra el terrorismo que Le Pen ya adelantó que presentará este viernes.
La gran mayoría de estos países ya tenían preparadas algunas de las propuestas que se manifestaron entre ayer y hoy. Pero los atentados en Francia han acelerado todas estas propuestas, que comienzan a expandirse mediante cambios legislativos “en caliente” en varios países.
No es casual que esto suceda después de la “Cumbre antiterrorista” que los ministros de Interior de la Unión Europea y Estados Unidos mantuvieron el pasado sábado en el Palacio del Elíseo de París, en horas previas a la movilización encabezada por la unidad reaccionaria de los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Estado español, Italia e Israel, entre otros.
Aunque no trascendieron detalles, la mayor colaboración futura entre los servicios de seguridad e inteligencia, el intercambio de datos sobre sospechosos de terrorismo y “yihadistas conocidos”, el refuerzo del “contraterrorismo” en las líneas aéreas, y sobretodo, avanzar hacia una modificación del libre tránsito de personas en Europa (Acuerdo de Schengen), fueron algunas de las “directrices” que, con la activa colaboración de los enviados norteamericanos, surgieron de dicha cumbre.
Posteriormente, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder -presente en la reunión francesa- anunció que el 18 de febrero se llevará a cabo en la Casa Blanca una cumbre antiterrorista de alto nivel, presidida por el propio presidente Barack Obama. No podía esperarse menos de los precursores de la “Patriot Act”, para asesorar a sus aliados europeos en cómo “combatir el terrorismo”… y de paso cercenar unos cuantos derechos y libertades democráticas en el continente europeo.
Tras los atentados de París, los principales países de Europa están profundizando un curso reaccionario de recortar aún más las libertades democráticas de la población, ya de por sí azotada por la crisis económica capitalista y las políticas de austeridad de los distintos gobiernos.
Pero al mismo tiempo, las respuestas políticas de Alemania, Francia, Reino Unido y otros países, reforzando los controles fronterizos y limitando la libertad de tránsito, muestran el retorno a las tradicionales posiciones nacionalistas europeas, enalteciendo los “valores nacionales”.
El clima posterior a los atentados de París ha tiende a fortalecer a todas las variantes reaccionarias europeas, desde los conciertos neoliberales gobernantes, hasta las formaciones de extrema derecha, xenófobas e islamófobas, como el Frente Nacional o Pegida. Sin embargo, en medio de una aguda crisis económica y de los regímenes políticos, las grietas estructurales del “proyecto europeo” se muestran cada vez más hondas.
Para los trabajadores, la juventud y todos los sectores explotados y oprimidos en Europa, las luchas van a ser más duras en los tiempos que vienen. Por ello, fortalecer la unidad y la solidaridad entre los trabajadores y la juventud, así como combatir sin cuartel la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y la injerencia imperialista en cualquier parte del mundo, son algunas de las tareas más importantes que la extrema izquierda tiene por delante. |
