El retroceso de Evo Morales con respecto al artículo 205, motor de la huelga de salud de las últimas semanas, no impidió que el mismo pueda llegar a transformarse en un conflicto que supera sus orígenes corporativos para adquirir los contornos de un nuevo conflicto, esta vez de naturaleza política: la abrogación del Código del Sistema Penal (CSP).
Como señalamos anteriormente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) con su brutal represión de las semanas previas, violando incluso la autonomía universitaria como en los mejores tiempos de la derecha tradicional, empujó a gran parte de la población en brazos de la oposición patronal. Esta deslegitimación gubernamental habría comenzado luego del desconocimiento de los resultados del referéndum del 21F y la aprobación por parte del venal Tribunal Constitucional de la reelección indefinida con la resolución STC 84/2017, y el importante porcentaje del voto nulo y blanco en las elecciones judiciales del pasado 3 de diciembre. El creciente aumento del repudio a los métodos gangsteriles de la policía, que provocó la muerte de una mujer en Pailas, Santa Cruz, por la represión; obligó a último momento al MAS a retroceder en las demandas del sector salud para evitar su escalada. Sin embargo la iglesia católica, protestantes y evangélicos y otras sectas, junto a cámaras empresarias del transporte y otros sectores ya anunciaron movilizaciones para abrogar todo el código del sistema penal, buscando con esto asestar una nueva derrota política a Evo Morales, derrota que sería capitalizada, de producirse, por la oposición patronal en las próximas elecciones. El conflicto de salud, no terminaba de cerrarse debido a que el gobierno no retrocedía en decenas de despidos y procesos judiciales a los detenidos. Frente a ello, la dirigencia médica y el gobierno dieron una solución administrativa con la firma de un convenio, entre ambas partes, en conferencia de prensa la noche del martes 8 de enero.
La metamorfosis del conflicto
Lo que empezó como un conflicto de carácter corporativo y con demandas democráticas de los médicos y de todo el sector salud, contra el artículo 205 que penalizaba en los hechos la práctica médica debido a la desastrosa condiciones del sector de la salud, hoy, luego de sumarse algunas cámaras empresariales exigiendo la abrogación de todo el CSP y las iglesias, deja de tener un carácter relativamente progresivo para transformarse en la punta de lanza de una campaña política para desgastar al actual gobierno de Morales. Se aprovechan de la creciente falta de legitimidad del mismo por las tendencias bonapartistas y represivas que se incuban en su interior.
El inicio de la lucha entre el gobierno y su nuevo Código del Sistema Penal y la oposición empresarial y religiosa defendiendo el Código Penal del banzerismo, es una pelea ajena a los intereses de los trabajadores, no solo de la salud sino de todo el país. Es una pelea entre dos proyectos patronales: el capitalismo andino de Morales y García Linera, antiobrero (ENATEX, estatuto del funcionario público, etc.) y anti indígena (TIPNIS, Achacachi, etc); y el proyecto del capitalismo “democrático” de nada menos que Tuto Quiroga (alumno del ex dictador Banzer quien asesinó a Marcelo Quiroga), Doria Medina (empresario del cemento y ex ministro del ciclo neoliberal) y de las reaccionarias iglesias católicas y cristianas.
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La COB debe pelear por los intereses de los trabajadores
La Central Obrera Boliviana (COB), luego de haber estado subordinada durante años a los intereses del gobierno a través de burócratas como Trujillo, Miguel Pérez, Rodríguez, Pedro Montes e incluso Guido Mitma, pasó luego del conflicto de ENATEX a una moderada oposición. Sin embargo, este tránsito lejos de tomar un camino independiente de los intereses y de los proyectos patronales, nuevamente tiene a la COB como comparsa de la pelea patronal, esta vez opositora. La COB ha señalado que se pondrá a la cabeza de la lucha por la abrogación del CSP “por no haber sido consensuado con todos los sectores” convocando a una movilización y paro nacional para este jueves 11 de enero.
Lamentablemente, la COB se ha venido negando sistemáticamente a iniciar una pelea que trace un rumbo independiente en esta situación. Mientras recoge las demandas de las clases medias acomodadas o incluso empresariales, rechaza y mira para otro lado cuando se trata de peleas contra disposiciones legales que dividen y fragmentan a la misma clase obrera. Es necesario exigir que la COB empiece la organización de la pelea para abrogar el estatuto del funcionario público y el estatuto del trabajador rural y que se incorporen con plenos derechos a la Ley General del Trabajo. Es necesario exigir la incorporación de todos los contratados en fábricas, empresas, y reparticiones públicas como trabajadores efectivos de planta y terminar de una vez con la existencia de trabajadores de primera, de segunda y hasta de tercera. Es necesario pelear por la defensa del empleo, exigiendo una ley que prohíba los despidos, que implemente el control obrero colectivo de cada empresa que despida. Ante estas medidas tanto el oficialismo como la oposición tienen en común su negativa a las demandas de los trabajadores.
El POR, el MST, y La Protesta, alegres comparsas de la oposición
Lamentablemente en este derrotero dirigido por la iglesia y las cámaras empresariales, encontramos a grupos que se autoproclaman obreros, socialistas y hasta revolucionarios. Nos referimos al POR de Alfonso Velarde, al MST de Jaime Vilela y a La Protesta afín al grupo Izquierda Socialista de Argentina.
El primero a través de una Huelga de hambre “seca” que pone en riesgo la salud de la compañera Vilma Plata y que junto a una coordinadora formada por burócratas sindicales de la oposición como Wilson Mamani y otros se han lanzado a la lucha por la abrogación del CSP de Morales. Sin embargo, sin una política por la positiva y sin la lucha contra los dirigentes opositores el POR se transforma en la comparsa que acompaña esta política burguesa, negándose a desenmascarar el rol de la burocracia de la COB y de otros representantes de las organizaciones sindicales por no pelear por los derechos y demandas propias de los trabajadores. Pero en el caso del MST y la Protesta, no sólo inexistentes sino que han intervenido con volantes “sin programa” reproduciendo las demandas más importantes de las cámaras empresariales y criticando a la COB por no incorporarse decididamente al conflicto patronal.
Por un programa de acción, obrero e independiente
Es urgente recuperar la independencia política de los trabajadores y trabajadoras. Esto solo puede realizarse rechazando y condenando la subordinación de las organizaciones obreras y sindicales al gobierno y designios patronales oficialistas como Orlando Gutiérrez de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), pero también la subordinación a la movilización patronal opositora. Los trabajadores debemos recuperar la democracia sindical, expulsando a los traidores y corruptos dirigentes de nuestras organizaciones y estableciendo un programa progresivo de movilización que busque unificar las filas de los trabajadores, organizar a nuestra clase para imponer nuestras demandas.
La actual y grave crisis del sistema de salud es responsabilidad de la larga historia de gobiernos patronales y continuada por este gobierno, los cuales siempre privilegiaron sostener el parasitario sector de las FFAA y la policía con suculentos presupuestos y ventajas en desmedro de la educación y la salud. Es necesario exigir más y nuevos ítems para los profesionales, más y mejores hospitales y centros de salud, mejor equipamiento y tecnología. Sin embargo, eso no es suficiente: es necesario lograr una salud universal y gratuita, sin liquidar y destruir el actual sistema de salud soportado por las cajas de salud.
El gobierno tiene la obligación de establecer un financiamiento alternativo, y esto solo puede realizarse a costa de los mercaderes de la salud como las clínicas y hospitales privados, con un sustancial aumento del presupuesto a costa de los parásitos de las organizaciones armadas. Así mismo hay que empezar a discutir como abrogar el conjunto de medidas antiobreras heredadas de los neoliberales y refuncionalizadas por el actual gobierno: el estatuto del funcionario público, el control estatal de las organizaciones obreras, los intentos de meter mano a los fondos de la seguridad social a corto y largo plazo, la criminalización de las protestas, la violación a la autonomía universitaria, la nacionalización de la minería trasnacional y todas aquellas medidas que han contribuido a debilitar las organizaciones y la fuerza obrera.
La COB debe terminar con el derrotero de subordinarse a los más diversos proyectos patronales, sean estos del MAS o de la oposición. Solo el reagrupamiento clasista e independiente de los trabajadores podrá expulsar a la burocracia y recuperar una línea verdaderamente independiente de clase. |
