Foto: APG
Acerca del sistema de salud boliviano
El sistema de salud boliviano está compuesto por la salud pública y la salud privada. En la salud pública solo algunos sectores de la población tienen acceso a la atención gratuita; el resto de la población tiene que aportar para las cajas de salud. Pero para aquellas personas que no tienen un trabajo regulado por ley como lo es la mayor parte de la población boliviana, sólo les queda acceder a los hospitales públicos, en los cuales se paga desde la atención médica, hasta los medicamentos y también los días de internación entre otros, con precios menores que las clínicas privadas. Sin embargo, aunque los costos de la atención pública son sustancialmente menores que en la privada, estos costos para una población en situación de pobreza o con ingresos mínimos (el salario mínimo es de 287 dólares) se transforman en inaccesibles. En las clínicas privadas, cuyos dueños son desde médicos hasta empresarios, iglesias y ONG´s los precios se acrecientan en más de 5 veces que los públicos, dependiendo lo que el paciente vaya a necesitar.
En la ciudad de La Paz de los hospitales públicos el más conocido es el Hospital de Clínicas, cuenta con una infraestructura construida entre 1913 y 1920, es decir, de casi 100 años de vida. Teniendo solamente unas tres edificaciones de algunas especialidades más nuevas, sin embargo en su conjunto aún conserva incluso el estilo arquitectónico de aquellos años lo que refleja que no adapta sus ambientes a las crecientes necesidades de atención a sus pacientes.
Otro problema importante es que el personal médico y de enfermería es insuficiente frente a la enorme cantidad de pacientes que tienen en cada sala. No llegan a cumplir ni siquiera los requisitos de cantidad del personal mínimo necesario para las Unidades de Terapia Intensiva. En esto son los estudiantes de 6to año de medicina y los residentes, quienes colaboran con la tarea.
El Gobierno, a lo largo de los años, al ver que los estudiantes de medicina trabajan por menores salarios, ha presionado para que sean éstos los que trabajen en las comunidades, aumentando de esta forma los años que deben reponer de trabajo en las comunidades para tener su título de residentes en sus diversas especialidades. De esta manera, internos y residentes son enviados, sin las condiciones mínimas, a ejercer su profesión en poblaciones donde los centros de salud son muy precarios. Esta situación se agrava no sólo por la inexistencia de infraestructura y equipamiento adecuado sino que incluso al ser estudiantes recién recibidos, están en dificultades de brindar una atención médica especializada.
Imagen: pacientes que deben ser atendidos en el piso
¿Cuál era el impacto del artículo 205 en este escenario?
El artículo 205, que pretendía penalizar la mala praxis, salía del contexto de la realidad social, pues en un país dónde el Gobierno no se responsabiliza de las carencias estructurales del Sistema de Salud y dónde la mayoría de los hospitales en construcción nunca son finalizados y/o carecen de ítems (elefantes blancos) y que solamente el 6,3% del PIB se invierte en salud, se buscaba deslindar responsabilidades que ningún Gobierno las ha tomado seriamente y desviarlas a los profesionales que se encargan de cumplir con este servicio.
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Los residentes y los internos no se encuentran en una situación legal (un certificado que los acredite como médico especialista y médico general) que ratifique lo que en la práctica son mandados a ejercer por el propio Estado para cubrir sus falencias. Es decir, con el artículo 205 en caso de alguna eventual complicación médica, producto de su intervención, se veían irónicamente acusados por el propio Estado que los puso en esa situación. Donde los médicos que cuentan con insuficientes recursos para determinar la enfermedad, como toda la academia médica internacional indica, se verían sancionados por esa falta de instrumentos y personal y las complicaciones derivadas de éstas. Esto hubiera ocasionado que los médicos y trabajadores de salud tuvieran que pensar dos veces para atender a un paciente lo que se traduciría en un agravante de la situación de salud para la población. A su vez, esto repercutiría en el aumento de la fuga de profesionales a los países vecinos, en los que médicos, enfermeros y trabajadores de salud en general, cuentan con ingresos y condiciones de trabajo muy superiores a las locales.
La piedra de toque del artículo 205, es que para evitar las sanciones y los riesgos patrimoniales que podrían derivar de una situación de este tipo, todos los y las trabajadores de salud estarían obligados a contratar una diversidad de seguros para el ejercicio de su profesión. El gran ganador de todas estas disposiciones, hubiera sido nuevamente, como fue a lo largo de estos 10 años, el capital bancario y financiero, que hubiera lucrado de este nuevo mercado.
A lo largo del conflicto, el gobierno se justificó planteando que artículos como el 205 existen en todos los países vecinos, lo cual es verdad. Sin embargo, lo que no dijo es que a diferencia de los otros países, en Bolivia se trabaja en condiciones infinitamente más precarias, aumentando los riesgos para los pacientes pero también para las y los trabajadores en salud.
Todos estos elementos configuraban una pelea de carácter corporativo pero democrático y por lo tanto progresiva en la lucha por la derogación del 205 y los tres Decretos Supremos. Pero también ponían sobre la mesa la necesidad de discutir cómo resolver los problemas estructurales de salud, cuestión que no fue abordada a lo largo del conflicto, ni por el gobierno, ni por la dirigencia médica.
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Elementos para un balance de los 47 días de paro
El artículo 205 terminó unificando a médicos, trabajadores manuales, enfermeros y enfermeras, a lo largo y ancho del país y generando un movimiento nacional de todo el sector salud que fue acumulando simpatías de diversos sectores de la población, como los paros de farmacias en solidaridad, que vieron en el conflicto la posibilidad de interpelar las tendencias cada vez más bonapartistas del gobierno de Evo Morales. Durante estos días se llegó incluso a organizar movilizaciones en la misma Noche Buena y el 31 de diciembre que ponía en evidencia la disposición de vencer por parte de todo el sector salud, manteniendo también en estas fechas los diversos piquetes de huelga. Esta disposición a la lucha de los trabajadores de salud, contrastó con la actitud de la Central Obrera Boliviana (COB) que decidió sumarse al conflicto cuando el mismo ya estaba concluyendo, mientras se incubaba un nuevo conflicto de características reaccionarias dirigido por la oposición de derecha.
Lo que se ha evidenciado una vez más, es el carácter corporativo y conservador de las dirigencias médicas en claro contraste con las y los trabajadores de salud de base quiénes de conjunto tiene una tradición de lucha con sensibilidades más democráticas frente a la situación del sistema de salud pública. Así mismo, nuevamente se desenmascara el rol centrista de la COB que ignoró el conflicto y no quizo ponerse al frente desde un inicio, cuándo este todavía tenía un carácter democrático y progresivo.
La negativa por parte de la ministra de dialogar con los movilizados y utilizar mecanismos de amedrentamiento como amenazas de despidos, clausuras de farmacias solidarizadas con el paro y descuentos salariales. Esto, en conjunto con la represión desde los primeros momentos de la movilización llegando incluso a violar la autonomía universitaria y dejar a una persona sin vida por la represión en la localidad de Pailas en Santa Cruz; agregando también la utilización de los trabajadores de salud cubanos como rompe huelgas, contribuyó a empujar a un sector de los movilizados a la abierta hostilidad contra Cuba y Venezuela. Consignas tales como “esto es Bolivia, no Venezuela” y otras similares, como “democracia sí, dictadura no” fueron aprovechadas por sectores vinculados a la oposición política patronal. Los médicos siempre se resistieron a la ayuda cubana y el gobierno no tuvo política para eso.
La política represiva del MAS que empezó con descargas eléctricas, gasificaciones incluso en lugares cerrados como la UMSA –prohibido por convenciones internacionales- hasta finalmente la utilización de balas de goma, terminó politizando el conflicto que había emergido como una demanda sectorial, provocando que nuevos y más sectores de oposición vean la posibilidad de ganar terreno en esta contienda. Las declaraciones y la huelga de hambre de senadores y diputados contra la supuesta “dictadura narco comunista” iniciada el 8 de enero acompañadas de declaraciones de alcaldes como José María Leyes, las juventudes de SOL.BO y con las bendiciones de las reaccionarias iglesias católicas y cristianas han terminado de dar origen a un nuevo conflicto que reclama la abrogación total de Código del Sistema Penal, buscando mejorar sus posibilidades dentro del escenario pre electoral en curso.
La Iglesia y demás sectores de derecha atacan al nuevo código no sólo porque estaría reforzando su carácter punitivista, sino también por elementos progresivos, como el hecho de que amplía causales para la interrupción del embarazo; es decir, no penaliza el aborto de la manera que quieren los curas. Sin embargo, frente a ello lo que está claro es que en esta contienda interburguesa de medir qué artículo es más o menos punitivo comparando el anterior Código Penal de Banzer vs el nuevo Código Penal del MAS, lo único que queda claro es que ambos coinciden en que dejan fuera los intereses del pueblo trabajador preservando los intereses de los gobiernos de turno y de las clases dominantes. Más allá del administrador del Estado, lo cierto es que el código penal como lo viene siendo hasta ahora, continuará siendo usado para acallar a quiénes luchan por sus derechos, para cargar los ajustes al pueblo trabajador, es decir, vulnerando los derechos de quiénes no pueden comprar la justicia de la burguesía.
El preacuerdo firmado por los dirigentes de los colegios médicos en fecha primero de enero fracasó debido a que éstos no tomaron en cuenta a las bases que sostuvieron el conflicto y firmaron un documento que no garantizaba la estabilidad laboral de las y los movilizados. Su firma tardía tuvo como consecuencias que parte del conflicto médico hoy se sume al conflicto por la abrogación total del Código del Sistema Penal, pero además las burocracias médicas pusieron en riesgo la lucha que sus bases habían venido sosteniendo en casi 50 días de lucha.
¿Qué hubiera pasado si se hubiera exigido el control colectivo de parte de todos las y los trabajadores de salud de las clínicas privadas?, seguramente capas altas de los médicos, así como la iglesia y los empresarios se hubieran retirado. ¿Si la COB y los sindicatos de salud hubieran exigido aumento de ítems para salud en las comunidades?, muy probablemente las y los pobladores de muchas comunidades se hubieran sumado a esta movilización. Y, ¿si la COB desde el primer momento hubiera exigido la eliminación del presupuesto de las fuerzas armadas y de la policía para volcar esos recursos a la educación y la salud?, rápidamente hubieran conquistado el apoyo de decenas y miles de trabajadores que son víctimas del precario sistema de salud, además que hubieran apuntado correctamente al problema de que la salud es una cuestión de Estado.
Todo esto hubiera impedido la incubación de un sector de derecha que busca hoy instrumentalizar la movilización que ya acabó sin siquiera proponer alguna medida que resuelva la crisis de la salud boliviana, además de empezar a recuperar en forma real y no discursiva una orientación de clase independiente y combativa contra los dos polos burgueses enfrentados actualmente.
Es así que para lograr triunfos duraderos es necesario que se sumen las y los trabajadores y el pueblo pobre con sus propias demandas, y como estudiantes que se empiece a discutir y debatir las soluciones estructurales para el sistema de salud al servicio del pueblo.
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