La exsocia política de De la Rúa dijo en Intratables que “lo que hicieron los militares durante la época democrática estaba respaldado por ley”. Un discurso funcional a la política de Macri.

Foto Adrián Escandar/Infobae

La política y referente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide justificó el martes en el programa “Intratables” (América) la represión de las Fuerzas Armadas que, bajo el decreto de Isabel Perón, comenzó a inicios de 1975 con el nombre de Operativo Independencia.

“Lo que hicieron los militares, durante la época democrática todavía, cuando se les dio la orden de combatir a la subversión, estaban respaldados por una ley. ¿Saben cuándo se tornaron en ilegítimos e ilegales? Ilegítimos, cuando aún en ese período torturaron, desaparecieron -en Famaillá, en Tucumán, en la “Escuelita” (primer centro clandestino de detención)-. Y se tornaron en ilegales e ilegítimos cuando tumbaron un gobierno democrático”.

De esta manera, Fernández Meijide se ubicó a la derecha del propio Poder Judicial que, producto de años de lucha, movilización y pruebas presentadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas resolvió que los crímenes cometidos por fuerzas represivas durante el gobierno de Perón e Isabel Martínez previo al golpe militar también son delitos de lesa humanidad.

No fueron condenadas tan solo las torturas o las desapariciones, sino todos los crímenes entre 1973-1976 llevados a cabo por las Fuerzas Armadas y por la Triple A, comandada de manera clandestina por la Policía Federal y el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, mano derecha del presidente Perón y, después de su muerte, de su esposa y sucesora.

La represión “legal” estuvo -como siempre a lo largo de la historia argentina-acompañada de la “ilegal”. Tampoco los militares actuaron solos. Allí estuvieron muy activos los empresarios, mentores y sostenedores de la represión, como en Tucumán, en Villa Constitución o en Córdoba. Y obviamente la cúpula de la Iglesia Católica. Pero Fernández Meijide no dijo una sola palabra de eso.

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Pero incluso el Operativo Independencia al que hacía referencia se llevó a cabo con el supuesto argumento de aniquilar en la selva a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuando en realidad ya hacía varios meses que esa organización no tenía más de ciento cincuenta miembros. El objetivo fue otro: la represión de militantes y activistas obreros, centrado en las ciudades*.

El sistema represivo contra la vanguardia obrera y estudiantil fue el mismo que luego del golpe de marzo de 1976 se extendió a todo el país. Fue también un escenario montado para prestigiar el rol del Ejército como salvaguarda del orden capitalista y justificar ante la “opinión pública” el golpe militar meses después.

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Por eso cuando Fernández Meijide afirma que “la orden que se dio para el Operativo Independencia y que la repitió Luder era para defender a un gobierno democrático” excusa que la represión en esos años constituyó nada menos que la antesala de la dictadura: el genocidio de más de 30 mil personas, en su mayoría trabajadores (un 54 % entre obreros, empleados y docentes) y estudiantes (un 30%) según determinó la misma Conadep que ella integró.

Fernández Meijide, quien tiene un hijo desaparecido por esa dictadura cívico-militar, no obstante sostiene un relato consustanciado con el relato oficial de la “teoría de los dos demonios”.

“Los gobiernos democráticos tienen la obligación de defenderse”

Fernández Meijide se ampara en el “sentido común” de que es legal que un gobierno se defienda de quienes atenten contra la democracia. Además del debate histórico y jurídico, sus dichos tienen una connotación política actual y peligrosa.

La represión del gobierno de Macri para aplicar sus planes de ajuste o el ataque a las comunidades originarias que terminaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, fue con el “argumento” de la ley y el respeto a la democracia. Con los mismos preceptos con los que se ascendió recientemente al subalférez Emmanuel Echazú, único imputado por el asesinato de Maldonado, pretenden dejar en la cárcel a quienes participaron en la manifestación contra la reforma previsional y deja afuera a genocidas como Etchecolatz y tantos otros que ni siquiera han estado presos.

No es casualidad que la mujer haya avalado públicamente la política y la represión de Macri contra la amplia mayoría que se oponía a la reforma previsional: “Esta vez los políticos con responsabilidad sostuvieron la sesión. Macri fue inteligente en decir ’la sesión no se levanta’”, expresó luego de la segunda jornada de protestas, el 18 de diciembre.

¿A qué tipo de democracia se refiere Graciela Fernández Meijide entonces? Una democracia representada y sustentada por empresarios, funcionarios y políticos millonarios de los partidos patronales junto a la burocracia sindical, las instituciones del Estado y las fuerzas represivas solo puede llamarse democracia de ricos. Una democracia capitalista sobre la cual quienes piensan como Fernández Meijide deben ocultar la verdad en sus nueve décimas partes.

Bajo el capitalismo, acá y en el mundo, las patronales podrán lograr en momentos de relativa bonanza económica u obligados por crisis de gobernabilidad -como ocurrió en Argentina después del 2001- dar la idea a ciertos sectores de una democracia “más abarcativa”. Pero en momentos como el actual, de crisis económica, es turno de gobiernos más evidentes en su real naturaleza -y el de Macri y sus CEO, como pocos-, respecto de los intereses de clase que representan.

Para el régimen político se trata de una cuestión de Estado defender a como dé lugar, con las fuerzas represivas como garantes, legalmente o no, esos intereses. Ya lo puede confirmar la misma Fernández Meijide, quien fue parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que en nombre de la defensa de la “democracia” instauró el estado de sitio y asesinó (directa e indirectamente) a 40 personas en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Hoy ella aprovecha el aire que se le da para cuestionar cómo otros referentes de los derechos humanos fueron “usados” y cooptados por el kirchnerismo. Pero en un mismo acto no hace más que demostrar cómo ella también es “usada”, en este caso por la derecha (desde el Gobierno hasta sus aliados intelectuales) para extender un discurso justificador de una política antipopular y represiva.

Como se viene demostrando acá y en el mundo la única perspectiva real para luchar por una verdadera democracia de las grandes mayorías, contra la represión y la impunidad, por los derechos de las mujeres y la juventud precarizada, contra el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, es mediante la movilización independiente de toda variante política patronal.

Luchar por la más amplia unidad y por triunfar en las calles, como alentó Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien junto a Myriam Bregman y otros referentes participó en la importante manifestación contra los despidos en el Hospital Posadas el martes al mediodía frente al Ministerio de Salud. Es desde esa perspectiva de independencia de los trabajadores, las mujeres y la juventud por la que luchan tanto el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) como el PTS en el Frente de Izquierda.

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