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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales de la OEA, avaló la demanda de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que se anule la aplicación de la pregunta 3 del referéndum. Un contratiempo para los proyectos de Lenin Moreno, quien nunca contempló en su horizonte la posibilidad de un rechazo de los organismos internacionales.
Con la presentación realizada por los consejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana que ordene al Estado ecuatoriano abstenerse de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de crear un Consejo Transitorio.
Estos cambios fueron ratificados en el referéndum del domingo, con el objetivo de colocar nuevos integrantes en el Consejo desde las ternas que Presidencia envíe a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el referéndum fue impuesto por decreto, sin aguardar el dictamen de la Corte Constitucional.
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El argumento de la inconstitucionalidad de la pregunta 3 fue esgrimido por Rafael Correa y sus allegados durante la campaña. El botín en disputa es el control del aparato del Estado, dado que el CPCCS tiene potestad para nombrar autoridades de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura. Las actuales designaciones, con profunda responsabilidad en la corrupción e impunidad, retendrán sus cargos hasta que la comisión transitoria evalúe su desempeño. Esta maniobra permitirá a Moreno abrir un terreno de entendimientos con altos funcionarios, quienes podrán negociar su mantenencia en el cargo. Una farsa que ni acaba con la corrupción, ni pone en manos del pueblo la función de control y juzgamiento.
En su comunicado, la CIDH subrayó que la Corte Interamericana debe valorar si el mecanismo de participación popular no estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual CPCCS. También pidió que se reconsidere las amplias facultades de nombramientos que se otorgará al Consejo de Transición.
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El presidente Moreno se comunicó con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. “Le manifesté con claridad que somos respetuosos de los organismos internacionales, pero haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas, en un proceso democrático y fielmente apegado a la Constitución”, explicó vía Twitter.
“Defenderemos nuestra soberanía ante esta decisión espuria a favor de ciertos funcionarios, rechazamos esta insolente intromisión en nuestro sistema democrático, y acudiremos a todas las instancias internacionales, pero ante todo, a la unidad del pueblo”, disparó más tarde, en una conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet.
Para el Primer Mandatario, la garantía de la CIDH al pedido correista desata un problema inesperado. La Corte Interamericana aún debe expedirse por posibles medidas cautelares. Un fallo desfavorable trabaría el despliegue de sus proyectos políticos y económicos, y su no acatamiento dejaría una imagen internacional negativa, precisamente cuando más avanza hacia la firma de un TLC con Estados Unidos.
La noticia descolocó al conjunto del arco político. Durante años, tanto la CIDH como la OEA interesadamente denunciaron los abusos cometidos por el gobierno de Correa y la falta de “democracia”, en sintonía con la derecha nativa. Si ésta antes defendía los pronunciamientos del organismo, ahora cínicamente lo acusa de “injerencista”.
“La Asamblea puede avanzar con juicios políticos para terminar las funciones de los consejeros de acuerdo al mandato ciudadano”, presionó el asambleísta del movimiento CREO, Fabricio Villamar. Los bloques del Partido Social Cristiano y de SUMA pidieron mocionar en el pleno el apoyo a los resultados de la consulta. Más tarde, toda la derecha solicitó que se remueva a la presidenta de la Comisión de Soberanía, Doris Soliz, que forma parte del partido Revolución Ciudadana, y en la mañana de ayer levantó la mesa de discusión para evitar que la mayoría imponga un pronunciamiento contra la CIDH. Tras esto, todo el órgano legislativo quedó completamente paralizado. | 
