Se trata de un millar de personas del estado de Morelos, cuna de la revolución agraria del sur, los cuales han demandado y exigido al Estado el pago retrasado desde hace ya varios años de la pensión a la cual tienen derecho como participantes o involucrados en la gesta revolucionaria de 1910. Así, de acuerdo con la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los veteranos de Morelos, todos los caudillos, sus viudas, hijos y nietos, tienen derecho a un pago de pensión vitalicia de 118 dólares, poco más de 2,200 pesos mexicanos mensuales, así como el servicio médico y un seguro de vida para estos actores de la historia de nuestro país.

Muchos de los excombatientes del Ejercito Libertador del Sur liderado por Zapata y originarios del mismo estado no desaprovechan la ocasión para hablar de los gloriosos recuerdos y la abnegación tanto de los líderes revolucionarios como de todos los combatientes y compañeros de armas, en otros casos estas historias son relatados por los hijos, o viudas de aquellos que se lanzaron a la lucha bajo la bandera del Plan de Ayala.

Luego de obligar por las armas a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz, las huestes zapatistas resistieron a los intentos de desarmarlos de Francisco I. Madero, mientras el ejército federal al mando de Victoriano Huerta los perseguía, y después, al igual que los villistas, tuvieron que lidiar con las fuerzas de Venustiano Carranza al mando de Pablo González y Álvaro Obregón, hasta que los generales de los grandes terratenientes se adueñaron de la Revolución. Los integrantes del ejército revolucionario del sur regresaron a sus tierras ya no más como combatientes sino como trabajadores, agricultores, comerciantes y demás profesiones honradas, esto con la promesa de que serán respetados los acuerdos propuestos por el nuevo Estado entre los cuales destacaba la pensión ya mencionada.

Sin embargo, han pasado ya varios años en donde debido a trabas burocráticas esta promesa sumada a la larga lista de mentiras ha quedado en palabras, y en letra muerta. Aunque los demandantes han presentado todos los papeles necesarios para comprobar el derecho a este adeudo para con ellos, los legisladores del estado se niegan conscientemente a proporcionárselos, incluso a finales de 2016 los mismos aprobaron una modificación a la Ley en la cual excluían a los familiares de los participantes de la revolución de esta manera reduciendo a solo aquellos que ahora rebasan los 100 año.

Aunado a esto, en 2017 el presupuesto destinado a este asunto fue fijado en poco más de 500 mil pesos, es decir menos de lo que gana un magistrado de la SCJN en 2 meses, contrastando. Así las actitudes cínicas para con aquellos que dieron la vida y sus almas por la causa justa de “abajo haciendas arriba pueblos” situándolos por debajo de aquellos que laboran y legislan en contra de las mayorías del país.

El odio que perdura

Esta situación, así como la actitud de las autoridades estatales y la nula intervención por parte de las demás instituciones, muestra el profundo odio que permanece en las clases poseedoras contra los herederos, aunque sea simbólicamente, de aquellos que incansablemente pelearon por la liberación de las clases pobres del país, el abandono se interpreta como una reprimenda a aquellos que cuestionaron el orden de expoliación de la población campesina cuando salieron a recuperar las tierra que les eran robadas impunemente, a aquellos que se atrevieron a intentar revertir ese dicho orden, es una reprimenda por haberse atrevido a la rebelión aunque muchos de ellos se encuentren ahora metros bajo tierra, son su familiares y allegados los que ahora cargan con este pecado, el haber nacido y pertenecido a las tierras revolucionarias del sur.