En la mañana del martes 20 se realizó la audiencia presidida por la Jueza Habilitada en la Vocalía 10 del Tribunal del Trabajo, Silvia Elena Yecora, en la causa donde se cuestiona el despido de Walter “Peluquín” Farfan, uno de los 338 despidos ocurridos en noviembre del año pasado, militante del PTS-Frente de Izquierda. A la misma se presentaron Luis Daniel Américo Rizzotti y Carlos Samman, miembros de la Administración colegiada de la Quiebra del Ingenio La Esperanza S.A., sin abogado patrocinante, perdiendo la oportunidad de plantear cualquier tipo de argumento y demostrando la total irresponsabilidad de la empresa.
Maia Hirsch, abogada de Farfán y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), sostuvo que “hoy quedó evidenciado que el Ingenio La Esperanza no puede justificar de manera alguna los despidos de los trabajadores azucareros, ya que en la instancia que tenían para contestar y dar explicaciones del por qué de su accionar, realizaron un acto irresponsable al concurrir sin abogado alguno que los represente. No es de sorprender la impunidad y desidia con la que la empresa y el Gobierno se manejan frente a los legítimos reclamos de los trabajadores azucareros.”
Para la abogada “quedó evidenciado que no sólo se trata de un despido ilegal -realizado por quienes no contaban con facultades para hacerlo, sin pronunciamiento alguno del Juez ni el Síndico de la quiebra, sino claramente discriminatorio, dirigido contra Walter Farfán por su reconocida actividad sindical y política habiendo sido candidato del Frente de Izquierda en las pasadas elecciones”. Y finalizó señalando que “ante la ausencia de fundamentación alguna de los administradores del Ingenio y de los funcionarios del gobierno que dispusieron los despidos arbitrarios, el Tribunal debería resolver el amparo de manera favorable a Farfán, reconociéndose que el despido fue ilegal y discriminatorio y ordenando la reinstalación en su puesto de trabajo. Ello sentaría un precedente muy importante en la pelea por el conjunto de los puestos de trabajo de los demás trabajadores despedidos”.
La audiencia se realizó a un día de que se diera por finalizado el plazo establecido por el juez Juan Pablo Calderón para la licitación express del Ingenio La Esperanza, a pedido del gobernador Gerardo Morales tras la caída del acuerdo de venta del ingenio al grupo colombiano Omega Energy anunciado en diciembre.
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Como denunciara la diputada del PTS-FIT, Natalia Morales, se trata de una venta que trae peores condiciones para los trabajadores, ya que el pliego del año 2008 contemplaba a 2000 trabajadores, y en el actual llamado a concurso se prevén tan sólo 600 puestos de trabajo.
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