Desde que -a partir de la repercusión mediática a nivel nacional por el caso Chocobar- el Gobierno de Macri anunció el "cambio de paradigma" con respecto al accionar de las fuerzas policiales, se han multiplicado en los últimos tiempos los casos de gatillo fácil.
El caso más resonante recientemente es el de Facundo Ferreira, un chico de 12 años asesinado de un balazo en la nuca por la policía de Tucumán. El caso del crimen de Facundo, como el de Pablo Kukoc, y otros, tienen un móvil en común: en todos ellos, la policía tomó la resolución de disparar por la espalda al sospechoso, aun en circunstancias en las que no pueda comprobarse ni legítima defensa ni enfrentamiento.
El sábado pasado, alrededor de las 22 horas, Mauro Garfagnoli fue divisado por miembros de la Policía Local en la intersección de las calles Rucci y Baldrich, en el barrio San Francisco, en la zona oeste de la ciudad.
Según la versión oficial, sobre él pesaba una orden de captura activa por no cumplir con su regreso a la Unidad Penal de Baradero, en la que cumplía una condena de régimen abierto, con la posibilidad de salidas transitorias. En circunstancias aún sin esclarecer del todo, el hombre intentó huir por calle Baldrich, y fue seguido por los uniformados.
En el marco de la persecución, Garfagnoli intentó esconderse en el interior de una casa vecina. Allí fue alcanzado por Brenda Gasparri, oficial de la mencionada fuerza, quien disparó con su arma reglamentaria sobre el hombre, ocasionándole la muerte casi en el acto. Según los testigos, Garfagnoli recibió el disparo mortal por la espalda; además, sostienen que el hombre no portaba armas, y que no se escucharon disparos previos al tiro fatal.
Tal fue el estupor causado por la situación que habría sido necesario retirar a la oficial del lugar para evitar incidentes con los vecinos. Debido a que había agentes de fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires involucrados en el crimen, en el lugar de los hechos debió precisarse la presencia de Policía Federal para colaborar con las pericias.
Gasparri fue demorada y trasladada a la Comisaría Primera, a la espera de ser indagada en la mañana del lunes; en tanto la división de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad la desafectó de sus funciones. Está imputada por el delito de homicidio simple, según lo contemplado por el Artículo 79 del Código Penal. El caso es investigado por la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Franca Padulo.
El crimen de Garfagnoli representa una réplica a nivel local de una bajada de línea política emanada por el gobierno nacional, y que autoriza a los efectivos de las fuerzas de seguridad a ejecutar a las personas sospechadas de delito, pasando por encima de todos los protocolos de accionar preventivo existentes, y con ello de las garantías constitucionales que deben asegurarse en estos casos.
Se trata de una práctica que desde 1983 a la fecha se ha cobrado alrededor de 5.500 víctimas fatales, según datos estimativos de organizaciones. El gatillo fácil es un modus operandi sostenido en todos los gobiernos democráticos, desde Alfonsín hasta Macri, con la diferencia de que ahora se blanquea oficialmente que será la versión brindada por dichas fuerzas la que, para el gobierno, tendrán "carácter de verdad" frente a los eventuales casos de uso desmedido de la autoridad, postura sostenida tanto por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, como por otros funcionarios de Cambiemos.
Esta (no) novedad forma parte de una política general en materia de seguridad que apunta directamente a la construcción del "enemigo interno". Y aunque la misma se ejecuta en escenarios y circunstancias distintas, que van desde la represión de la protesta social hasta la "prevención" a sangre y fuego del delito callejero, el brazo armado del Estado es siempre el que ejecuta la violencia institucional sobre sectores civiles de la sociedad, acompañada de un relato oficial en el que se legitima la brutalidad.
Casos paradigmáticos como los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el año pasado, dan cuenta de este nuevo salto en la escalada represiva estatal.
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