Ya pasaron 42 años desde el comienzo de la última dictadura cívico-militar. Todavía hoy seguimos peleando contra la impunidad, porque seguimos sin saber dónde están los desaparecidos y buscando a cientos de hijos apropiados.
Todos los gobiernos le otorgaron impunidad a los genocidas de distintas maneras, pero lo que todos tienen en común es que ninguno abrió los archivos secretos. Durante años se dijo que habían sido quemados, pero gracias a los juicios se confirmó que era una mentira. Los militares documentaron todas las decisiones que tomaban: cada detención ilegal, cada robo de identidad y cada asesinato. Los genocidas tenían un plan sistemático de exterminio y robo de bebés. ¿Alguien podría creer que no existen archivos en los que esté documentado cada paso que daban? ¿Por qué después de 42 años todos los gobiernos se negaron a abrirlos?
Ningún gobierno abrió los archivos porque eso implicaría tocar el poder de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, de la iglesia católica y de los jueces. Todos priorizaron la impunidad de los genocidas antes que la justicia exigida en las calles por cientos de miles.
El kirchnerismo asumió en el 2003 tomando demandas de años contra la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos de Menem, pero fue en respuesta a la lucha incansable en las calles de los organismos de derechos humanos.
Permitió la reapertura de algunos juicios contra los genocidas, pero solo se imputó a 750: un poco más de un genocida por cada uno de los 600 centros clandestinos de detención que funcionaron durante el genocidio. Además, en los últimos años el poder judicial los está beneficiando con prisión domiciliaria.
Los servicios de inteligencia, que guardan bajo secreto sumario los archivos, investigaron siempre a los familiares y las organizaciones que durante todos estos años denunciaron los delitos de lesa humanidad. Eso se extiende a las víctimas de la represión de los gobiernos constitucionales, como viene denunciando la familia de Santiago Maldonado y como pasó antes en el caso de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en el 2006.
El macrismo llevó la impunidad un paso más allá cuando impulsó el 2x1 para beneficiar a los genocidas con privilegios como la prisión domiciliaria. Incluso ahora juegan con la idea de que pueda salir de la cárcel común el represor Alfredo Astiz.
Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos se lograron recuperar la identidad de 127 niños y niñas apropiados. Pero para encontrarlos a todos necesitamos comisiones investigadoras independientes que cuenten con todos los recursos del Estado, que también tiene que juzgar y castigar a todos los genocidas. ¿Hasta cuándo van a seguir beneficiando a los que planearon y ejecutaron un plan sistemático de exterminio contra la clase trabajadora?
No da igual bajo qué banderas marchamos. Queremos retomar la pelea de miles de jóvenes que lucharon por un mundo sin explotación ni opresión. Tenemos que hacerlo sacando las lecciones de la derrota de los ‘70 para esta vez vencer.
Por eso, desde la Juventud del PTS proponemos movilizar este 24 junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que se mantuvo independiente de todos los gobiernos de turno y siguió luchando contra la impunidad y por justicia. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. | 
