Siete activistas acusados de “grupo criminal” por parar en 2021 las obras de un proyecto urbanístico especulativo en Lekaroz, perteneciente al municipio de Baztán (Nafarroa). Otro caso más de represión a la movilización social al que hay que dar una respuesta en las calles ¡Libertad a las detenidas por luchar! ¡Gobierno PSOE y Sumar responsable!
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Viernes 19 de julio
Imagen de la rueda de prensa este martes en el Palacio de Aroztegia (Lekaroz) / Ahötsa.info
20 años de cárcel y 56.000 euros de multas se les pide a siete activistas imputados por participar en la primavera del 2021 una acampada pacífica en protesta contra el megaproyecto urbanístico de Aroztegia, promovido por Palacio de Arozteguía S.L., que contemplaba la construcción de 228 viviendas, un hotel y un campo de golf en Lekaroz, en el municipio de Baztán (Nafarroa).
La acampada fue organizada por el colectivo Aroztak, que ha realizado este martes una rueda de prensa junto a 300 personas en solidaridad frente al Palacio de Aroztegia (Lekaroz). Han recordado cómo en aquel momento, lograron paralizar la obra y a las empresas que las estaban realizando: “enviamos a Palacio de Arozteguia S.L., TEX y QUEIPO S.L. de vuelta a casa ¡Felicidades!”.
Desde entonces, denuncian que han recibido una represión sistemática, con años de “acoso judicial, policial y económico”. “Nos acusan de ser una organización criminal y se nos imputa un delito de coacciones por participar en la acampada de Aroztegia”, añadían en la rueda de prensa.
Las obras que se iban a realizar en 45 hectáreas de tierras agrícolas, muchas de agricultores y también tierras comunales, habrían afectado gravemente a la vegetación y el ecosistema de la región. Esto hizo que el proyecto fuera rechazado, primero en 2009, por un referéndum público de los vecinos y vecinas de Lekaroz, convocado por la asamblea municipal; y después en 2016, por otro referéndum convocado esta vez por la asamblea general de todo el municipio de Baztán. Aún así, el proyecto fue impuesto por el Gobierno de Nafarroa, dirigido desde 2019 ni más ni menos que por una coalición “progresista” de PSOE, Geroa Bai y Podemos (estos últimos hasta la elección de 2023).
Finalmente las obras fueron paralizadas por la movilización social, y el proyecto tuvo que ser retirado. Si bien, en la rueda de prensa, los activistas han recordado que la lucha continúa, hasta echar abajo el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), mecanismo por el que el Gobierno navarro pudo sortear las competencias municipales, y que se devuelvan las tierras cortadas a los agricultores y a la Asamblea General de Baztán.
"Tenemos claro que en este juicio político los ciudadanos quieren castigar su compromiso y capacidad de defenderse a sí mismos y a sus tierras. Quieren silenciarnos y no lo conseguirán", ha denunciado el colectivo Aroztak. En lo que es "un castigo contra todo un pueblo".
Una represión brutal que no cesa ¡Hay que dar una respuesta! ¡Gobierno PSOE y Sumar responsable!
Este caso de los siete de Aroztegia no es una excepción, sino otro ejemplo de los brutales métodos represivos que se están aplicando sobre activistas, sindicalistas, migrantes o políticos. La acampada de Aroztegia demostró cómo la movilización social puede plantar cara a la especulación urbanística y vencer, y para tratar de que estos ejemplos de lucha no se extiendan, recurren a la criminalización y la represión.
Lo estamos viendo con la sentencia del Supremo que hace unos meses condenó a 4 años y 9 meses de cárcel a cuatro de los seis jóvenes antifascistas de Zaragoza, por participar de una protesta contra Vox en 2019. A finales de este mes de junio se ratificaba la condena de 3 años y medio de prisión a las seis trabajadoras de La Suiza en Xixón, en un ataque brutal contra la organización obrera y la defensa frente a los abusos patronales. Y en los mismos días se conocía la condena a penas de hasta 5 años y medio de prisión a once activistas por irrumpir en un mitin de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero en 2021.
Tras nueve años de ley mordaza y de ofensiva represiva policial y judicial hace estragos en los movimientos sociales y las luchas sindicales. Frente a esto es necesario levantar la más amplia solidaridad entre todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales dispuestas a luchar en las calles, como muestra la pelea por la absolución de las "Seis de La Suiza" y los "Seis de Zaragoza".
Hay que extender y profundizar la movilización, por la libertad a todas las luchadoras y luchadores detenidos, contra la represión y contra el avance de una extrema derecha, que tiene una expresión muy clara en la judicatura y los cuerpos represivos.
Y enfrentar también al Gobierno del PSOE y Sumar, que es el responsable político. Responsable de los operativos policiales, las infiltraciones y las detenciones dirigidas desde el Ministerio de Interior y las Delegaciones del Gobierno; de mantener leyes represivas como la ley mordaza o la de extranjería, que garantizan la impunidad policial, el racismo institucional y la política criminal en las fronteras; o de garantizar la permanencia de la reaccionaria casta judicial, con pactos vergonzosos como el de la renovación del CGPJ con el PP. Mientras, además, ignora de manera despreciable las peticiones de indulto, como la realizada por los Seis de Zaragoza. ¡Nos tendrán enfrente!
¡Solidaridad con los siete de Aroztegia!
¡Absolución a todas las represaliadas por luchar!
¡Derogación de las leyes mordaza y de extranjería!
¡Abajo la casta judicial y los cuerpos represivos!
