El problema de la contaminación del agua en Arica lleva 10 días, y la empresa Aguas del Altiplano sigue pidiendo calma, mientras solo ha entregado soluciones parches. ¿Cual es el problema de fondo en la contaminación del agua?
Domingo 13 de octubre
Desde el jueves 3 de octubre el problema del agua contaminada llevó a que se estableciera una emergencia sanitaria en la ciudad. Las autoridades rápidamente llamaron a la población a que tuvieran calma, aun así, el problema persiste en el sentido que la alerta para no ingerir agua sigue estando vigente.
“No consumir agua de la llave ni preparar alimentos con ella como medida precautoria, pero sí puede ser usada para la descarga de servicios higiénicos y tareas de limpieza”, fueron las palabras de la SEREMI de salud.
Algunos diputados como Vlado Mirosevic, pero también autoridades han planteado “sanciones al agua del Altiplano”, pero muchas veces esto pasan a ser multas que para el negocio que llevan estas empresas, no son un problema. Si bien no se ha propuesto quitar la concesión por parte de las autoridades como sí sucedió con Enel(empresa eléctrica) en Santiago, el problema es más profundo. Se intenta crear la idea de que otra empresa podría “hacer un mejor trabajo”, pero de fondo es que, sea el empresario que sea, el agua y nuestros recursos básicos seguirán siendo un negocio para algunos.
Para comprender el problema del agua en Chile es necesario que conozcamos un poco de la historia de su legislación y sobre todo, a quienes beneficia esta legislación.
El agua como un negocio
El Decreto Ley 2603 de 1979 restableció la propiedad privada de los derechos de agua, incluyéndose de forma expresa en la legislación y a nivel constitucional: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la Ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Desde entonces, los derechos de agua son plenamente propiedad privada, protegidos por ley, y su revocación sólo puede hacerse mediante expropiación, con una “indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado”. Es decir, los dueños pueden usarlas, venderlas, arrendarlas y especular con ellas.
El Código de Aguas de 1981 separó la propiedad de la tierra de la de las aguas, permitiendo que los derechos de agua se obtuvieran sin necesidad de justificar su uso. Estos derechos, obtenidos de manera gratuita o rematados en caso de múltiples solicitantes, pueden ser comercializados sin autorización. Se eliminaron los usos prioritarios y ahora el mercado, según la ganancia, determina su uso. Además, se estableció que los derechos de agua fueran perpetuos, sin plazos ni causales de caducidad. La resolución de conflictos quedó en manos de la negociación privada y los tribunales.
Su promulgación desató la competencia por el nuevo negocio, acaparado por quienes tenían contactos, información privilegiada y cercanía con el régimen dictatorial y la transición pactada, incluyendo el pinochetismo y la Concertación.
La estatización de Aguas del Altiplano y la renacionalización del agua como un recurso básico
Lejos de las soluciones parches que entregan los políticos de la derecha, y el gobierno (Frente Amplio, Partido Comunista y ex Concertación), ninguno se quiere meter a discutir el problema de fondo del agua en Chile. Las sanciones a la empresa, o el fin de la licitación de Aguas del Altiplano, no pueden ser las únicas alternativas para abordar esta situación. Los reclamos por parte de la población son múltiples. Hay mucho malestar con la empresa, pero otra empresa bajo la misma lógica del mercado, no es la solución.
Para enfrentar el negocio del agua y de nuestros recursos naturales, necesitamos levantar una gran pelea por la renacionalización del agua y los bienes comunes naturales, pero no para que sean administrados por una burocracia estatal, sino bajo control de los trabajadores y las comunidades. De la misma forma, hay que plantear la estatización de Aguas del Altiplano, el sueño errado de muchos liberales que plantean que un servicio privado es mucho mejor, se desmorona ante la realidad. Pero la gestión del agua debe quedar en manos de sus trabajadores, especialistas y técnicos, junto a la población. Es la única forma de poder acabar con el negocio que los grandes empresarios hacen de nuestros recursos básicos.
