Con años de lucha y organización los vecinos de Andalgalá consiguieron un favor favorable para seguir investigando a los funcionarios que habilitaron la megaminería en una zona de glaciares y periglaciares.
Viernes 30 de agosto 12:10
Foto archivo. Caminatas por la vida, Andalgalá
La Cámara Federal de Casación Penal Sala 1, máximo tribunal penal del país, dictaminó que se reabra la causa y se siga investigando la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los directores de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
En 2019, los activistas y vecinos de Andalgalá denunciaron en Comodoro Py a Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau por haber firmado los Memorandum de Entendimientos de unificación de los yacimientos Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) desconociendo la existencia de glaciares y ambientes periglaciares en la cuenca del Río Andalgalá, en Catamarca.
La ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares estipula claramente la prohibición en estas zonas de actividades que los ponen en peligro como la megaminería. YMAD es una empresa interestatal por lo cual sus funcionarios están obligados a cumplir con estas normativas y evitar actividades económicas que pueden afectar derechos humanos.
La decisión de Casación suscripta por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar es un revés para la megaminería. La jueza María Servini que había dictado el sobreseimiento llegó a afirmar que la zona de explotación del yacimiento “Agua Rica” no era un área de glaciares.
Sin embargo, en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) informaba que en la cuenca y subcuenca del río Andalgalá se inventariaron 26 cuerpos de hielo, de los que aún falta la verificación en el terreno.
Los activistas, vecinos de Andalgalá, relatan la importancia de su lucha: “desde hace más de 20 años hemos venido llevando a cabo diferentes tipos de acciones para defender a nuestro pueblo y, más allá de las más de 760 caminatas por la vida que realizamos todos los sábados, también iniciamos acciones judiciales contra las empresas mineras y el gobierno de Catamarca”.
Participaron de la audiencia junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel de la SERPAJ, y Myriam Bregman, abogada del CEPRODH que presentaron un amicus curiae. Además, los acompañaron los abogados Dra. Mariana Katz y Dr. Gustavo Franquet y las organizaciones Diálogo 2000, Pro Eco Grupo Ecologista, Amigos de la Tierra y la Gremial de Abogados, junto a muchas personas que colaboraron desinteresadamente con la causa.
A pesar de los intentos por reprimir y callar esta pelea, la organización férrea de la Asamblea El Algarrobo y la coordinación con otros sectores en lucha resultó fundamental para conseguir que se reabra la causa.
En el fallo, el juez Slokar se refirió a la prevención en materia ambiental como un cuestión relevante “cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras” y remarcó lo que se señala desde los pueblos afectados hace años, que la “consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos”.
Es un contexto en el que avanza el extractivismo con enormes beneficios como el RIGI, estas peleas se van a seguir profundizan y fortalecer la organización y coordinación se vuelve cada vez más necesario.
