De la Guerra de Malvinas al final de la dictadura. Una lectura glotopolítica del manual de estilo de la agencia oficial de noticias Télam
Lunes 1ro de abril 20:15
Foto tomada por la Agencia Télam en 1982.
Compartimos el artículo de Daniela Lauria, doctora en Lingüística e investigadora del CONICET y Andrés Buisán, profesor en Letras de la UBA, especialistas en el estudio del discurso político y las políticas del lenguaje en el que ofrecen una adaptación de su estudio acerca del Manual de estilo utilizado por Télam al año siguiente de finalizada la Guerra de Malvinas.
La perspectiva glotopolítica
Los fenómenos de la comunicación y el lenguaje no son ajenos a un análisis político. Muy por el contrario, “la objetividad de la noticia” y “el uso correcto de la lengua” son frases que se pueden desnaturalizar a través de un análisis ideológico- discursivo. En el artículo que presentamos, abordamos el Manual de normas elementales de estilo aplicables a la redacción periodística de la Agencia Télam, publicado en agosto de 1983 a partir del enfoque glotopolítico. Esta perspectiva estudia las intervenciones en el espacio público del lenguaje asociándolas con posiciones sociales y espacios institucionales e indaga en los modos en que aquellas, sostenidas por ideologías lingüísticas, participan en la instauración, reproducción, transformación o subversión de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. Desde esta perspectiva crítica, los instrumentos lingüísticos como son los manuales de estilo se conciben como gestos glotopolíticos, que son siempre el resultado de una elaboración situada socio-históricamente y que, por ende, son funcionales a ciertos intereses de quienes (agentes e instituciones) los confeccionan (Del Valle, Lauría, Oroño y Rojas, 2021 y Lauría, 2022).
El gobierno de facto y la situación de la prensa en el período final de la dictadura
El 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina el último golpe de estado cívico-militar. La Junta Militar que tomó por la fuerza el gobierno instauró el terrorismo de Estado a través de la violación sistemática de los derechos humanos, las proscripciones políticas y sindicales, las prácticas de tortura, la desaparición de personas, los exilios forzados, la censura política, cultural y periodística, [1] la intervención de la educación pública, entre otras medidas coercitivas y represivas. [2]
La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, según la cual las fronteras serían ideológicas, por lo que el enemigo pasó a estar dentro del territorio y se lo caracterizó a partir de sus ideas relacionadas con el comunismo y con la alteración del orden “patriótico y cristiano”, se profundizó durante el proceso autodenominado de “Reorganización Nacional”, ya que la persecución, represión, desaparición y tortura de todo aquel considerado peligroso para el orden público fue parte de un plan sistemático. En ese contexto, el cine y los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, [3] y la prensa gráfica jugaron un rol central en la legitimación u ocultamiento de esas acciones. [4]
Sin embargo, el gobierno de facto comenzó a ser cuestionado al poco tiempo, tanto por las denuncias de los exiliados ante organismos internacionales, como por algunos medios locales [5] e, incluso, del extranjero. Además de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, la dictadura se vio afectada por una crisis y recesión económica grave que llevó a que el 30 de marzo de 1982 se realizase una gran movilización popular (la mayor durante la dictadura) a Plaza de Mayo liderada por la CGT bajo la consigna “Pan, paz y trabajo”. La manifestación fue duramente reprimida y dejó como saldo detenidos y heridos. [6]
En ese contexto de denuncias y crisis, el gobierno decidió ocupar las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Según Molinaro (2013: 61), “fue la última oportunidad de los militares para recuperar el consenso perdido apelando al nacionalismo de la sociedad”.
Durante la Guerra de Malvinas, presionado por el gobierno de facto, la mayor parte del periodismo reprodujo una versión triunfalista, anclada en el nacionalismo, que favoreció el apoyo de la sociedad. Escudero Chauvel (1996: 63) sugiere la hipótesis del “síndrome de permeabilidad de la información” (complementario al “síndrome de malvinización de la información”), según el cual la casi totalidad de la información de los principales periódicos nacionales (especialmente Clarín y La Nación) y de los semanarios se encontraba en relación directa con la situación, por lo que el lector quedaba “prácticamente ‘prisionero’ del discurso de guerra”. Debido a que el conflicto bélico se agravó hacia fines de abril, el Estado Mayor dispuso el control de la información por “razones de seguridad nacional” mediante un decreto, cuyo artículo 1 establece:
Todas las informaciones y las noticias provenientes del exterior, cualquiera sea su origen, utilizadas por los medios, y toda información difundida por los medios orales, escritos o televisivos, relacionadas de algún modo a las operaciones militares y a la seguridad nacional, están sujetas al control del estado Mayor (Citado en Escudero Chauvel 1996: 106).
En este sentido, Ulanovsky (1997: 297) destaca que en las conferencias de prensa se proponían lemas como “No tenemos bajas”, “Esta es la guerra de todos” o “Estamos ganando”. Para el autor, esta “línea se mantuvo incluso después de la derrota, cuando los medios evitaron a costa de varios eufemismos el uso del término ‘rendición’: ‘cese el fuego’, ‘firma de un acta para retirar las tropas’, etc.”. La interpretación triunfalista y la derrota matizada se disolvieron abruptamente terminada la guerra, cuando salieron a la luz los verdaderos y lamentables resultados de la contienda. Por un lado, el desengaño produjo como resultado una gran pérdida de credibilidad en el periodismo. Por otro, y, en términos más amplios, se aceleró el fin del gobierno militar, lo que provocó el advenimiento de la democracia.
En ese marco, dos meses antes de que se celebraran las elecciones en agosto de 1983, Télam publicó el Manual de normas elementales de estilo aplicables a la redacción periodística de la Agencia Télam. Como veremos, este material se alinea con la Ley 22924 de Pacificación Nacional, conocida como “Ley de Autoamnistía”, que pretendía justificar el accionar del gobierno militar con el fin de quitarse responsabilidad en su plan represivo sistemático.
Marco institucional: la agencia de noticias oficial Télam
La agencia informativa Télam (acrónimo de Telenoticiosa Americana), órgano de difusión de noticias oficial del Estado argentino, se creó el 14 de abril de 1945. Fue una iniciativa del entonces Vicepresidente y Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación, Juan Domingo Perón, durante el gobierno de facto de Edelmiro Farrell (1944-1946). Se constituyó como una compañía mixta ya que sus capitales eran estatales y privados. Formalmente, sus actividades comenzaron en octubre de ese año. Tres años después, ya contaba con una cobertura de alcance nacional gracias a los cables que se enviaban por telégrafo y teléfono. Dos cuestiones fueron centrales en su creación: para Bargach y Suárez (2019: 48), la decisión política de crear la agencia se vinculó con la idea de que se proveyeran noticias a los medios argentinos producidas “con ojos nacionales”; por su parte, para Sabanés (2014), la fundación de la agencia se debió fundamentalmente a quebrar el monopolio informativo que ejercían entonces en la Argentina y en América Latina dos agencias estadounidenses: Associated Press (AP), fundada en 1846, y United Press International (UPI), creada en 1907.
A lo largo de su vida, Télam acompañó los vaivenes políticos nacionales como también los cambios que se produjeron en las políticas de comunicación e información que se desarrollaron a nivel mundial. Muestras de estos vaivenes son su cierre durante la Revolución Libertadora (1955), el pase a manos privadas durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), la clausura durante el gobierno de facto de José María Guido (1962-1963), la reapertura en la gestión democrática de Arturo Umberto Illia (1963-1966) y la reestatización en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970)).
En la última dictadura cívico militar, Télam devino en un organismo que operó como una pieza clave del aparato estatal montado al servicio de la regulación y la vigilancia informativa. [7] Su director-interventor era el Coronel Rafael Benjamín del Piano que había sido designado por el entonces Presidente de facto General Jorge Rafael Videla en 1978 y dejaría su cargo recién en diciembre de 1983, una vez que Raúl Alfonsín se hiciera cargo del Poder Ejecutivo al ganar las elecciones de octubre de ese año.
En cuanto a la Guerra de Malvinas, solamente dos periodistas de Télam, Diego Pérez Andrade y Carlos García Melod, junto con tres fotógrafos, Eduardo Navone, Eduardo Farré y Román von Ekstein, fueron autorizados a cubrir el conflicto desde el lugar de los hechos. En términos generales, las fuentes que proveían información desde las islas eran escasas y estaban rigurosamente controladas por el poder militar. Lo poco que se publicaba en la prensa o lo que se transmitía por televisión o radio a través de los medios públicos debía pasar indefectiblemente por el filtro de las FF.AA.
Durante gran parte de la guerra, enterarse de lo que realmente estaba ocurriendo resultaba muy difícil dado que la información era encubierta, falseada y tergiversada. Sobre este punto, Bargach y Suárez (2019: 211) afirman: “Télam participó de la comunicación oficial militar sin expresar matiz alguno. Y fue un eslabón importante en la campaña de distorsión de la información durante la guerra de Malvinas”. Concretamente, la agencia no podía dar a conocer los resultados negativos de los combates ni mucho menos difundir la existencia de bajas del lado argentino. [8] Sin embargo, los periodistas (2019: 212) explican que, si bien en la redacción central todos los datos que se proporcionaban eran supervisados, los periodistas que allí trabajaban sabían con precisión cuál era la situación porque recibían los cables de las agencias internacionales. [9]
Las políticas del lenguaje durante la última dictadura
La mirada tradicionalista y esencialista sobre el idioma y la cultura nacional, además de estar sostenida por el aparato de censura, se plasmó en el decreto reglamentario de la Ley 22285 de Radiodifusión de 1980 que, en lo relativo al uso del idioma, establece, en su artículo 15, que “Las emisiones de radiodifusión se difundirán en idioma castellano. Las que se difundan en otras lenguas deberán ser traducidas simultánea o consecutivamente”, a excepción de letras de canciones, programas destinados a enseñanza de lenguas extranjeras o de colectividades migrantes y en los que se usen “lenguas aborígenes”.
Al año siguiente se sancionará el Decreto Nacional 286/81 que es un texto anexo reglamentario de la Ley 22285 de Radiodifusión. En el primer artículo se establecen las medidas cada vez más estrictas, tanto sobre la forma como sobre el contenido, y se acentúa la ideología nacionalista. En el inciso d), se aclara que se deberá “Utilizar el idioma castellano respetando sus ordenamientos semántico y gramatical”.
Por otro lado, Zaccari (2010) examina la Ley 21795 de 1978, que establece que para que un extranjero se nacionalice, debe residir dos años en el país y debe acreditar “saber leer, escribir y expresarse en forma inteligible en el idioma nacional” (2010: 375). Así, la lengua es uno de los atributos esenciales de lo nacional.
Por otra parte, López García (2015), quien analiza la política lingüística de la dictadura en relación con los materiales educativos, afirma que hubo una ideología nacionalista que “ancló en el hispanismo, el catolicismo”, cuyas marcas de lo nacional se vinculaban con el léxico rural, del folclore y de las costumbres (p. 89). Específicamente, sobre la Guerra de Malvinas, la autora (2015: 90) sostiene que “se buscó ejercitar a través de políticas sobre el lenguaje las estrategias simbólicas de oposición ante Inglaterra.”. Para esto, se establecieron “fuertes disposiciones que obligaban el doblaje al español, y en la prohibición de lenguas extranjeras en carteles de la vía pública y de letras en inglés de canciones en radio y televisión.”
A partir de las acciones normativas mencionadas, afirmamos que la política del lenguaje del período se caracteriza por el predominio de una ideología nacionalista e hispanista, consecuente esta última con los planteos lingüístico-ideológicos de la Real Academia Española (RAE). Este apego a las normas puristas y casticistas se exacerba durante la Guerra de Malvinas con la proscripción de cartelería en la vía pública en lenguas extranjeras, por un lado, y con la imposición de no poder pasar canciones en inglés en la radio ni en la televisión, por otro.
El manual de estilo de Télam
Un año después de la previsible y dramática derrota en Malvinas, en agosto de 1983, la agencia de noticias dio a conocer su primer libro de estilo: el Manual de normas elementales de estilo aplicables a la redacción periodística de la Agencia Télam (en adelante, Manual). El Manual fue redactado en la Secretaría de redacción de la institución. Según se declara, toma como fuentes de autoridad los manuales de otras agencias de noticias como AP y UPI, y ANSA, la agencia italiana fundada en 1945. En ese momento, Télam era una sociedad anónima por lo que se señala que si bien se “(…) le permite tratar los distintos temas, sean nacionales o internacionales, con la más absoluta libertad, aunque sí, con prudencia” (p. 7), es necesario que “tenga un estilo propio y homogéneo, estableciendo ciertos parámetros a los cuales habrá que ajustarse para instalarse en el orden nacional e internacional con un estilo periodístico definido” (p. 5).
El Manual está dividido en dos grandes partes: la primera, destinada a aspectos textuales de la elaboración del género discursivo noticia, como su estructuración, la progresión de la información y la extensión; además de referir cuestiones generales vinculadas con la labor periodística, con foco en su dimensión ética. La segunda se centra en cuestiones ortográficas, gramaticales y léxicas, entre los aspectos que se destacan está la “Correspondencia entre los grados militares y los de las fuerzas de seguridad”.
a) Regulación de la conducta y la ética periodísticas
El Manual es contundente en cómo tiene que actuar la prensa en el afán de querer recuperar la credibilidad duramente afectada después de Malvinas. Desde la “Introducción” se deja claro su objetivo de revertir la situación de desconfianza que había teñido el accionar de los medios, especialmente de los públicos. En ese sentido, se afirma que su finalidad es “(…) lograr uniformidad en el modo de redactar las noticias por parte de todos los periodistas que integran la redacción de la Agencia, evitando la anarquía que se produce ante las distintas posibilidades que se presentan para escribir una misma información” (p. 5). De allí que se caracterice al Manual, usando una metáfora policial o militar, como una “norma de procedimiento” (p. 5) para evitar justamente la “anarquía”, el caos. No obstante, unas líneas más adelante se matiza tal categorización al señalar que las normas no son rígidas sino que son una “guía” (p. 6), de “orientación general” (p. 6) ya que no se pretende coartar la libertad de los redactores, encasillando sus textos con reglas fijas: “(…) estas normas no evitan tener que pensar y saber discernir sobre la valoración de cada noticia” (p. 5).
En cuanto a la ética periodística, el Manual asegura que, para lograr que la opinión pública brinde a Télam un alto grado de confiabilidad y para consolidar la credibilidad informativa, se deben aplicar unos “principios morales” (p. 8), cuyo impacto se vea expresado en dos frentes: por una parte, la tarea “(…) debe hacerse en forma realista, objetiva, precisa, rápida y fundamentalmente veraz” (p. 8) y, por otra, se debe tener lealtad con el lector, ser positivos y no negativos, escribir como se habla, ser imparcial, proteger el interés público y respetar la libertad de prensa aunque −se aclara− que esto no significa publicar lo impropio, lo malévolo o lo ilegal.
Las acciones que se proponen son:
Para alcanzar tales objetivos, se debe tener en cuenta una serie de obligaciones como son la obtención de la noticia por medios honorables, es decir, sin la apelación a ninguna clase de subterfugios; guardar secreto de las confidencias que se obtengan; no comprometerse con regalos ni favores ni recibir dádivas; no violar la propiedad privada de las personas involucradas; identificar a quienes figuren en las noticias; respetar la dignidad del tema y limitar el componente sensacionalista.
b) Regulación lingüística y discursiva
En esta dimensión, se siguen los lineamientos normativos promovidos por la RAE, en particular en su diccionario (DRAE). Otras fuentes de consulta son el diccionario de dudas idiomáticas del lingüista español (y miembro de la Academia española) Manuel Seco [10] y el libro El español de la Argentina de Berta Elena Vidal de Battini publicado por primera vez en la década del cincuenta por el Consejo Nacional de Educación y destinado a maestros de escuela primaria de todo el país, por lo que tiene un riguroso componente prescriptivo (llegando a veces incluso a la proscripción) sobre los usos lingüísticos considerados incorrectos que deben ser desaprobados, entre ellos, el uso del voseo tanto pronominal como verbal.
Con el propósito de buscar en la redacción de las noticias un “estilo simple, llano y correcto del idioma castellano”, se acentúa la dimensión prescriptiva, aun cuando se recomendaba “escribir como se habla”. Las pautas que se exponen son las siguientes:
1) En el nivel léxico, se instituye que se deben evitar:
También se fija el uso de ciertos gentilicios (israelí/israelita; indio/hindú) y la precisión de significado, sobre todo en el caso de los verbos (se deben emplear verbos de acción o de movimiento en lugar de estáticos como, por ejemplo, aumentar vs. ser; y delimitar el alcance distintivo de sentido entre oír/escuchar y penetrar/entrar/ingresar).
2) En el nivel morfosintáctico, se adopta un formato de cuadro de doble entrada: “No escribir” / “Debe redactarse así” o, como alternativa, “Usos correctos” / “usos incorrectos”. Algunos fenómenos que se listan son: dequeísmo, gerundio, oraciones impersonales con el verbo “haber”, preposiciones, y pronombres posesivos (“delante mío”) y relativos (cuyo, quien).
3) En el nivel ortográfico, los fenómenos regulados son: siglas y abreviaturas, toponimia, escritura de números, títulos honoríficos y nobiliarios, uso de mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación, entre otros.
c. Memoria y efecto de evidencia en los ejemplos
Al analizar los ejemplos de la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos de Andrés Bello publicada en 1847, Arnoux (2008: 296) sostiene que estos no sólo cumplen la función de ilustrar la regla gramatical, sino que también buscan ser ejemplares en el “campo social”, ya que constituyen “reglas y modelos de conducta moral, cívica o religiosa”. Y, más adelante, añade que las frases elegidas, que pueden ser refranes, sentencias, máximas o enunciados patrióticos, “conforman un entramado cuyo recorte, textura y condensación en torno a ciertos ejes temáticos remiten a la ideología de una clase en un momento histórico” (2008: 296). En el Manual algunos de los ejemplos que acompañan las reglas enunciadas, cuyo sentido convoca connotaciones ideológicas de una “memoria militar”, esto es, ciertos elementos de la Doctrina de Seguridad Nacional y medidas políticas y económicas ejecutadas por el gobierno militar, son los siguientes, agrupados en cuatro categorías:
Con los ejemplos, se procura dar un efecto de evidencia que busca legitimar el lugar institucional de la junta dictatorial, fijar un enemigo y resaltar acciones positivas.
Consideraciones finales
El interrogante que cierra este trabajo es ¿cómo se vinculan las ideologías lingüísticas con las ideologías políticas del período histórico estudiado? Esta pregunta se puede reformular también en clave glotopolítica inquiriendo cuál es el sentido histórico y la función social del Manual de estilo de Télam después de la derrota en Malvinas y unos pocos meses antes de las elecciones democráticas de 1983. Tres son las ideas que queremos subrayar.
Primero, en lo que respecta a la regulación de la lengua observamos una continuidad con las políticas lingüísticas nacionalistas (sustentadas en el purismo y en el casticismo hispánicos) que se implementaron durante la dictadura, y que se exacerbaron durante la Guerra de Malvinas. Estas intervenciones se asientan en la identificación tradicional entre lengua, nación y Estado.
Segundo, y ya teniendo en cuenta la coyuntura de posguerra, es decir, en un contexto de pérdida de credibilidad de la prensa y de inminente caída de la dictadura, se procuró revertir tanto la representación negativa de los medios gráficos como del accionar del gobierno de facto. De hecho, en septiembre de 1983, unas pocas semanas después de la publicación del Manual analizado, se promulgó la Ley 22924 de Pacificación Nacional, conocida como “Ley de Autoamnistía”, que es una suerte de búsqueda de “lavada de cara del accionar militar”, y que tiene su correlato, como mostramos, en el análisis de los ejemplos de uso.
Finalmente, las intervenciones sobre el espacio público del lenguaje están asociadas a posiciones políticas. En el caso estudiado, se anuda con el accionar tanto retrospectivo como prospectivo del régimen militar, es decir, había una preocupación en torno a qué iba a suceder con quienes habían participado y habían tenido poder de decisión y de ejecución en él. Afortunadamente, en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas, un proceso judicial histórico e inédito en América Latina, en el que se condenó a los principales integrantes de las juntas militares.
Bibliografía
ARNOUX, E. N. de. Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 1842-1862). Estudio glotopolítico. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2008.
BARGACH, A. y SUÁREZ, M. Télam. El hecho maldito del periodismo argentino. Buenos Aires: Mil campanas, 2019.
BETTENDORFF, P. y CHIAVARINO, N. Discurso y control cultural en Argentina. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2021.
DEL VALLE, J.; LAURIA, D.; OROÑO, M. y ROJAS, D. (eds.). Autorretrato de un idioma. Madrid: Lengua de Trapo, 2021.
ESCUDERO CHAUVEL, L. Malvinas: el gran relato. Barcelona: Gedisa, 1996.
LAURIA, D. Lengua y política. Buenos Aires: Eudeba, 2022.
LÓPEZ GARCÍA, M. Nosotros, vosotros, ellos. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2015.
MOLINARO, L. Demonización y Reconciliación Nacional. Buenos Aires: Colisión Libros, 2013.
SABANÉS, L. “El surgimiento y el desarrollo de la agencia de noticias Télam en el marco de las políticas internacionales de comunicación”. Questión, 42: 392-404, 2014.
ULANOVSKY, C. Paren las rotativas. Buenos Aires: Espasa, 1997.
VARELA, M. “Los medios de comunicación durante la dictadura: entre la banalidad y la censura”. Camouflage Comics. Censorship, Comics, Culture and the Arts, s/p, 2005. VITALE, M. A. (comp.). Rutinas del mal. Buenos Aires: Eudeba, 2022.
ZACCARI, V. “Sobre la regulación de la ciudadanía. Análisis del objeto discursivo ‘idioma nacional’ en textos normativos”. En ARNOUX, E. N. de y BEIN, R. (comp.). La regulación política de las prácticas lingüísticas. Buenos Aires: Eudeba, 2010, pp. 361-394.
Acerca de los autores
Andrés Buisán es profesor en Letras (UBA), docente en el Ciclo Básico Común, y en Taller, Escuela, Agencia (TEA). Trabajó en institutos terciarios y universidades nacionales. Le interesa el estudio del discurso político, la glotopolítica y el periodismo narrativo. [email protected]
Daniela Lauria es profesora y Licenciada en Letras, Magíster en Análisis del Discurso y Doctora en Lingüística (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Es investigadora del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se centra en el estudio de las políticas del lenguaje en la Argentina y en América Latina tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea.
[1] V. VARELA (2005).
[2] V. sobre este tema BETTENDORFF Y CHIAVARINO (2021) y VITALE (2022).
[3] VARELA (2005) sostiene que la censura se aplicó de modo diferente en distintos medios. En el caso de la televisión, las diversas fuerzas se distribuyeron los canales y crearon la figura del “asesor literario”, que controlaba los guiones. En cine y radio la censura fue más directa.
[4] En el artículo original comentamos en detalle los comunicados y acciones militares respecto de los medios, así como el rol que estos tuvieron y los gestos de denuncia y resistencia: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras/article/view/16629.
[5] El diario La Opinión tuvo una postura crítica que derivó en su clausura. Además, su director, el periodista Jacobo Timerman, fue secuestrado y estuvo detenido clandestinamente entre 1976 y 1980. Otro caso representativo fue el exilio forzado que emprendió Robert Cox, director del Buenos Aires Herald.
[6] Hubo también marchas en Rosario, Neuquén, Mar del Plata y Mendoza. En esta última ciudad, hubo un muerto por los enfrentamientos.
[7] Durante la dictadura, se quemó parte del archivo periodístico y fotográfico de la institución.
[8] El 8 de septiembre de 2022 se estrenó el documental “Los medios de la guerra” coproducido por Télam y Radio y Televisión Argentina que aborda la participación de los medios nacionales y extranjeros en el escenario bélico.
[9] En su investigación, ESCUDERO CHAUVEL (1996) sostiene que Clarín y La Nación no utilizaron a Télam, sino que recurrieron a agencias extranjeras.
[10] Se trata del Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, cuya primera edición es de 1961.
