Rezago-abandono escolar. ¿A quién beneficia la política de la SEP de “pasar” a todxs?

En dicho acuerdo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruye a las y los docentes no registrar una calificación inferior a 6, es decir, no reprobar a casi ningún estudiante, sólo deja sin calificación numérica a quienes no tuvieron comunicación con el personal escolar desde su inscripción o en dos periodos de evaluación de los tres que conforman el ciclo escolar.

Este mismo documento pretende facilitar que las y los estudiantes se regularicen durante el primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023, en caso de que se reincorporen a las escuelas, pero sin modificar las condiciones que provocaron el abandono.

En el marco de la crisis social y educativa que se agudizó con la pandemia, estas directrices son vistas por muchos docentes, con razón, como una simulación para ocultar la carencia de una estrategia que revierta el rezago y la deserción de aproximadamente 1 millón 300 mil estudiantes entre los ciclos escolares de 2020 a 2022, según estimaciones.

Algunos más reclaman que se pasa por encima de su autoridad, a la vez que les confieren la enorme responsabilidad de solventar el rezago de estudiantes que tienen una gran desigualdad en sus aprendizajes.

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¿Cuáles son las causas del rezago y la deserción?

No se trata sólo de una situación académica. Existen muchos casos de ansiedad o depresión de estudiantes con dificultad para emprender un trabajo o para encontrar un sentido a la escuela, porque no lo encuentran para sus propias vidas.

La pandemia vino a profundizar la decadencia de una sociedad que necesita ser revolucionada: la crisis climática, el recrudecimiento de la violencia, la profundización de la pobreza que va de la mano con el encarecimiento de los servicios sociales, como el sistema de salud. Lo cual ha provocado que el acompañamiento familiar a las y los estudiantes en su proceso educativo sea aún más escaso, que las familias cuenten con menos recursos para materiales, libros, acceso a la cultura, etc., o que muches estudiantes deban abandonar sus estudios para aportar económicamente a sus familias. Condiciones que no se revertirán poniéndoles un 6 o un 10.

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Evaluación y educación

La pertinencia de la evaluación cuantitativa (asignar un número) ha causado debate a partir de los nuevos enfoques educativos. El sexenio pasado, durante la administración peñanietista, bajo el concepto de ‘evaluación formativa’ –que pretende tomar en cuenta la observación y valoración por parte de las y los docentes de los procesos que las y los estudiantes llevan a cabo al realizar las actividades escolares, y no únicamente el resultado de los exámenes o trabajos– se comenzó a implementar una evaluación alternativa en los llamados ’clubes’ de secundaria que mediante rúbricas establecía diferentes niveles (I, II, III y IV) que valoraban la suficiencia de las habilidades adquiridas.

A la par que se planteó la posibilidad de generalizar este esquema de evaluación en la educación básica, reemplazando la boleta de calificaciones por una cartilla que expresara los niveles de desempeño alcanzados por las y los alumnos. Sin embargo, esto no sucedió.

A su vez, las evaluaciones estandarizadas que parten de lo que organismos internacionales, como la OCDE, imponen a los países como aprendizajes indispensables en función de las necesidades del mercado laboral, son numéricas.

No contamos con un modelo educativo que tome en cuenta la individualidad del proceso educativo de cada estudiante ni sus modos de aprendizaje porque eso exigiría al Estado garantizar las condiciones sociales y escolares, materiales y pedagógicas para su realización.

La administración actual continuó asignando un magro presupuesto a la educación pública y ha seguido permitiendo la injerencia de empresas privadas, sin mejorar sustancialmente la infraestructura ni el equipamiento escolar, sin dotar a las escuelas de recursos ni personal suficiente, sin incrementar el presupuesto para programas de mejora académica y recortando el rubro para la capacitación docente.

Aunque amplió significativamente la cobertura del programa de becas, indispensables para que niñes y jóvenes puedan seguir estudiando en medio del empobrecimiento de la clase trabajadora, estas no son suficientes para garantizarles un presente adecuado ni un futuro próspero, dejando esta política en un mecanismo para el proselitismo del partido en el poder, lejos de resolver el problema de fondo.

Por si fuera poco, seguimos careciendo de condiciones sanitarias seguras en las escuelas, mismas que se abrieron con la supuesta finalidad de superar el rezago que trajo la estrategia de mantener el ciclo escolar a distancia sin recursos para garantizar que ‘nadie quedara fuera’, pero en realidad buscaba avanzar con la imposición de la ’nueva normalidad’ en interés de los empresarios.

¿Aprobar o reprobar?

Es una falsa discusión centrar en este tema el debate, lo que hay que cuestionar de fondo es qué se requiere para fomentar la motivación por el estudio y para que las y los estudiantes efectivamente aprendan, como es contar con condiciones escolares dignas que les permitan desarrollarse en todos los aspectos de su vida.

No reprobar no evita las enormes carencias y duras realidades que padecen las y los estudiantes. Para ello, se deben tener en cuenta las condiciones en que viven; por eso, las y los docentes de Nuestra Clase denunciamos la falta de un programa que impidiera los despidos y los recortes salariales a los que fueron sometidos miles de trabajadores durante la pandemia, justo cuando más necesitaban el recurso económico para paliar los embates de la salud que se llevó a tantas cabezas de familia.

Recuperar de la deserción y el rezago a las y los estudiantes no será posible sin un plan integral al servicio de las familias trabajadoras y sus hijes. Que contemple mayor presupuesto para la educación, así como condiciones dignas y derechos laborales plenos para todxs lxs trabajadores de la educación; contrario al recorte al descanso implementado por la SEP, que no beneficia ni a trabajadores ni a estudiantes. La construcción de más escuelas para evitar las condiciones inseguras provocadas por el hacinamiento, que docentes tengamos tiempo destinado como parte de nuestra jornada laboral para atender situaciones particulares de nuestres estudiantes, además de personal de salud y psicología en las escuelas.

¿Cómo podemos financiar la educación que necesitamos?

Dejando de pagar la deuda externa para asignar ese presupuesto a la educación, cobrando impuestos progresivos a las grandes fortunas que se benefician de la mano de obra de las familias de millones de estudiantes. Lograr esto no será una cuestión de convencimiento pacífico, pues va en contra de los intereses de enriquecimiento de empresarios y banqueros; por eso, docentes y administrativos, madres, padres de familia y tutores tenemos que unirnos y movilizarnos para exigir al gobierno que garantice una educación digna a las familias trabajadoras.