Opinión. ¿A quiénes representa el Comité Cívico Pro Santa Cruz?

En toda sociedad de clases, las instituciones de la superestructura representan intereses de clase, si bien instrumentalizan consignas de interés regional como arengas de unidad de ‘todo el pueblo cruceño’, el Comité Pro Santa Cruz [1] desde su fundación representa los intereses del conjunto de la burguesía cruceña. Los inicios formales del Comité Pro Santa Cruz se encuentran en una convocatoria hecha por la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en 1950 bajo el pretexto de impulsar el desarrollo regional, es decir generar las condiciones de integración vía carretera y ferroviaria que faciliten el crecimiento de la burguesía local, y en ese sentido el empresario agroindustrial Ramón Darío Gutiérrez fue nombrado el primer presidente del Comité.

Entre los ex presidentes de los cívicos cruceños se encuentran personajes como Sigfredo Montero Velasco, militar que participó del gobierno de facto de Barrientos; Oscar Román Vaca, posteriormente nombrado prefecto del departamento durante la dictadura de García Meza; José Luis Camacho Parada, padre de Luis Fernando Camacho, paramilitar durante el banzerismo y financiador del golpe de Estado de 2019 (como lo expuso su propio hijo); Percy Fernández Áñez, quien llegó a ser alcalde de Santa Cruz durante 15 años y conocido por sus acciones machistas en actos oficiales; Jorge Landívar Roca, empresario y ministro durante el segundo gobierno del fallecido dictador Banzer; Guillermo Kenning Voss, empresario e integrante público de la Falange Socialista Boliviana; Freddy Terrazas Salas y Lorgio Paz Stelzer, ambos prefectos nombrados por Banzer; Rubén Costas Aguilera, quien fue durante 15 años gobernador departamental; y Branko Marinkovic Jovicevic, banquero y agroindustrial quien fue ministro de la dictadura de Áñez.

El brazo paramilitar del Comité Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista fue protagonista de la intervención armada a la UAGRM en el golpe de Estado de 1971, de los ataques racistas y antipopulares durante la asonada cívico-prefectural (2007-2008), del golpe de Estado de 2019, de la reciente quema y toma de la Federación Campesina (FSUTCSC) y de la Central Obrera Departamental (COD). A pesar de haber sido caracterizados por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como “una especie de grupo paramilitar” [2], gozan de impunidad de parte del gobierno del MAS-IPSP.

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¿Cómo se organiza el ‘gobierno moral’ de los cruceños?

El Comité Pro Santa Cruz tiene como máxima instancia interna la llamada ‘Asamblea de la Cruceñidad’ en la que participan los delegados de los ‘sectores’ afiliados, según sus documentos internos:

“El Comité está formado por las instituciones cívicas de la capital del departamento, los Sub-comités de las ciudadelas Andrés Ibáñez, Villa Primero de Mayo y Pampa de la Isla; por Comités Cívicos de Provincias y secciones de provincias; por instituciones agropecuarias, artesanas, campesinas, femeninas, comparsas cruceñas, cooperativas [3], culturales y artísticas; deportivas, educativas, empresariales, universitarios, pueblos indígenas oriundos del departamento de Santa Cruz, fraternidades cruceñas, gremiales, juveniles, personas de la tercera edad, mutuales, excombatientes, jubilados, profesionales, sociales y de servicio a la comunidad, de personas con discapacitadas, sindicales, transportistas, la Unión Juvenil Cruceñista e instituciones vecinales, actualmente afiliadas o por aquellas instituciones apartidistas cuya incorporación sea en el futuro aceptada por el directorio.”

Esta lista amplia de integrantes que da cierta impresión de representatividad, María Cristina Viscarra, diputada de Unidad Nacional que intentó postular a la presidencia del Comité denunció que “se cambió de usos y costumbres y resulta que quien debe pagar todo el costo de traer a la ciudad a los votantes de provincia (son unos 84) es el candidato a presidente que haya conquistado el voto de los electores” [4], lo que da a entender la amplia cantidad de dinero necesario para llegar a la presidencia de esta instancia. Además, los delegados de ‘sectores’ son avalados por el propio comité, es decir, acredita y elige a sus propios electores, con un sistema electoral que asegura la hegemonía del empresariado en todo momento, además de resguardarse con su propio brazo paramilitar – la Unión Juvenil Cruceñista.

La ‘Asamblea de la Cruceñidad’ que junta a los delegados de las organizaciones empresariales, profesionales, vecinales, culturales, y juveniles que componen el Comité en los hechos no es más que una junta directiva que debe conciliar los intereses de los distintos grupos económicos, legitimándose con la presencia de los pocos delegados de provincia y de organizaciones populares a cuya dirigencia han cooptado. Esta asamblea nombra un directorio con un director por sector, y el directorio ejecutivo: el presidente y sus dos vicepresidentes, con una gestión de dos años. Para ser candidato a presidente o vicepresidente, se requiere entre otros puntos contar con 35 años de edad, ser cruceño de nacimiento y ser hijo de padre o madre cruceña, además de contar con la proclamación de al menos uno de los sectores miembros.

La cobertura de la prensa burguesa en torno a las venideras elecciones del Comité Pro Santa Cruz pretende legitimar a los futuros directivos; si bien han manifestado su voluntad de participar de las elecciones Reinerio Vargas - vicerrector de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) y vocero durante el paro reaccionario de 36 días, Agustín Zambrana – periodista digital golpista, y Reynaldo Ezequiel – ex candidato a diputado del MAS-IPSP, el binomio Luis Fernando Larach y Stello Cochamanidis, actuales vicepresidentes del Comité son los claros candidatos del empresariado y por tanto que tienen la balanza a su favor.

Larach, es dirigente de los empresarios constructores, fue dirigente de la asociación de comparsas carnavaleras y consejero de la ‘Cooperativa’ de Electricidad (CRE). Según informa la Agencia Boliviana de Información (ABI), en el paro reaccionario empresarial, Larach llevaba la voz de un sector más conciliador de la élite cruceña mientras Cochamanidis llevaba una línea dura de confrontación [5], su candidatura unitaria refleja la necesidad de la burguesía de cerrar filas para cuidar sus intereses económicos como conjunto.

¿Qué posición tomamos lxs trabajadorxs frente a las elecciones del Comité Pro Santa Cruz?

Las declaraciones de Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) y ex candidato a gobernador por el MAS-IPSP, apuntan bien al carácter antidemocrático del Comité pero el llamado a que se realicen elecciones del mismo, mediante voto popular, termina siendo una posición nefasta que expresa muy bien la política conciliadora del MAS al pretender construir y mantener un frente de unidad con los banqueros y agroindustriales golpistas.

La salida ‘democratizante’ ignora un elemento fundamental – la independencia de clase de lxs trabajadorxs, no hay ningún sentido en ‘democratizar’ los mecanismos formales de elección de una entidad que vela por los intereses de la burguesía cruceña y que se caracteriza por sus ataques brutales contra las mujeres, la población LGBTQI+, los campesinos, los pueblos indígenas, y el pueblo trabajador.

Es la misma lógica conciliadora, pero sin el mínimo democratizante, que ha embanderado el POR durante golpe de Estado de 2019, cuando los dirigentes poristas del magisterio urbano de Chuquisaca ganaron la dirección del Comité Cívico de Chuquisaca y desde esa palestra a pesar de llenarse la boca con una supuesta ‘independencia política’, en los hechos hicieron unidad de acción con los cívicos golpistas de Santa Cruz. Esta unidad de acción se cristalizó en la convocatoria conjunta a un cabildo cívico nacional [6]desde el CODEINCA, las movilizaciones contra el supuesto ‘fraude’ y exigiendo la renuncia de autoridades masistas  [7]y la marcha a La Paz [8]que confluyeron en la antesala del golpe de Estado de 2019.

Desde la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, llamamos al pueblo trabajador de Santa Cruz a romper todo lazo orgánico con el Comité Pro Santa Cruz, desde las organizaciones barriales, vecinales, culturales, juveniles, provinciales como primer paso hacía una verdadera independencia política. La clase trabajadora y el pueblo boliviano tenemos una rica tradición de organización y lucha, que se expresa en la Asamblea Popular de 1970-71, en la Coordinadora del Agua, en las jornadas de lucha por el gas y en la resistencia antigolpista de 2019-20.

Debemos recuperar nuestras organizaciones populares y sindicales de las garras de la burocracia sometida a la burguesía y al gobierno (en todos sus niveles), y ponerlos al servicio de las luchas del pueblo trabajador. Con la organización independiente podremos enfrentar en las calles a los paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista), y defendernos con los métodos de lucha de la clase trabajadora ante los ataques brutales contra las mujeres, la población LGBTQI+, los campesinos, los pueblos indígenas, y el pueblo trabajador. El MAS-IPSP al negociar cobardemente a cambio de una gobernabilidad efímera, le da un respiro a la ultraderecha para reagruparse y reorganizarse, mientras sabotea la organización del pueblo trabajador.

Lxs trabajadorxs somos quienes diariamente ponemos en funcionamiento las fábricas, las minas y la agroindustria, mientras los empresarios lucran con nuestro trabajo y organizan sus instituciones para sostener el control, por eso debemos tomar las fábricas y ponerlas bajo control de las y los trabajadores. Engels al analizar la Comuna de Paris [9], considera que uno de los graves errores de los comuneros fue detenerse en los umbrales del Banco de Francia, pues con ese mismo dinero la burguesía contrató a los mercenarios que dieron un sangriento final al primer gobierno obrero. Mientras la burguesía siga en posesión de los bancos, las fábricas, las minas y la agroindustria seguirán teniendo los medios de financiar grupos paramilitares y golpes de Estado.