Este 27 de abril se conmemoran 96 años de la fundación de Carabineros de Chile. Quienes sufrimos sus abusos no tenemos nada que celebrar a esta corrupta institución.
Jueves 27 de abril de 2023
En 1927 el dictador Carlos Ibañez del Campo fusionó diversos cuerpos policiales creando el cuerpo de Carabineros de Chile para resguardar el orden y los intereses económicos y políticos de las clases dominantes.
Este 2023 la institución cumple 96 años en medio de una fuerte campaña, encabezada por la derecha y el gobierno, por legitimar a esta institución que en los últimos años se vio envuelta en vergonzosos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En medio de esta campaña de legitimación de los pacos vale la pena hacer un poco de memoria sobre esta nefasta institución.
Uno de sus más infames galardones dice relación con el millonario desfalco llamado “Paco-gate” que involucró la malversación de más de $35.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2017 y sumando.
Así mismo son archiconocidos los casos de montaje, siendo uno de los más famoso el Caso Operación Huracán que implicó la falsificación de pruebas para detener a 11 comuneros mapuche por supuestos vínculos con delitos, acusaciones que resultaron ser completamente falsas.
Adicionalmente queremos destacar el rol que han jugado las policías en la represión al pueblo mapuche y a la protesta social. Ya antes de la rebelión popular de octubre del 2019 teníamos casos escandalosos como el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, acribillado impunemente, sin embargo durante el estallido las policías tuvieron rienda suelta para reprimir y abusar de quienes salián legitimamente a manifestarse, dejando un saldo de más de 400 lesiones oculares, miles de heridos y miles de detenciones arbitrarias, sin contar los abusos policiales en comisarías y retenes.
Respecto de estos abusos reina la impunidad. De las cerca de 11 mil denuncias por violaciones a los DDHH en contra de Carabineros ocurridas entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020, hay apenas 17 casos, un 0,1%, que concluyeron en sentencias condenatorias.
A pesar de estos antecedentes el gobierno se ha comprado la agenda de la derecha para fortalecer carabineros, para lo cual se anunció la inversión de US $1.500 millones para “fortalecer la acción del Estado contra el crimen organizado”, que no es otra cosa que entregar mayores recursos a una institución que chorrea corrupción.
Es más, recientemente han salido a la luz diversos reportajes que dan cuenta de la relación que tienen las policías con el crimen y el narco. Entre los años 2010 y 2020 existen 112 carabineros formalizados por narcotráfico. Así mismo, conforme a dichos reportajes, entre los años 2019 y 2022 se registraron 72 casos por apremios ilegítimos, 32 por torturas, 27 por falsificación de instrumento público, 10 por homicidio frustrado. Esto sin contar los casos de robos de armas y su posterior venta al narco y a bandas criminales.
Toda esta red de abuso, impunidad y corrupción tiene sus resultados, nadie quiere ser paco. En los últimos 10 años el promedio de postulantes era del orden de los 15 mil inscritos, sin embargo desde el 2020 en adelante las inscripciones cayeron por debajo de los 6 mil postulantes.
Con la actual campaña para legitimar a Carabineros se busca blindar a esta institución podrida bajo una supuesta “guerra contra el crimen”, lo que no es otra cosa que brindarles impunidad y ponerle mayores recursos para abusar de la población. Experimentos como estos han sido un sangriento fracaso con ejemplos aberrantes como en Colombia o México, donde el narco se fusiona con las policías que terminan incrementando la violencia que viven los sectores populares.
Combatir el crimen no pasa por fortalecer las policías, sino que por medidas que vayan al fondo de la crisis social que vive el país, en vez de fortalecer las policías hay que fortalecer la educación y la salud del pueblo, hay que fortalecer los planes de vivienda, crear trabajo estable y bien pagado; si quieren acabar con el narco que empiecen revisando los puertos que están en manos de grandes empresarios privados por donde se mueven toneladas de droga, que empiecen derrumbando los mecanismos financieros que permiten el lavado de dinero de los empresarios y políticos asociados al narco; que empiecen legalizando las drogas de manera de ir cerrando el negocio, lo que, de todos modos, debe acompañarse por políticas sanitarias para atender a los consumidores de riesgo, entre otras medidas.
