Actualidad Nacional. AMLO y la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes

Fue el extendido repudio a los partidos patronales tradicionales -el PRI, el PAN y el centroizquierdista PRD- desde la crisis abierta con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y la evidencia de los nexos de altos funcionarios con el crimen organizado lo que llevó a López Obrador a la silla presidencial.

Ante esto, y de cara a las elecciones de 2021, AMLO impulsa la consulta popular para saber si la población quiere o no que se juzgue a Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, campeones del saqueo del país y de la entrega de empresas y recursos al imperialismo estadounidense, al capital privado como Slim y las trasnacionales.

A su vez, el oficialista Morena tiene preparada una iniciativa de Ley de Amnistía desde la cámara de diputados, para consultar si el pueblo está dispuesto a olvidar los incontables agravios de los expresidentes. Se trata de una verdadera “contraparte” a la que sostiene AMLO.

"La cuestión es: ¿qué ofensas del pasado puede olvidar el pueblo de México? Más directamente: ¿está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar", reza la propuesta presentada por el grupo parlamentario del partido de AMLO. El mecanismo sería una consulta popular similar a la que impulsa el poder ejecutivo, y el Morena debería recabar firmas a favor de la consulta.

En el medio, tiene lugar una nueva puja entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El ministro Luis María Aguilar, quien en 2019 se posicionó contra el recorte de salarios de altos funcionarios públicos, es el encargado de dictar sentencia sobre la constitucionalidad de esta consulta que impulsa el gobierno. El año pasado el dictamen de este magistrado avaló mantener los privilegios de los burócratas que ganan cientos de miles de pesos por mes, más prestaciones, mientras decenas de miles de trabajadoras y trabajadores estatales que garantizaban el funcionamiento de distintas dependencias quedaron en la calle.

Según especialistas en derecho constitucional, como Javier Martín Reyes, profesor asociado de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Constitución prohíbe que sean objeto de consulta la restricción de derechos humanos y sus garantías. “Dejar en manos de las mayorías la decisión de si se investiga y procesa a los expresidentes violaría los derechos de las víctimas y el derecho al debido proceso de los señalados”, señaló a El País.

Plantean también distintos juristas que pone en cuestión la independencia del poder judicial, ya que no hay restricción para que los expresidentes sean juzgados en caso de que se los acuse de delinquir.

AMLO ya advirtió en una de sus conferencias matutinas que hay margen para que el poder judicial no realice procesos contra ningún expresidente. En los próximos días el juez Aguilar deberá expedirse.

Acabar con los privilegios del poder judicial

Esta consulta popular parece transformarse en la bandera hacia las elecciones de 2021, e incluso el gobierno propone que se lleve a cabo el mismo 6 de junio en que se realizarán los comicios ya anunciados como “los más grandes de la historia”.

La intención del gobierno es, evidentemente, que la aspiración popular de juzgar a los expresidentes y la participación en la consulta arrastre ese día también un voto a favor de los candidatos del partido oficialista. Y, a la par, desde el mismo partido de gobierno se presenta una consulta por la “amnistía”, que el mismo AMLO saludó como la “contraparte” de su iniciativa, que sienta un peligroso precedente ya que significaría que el gobierno de la 4T impulsaría, bajo la forma de una consulta, el “perdón y olvido” a los responsables de la entrega del país, la militarización con cientos de miles de desaparecidos y muertos, y un sinfín de atropellos contra las clases populares.

El poder judicial funge como oposición burguesa al gobierno, en el marco de la debilidad de los partidos patronales tradicionales, como decíamos arriba. La incógnita es si la Corte Suprema rechaza la consulta, ¿hasta dónde se enfrentará el presidente con el poder judicial? Seguir adelante con este mecanismo haría necesaria una reforma de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, guardiana de los privilegios de los altos funcionarios.

Sería una gran oportunidad para democratizar el poder judicial, que en la actualidad está designado por los senadores entre una terna que propone el presidente de turno. Es decir, estos funcionarios no se eligen en elecciones directas como al poder ejecutivo o los gobernadores. Y además cuentan con privilegios como la permanencia de 15 años en sus cargos, salarios intocables hasta ahora de cientos de miles de pesos por mes, prestaciones de lujo como seguro de gastos médicos mayores y generosas exenciones impositivas.

Sin embargo, el gobierno de AMLO ya dejó claro, en múltiples ocasiones -como en ocasión de los altos sueldos – que es contrario a tocar a las reaccionarias instituciones y que perfectamente puede pactar, en aras de la gobernabilidad, con sectores del mismo régimen al que se refirió en sus discursos de campaña. El cuestionamiento a determinados privilegios no es para realmente atacarlos, sino para aparecer como “progresista” ante la población.

Con este antecedente, los trabajadores y el pueblo que quieren que se juzgue a los exmandatarios que tantos agravios les infligieron, no pueden depositar sus expectativas en que esto vaya a realizarse “desde arriba”. Tienen el desafío de movilizarse para exigir terminar con las prerrogativas de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para que no se interpongan como obstáculos ante sus legítimos anhelos. Que los jueces sean elegidos por el voto popular, que sus cargos puedan ser revocados por sus electores y que ganen lo mismo que una maestra.

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