En una decisión inconstitucional que traerá fuertes polemicas, el presidente decretó estos nombramientos de personajes reaccionarios luego de fracasar sus gestiones en el Senado.
Martes 25 de febrero 17:29
En una movida que promete generar polémica, el presidente Javier Milei decidió designar mediante un decreto en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estos nombramientos se dan tras el estancamiento de las gestiones para obtener el respaldo necesario en el Senado y es presentado por el oficialismo como una medida para "normalizar" el funcionamiento del tribunal, que actualmente opera con sólo tres ministros.
Ambos jueces ocuparán sus cargos durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo cual despertó grandes críticas en su momento. Finalmente aquellos jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado.
La decisión actual de Javier Milei usando poderes casi "de monarca" agrega un condimento más a un Poder Judicial ya de por sí sumamente reaccionario y antidemocrático, compuesto por jueces que la población no elige, plagados de privilegios, sueldos millonarios y cargos vitalicios.
El nombramiento de García Mansilla y Lijo por decreto como miembros de la Corte es un acto inconstitucional que muestra nuevamente el autoritarismo de un gobierno que funciona en base a DNU, vetos y compra de votos
— Christian Castillo (@chipicastillo) February 25, 2025
Cabe destacar también que esta decisión se da en el marco de la criptoestafa, cuando Javier Milei y su círculo cercano están siendo denunciados e investigados por lo que fue un fraude histórico que generó un escándalo de dimensiones internacionales. Igualmente, el escenario sobre la eficacia de estas designaciones y su futuro, así como el del funcionamiento de la Corte Suprema durante esta polémica, es de incertidumbre.
La designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, es otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 25, 2025
La Casa Rosada informó la decisión a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente:
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
El comunicado oficial fundamenta esta decisión en el art. 99 inc. 19 de la Constitución Nacional, que permite al Poder Ejecutivo "nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Además, anticipa que seguirá buscando los votos en el Congreso para que Lijo y Mansilla aseguren su lugar de manera permanente. Diversos constitucionalistas ya están adelantando que es inconstitucional este nombramiento.
Queda por verse si el bloque de Unión por la Patria cumple la amenaza hecha por José Mayans en enero, cuando dijo que si el Gobierno los nombraba por decreto, los senadores peronistas harían caer los pliegos. Esto fue antes de que tres senadores de Unión por la Patria firmaran el dictamen para tratar el pliego de Lijo, Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma, esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, aunque finalmente no prosperó en sesiones extraordinarias como era el plan de Milei.
Los cuestionamientos también llegan de referentes políticos más aliados al oficialismo, como de la Coalición Cívica, UCR e incluso el año pasado Mauricio Macri dijo que "le comenté a Milei que no me gusta Lijo". Sin embargo, estos espacios políticos vienen siendo los aliados fundamentales del oficialismo en el Congreso.
El mismo presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, entrevistado por Carlos Pagni en diciembre último respecto a esta posible decisión de Milei, respondió que si hay cuestionamientos "en última instancia lo tiene que resolver la Corte".
De concretarse la firma del decreto, y realizarse la jura antes del sábado, Lijo y García-Mansilla podrían estar junto a a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Lijo es conocido por ser parte de la élite judicial desde hace décadas. Ha manejado causas de gran relevancia, como la causa Ciccone, la causa del Correo Argentino y la causa por la voladura de la AMIA. Se le critica por utilizar las causas judiciales para operaciones políticas, dejando que estas "duerman" y activándolas según el momento político. Además, junto a su hermano Alfredo, ha estado involucrado en negocios cuestionables, como los relacionados con haras de caballos, lo que llevó a una investigación sobre el crecimiento de su patrimonio en 2018, aunque ambos fueron sobreseídos.
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Manuel García Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución asociada al Opus Dei. García Mansilla es conocido por su postura en contra del aborto legal y por su defensa de empresas extractivistas. Durante el debate en el Congreso en 2018, se expresó en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, argumentando que el derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en Argentina. Además, ha criticado fallos judiciales que permiten el aborto en casos de violación. En el ámbito profesional, ha trabajado en la negociación de contratos de hidrocarburos y ha sido director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde 2014. Su candidatura para la Corte Suprema ha sido vista como una confirmación de su postura contra los derechos de las mujeres y diversidades, así como su apoyo al extractivismo de recursos naturales.
