El sobreseimiento dictado por el Septimo Juzgado de Garantía de Santiago, se debió a la muerte de Sebastían Piñera. La defensa pretende cambiar la causal a “inocencia” sin que existiera juicio.
Miércoles 28 de febrero
A inicio de mes, y con la muerte de Sebastian Piñera en la retina, el Septimo Juzgado de Garantía de Santiago, dictaminó el sobreseimiento de Piñera bajo la “causal de muerte” solo dos días después de la caída de su helicóptero en el Lago Ranco.
Ahora, los abogados del exPresidente, pretenden modificar lo dictaminado por el tribunal para que rectifique la causal y declare a Piñera inocente de los cargos que se le imputan sin la realización del juicio.
Como constató el diario El Mercurio, los abogados ingresaron un escrito al tribunal con la solicitud de que se dictamine que el sobreseimiento de la causa no sea por la muerte del imputado, sino porque según la defensa los hechos investigados no serían constitutivos de delito.
La única base para dicha afirmación seria la preparación de la propia defensa ante el tribunal, cuya audiencia se encontraba citada para el 12 de marzo, y que no alcanzó a realizarse debido a la abrupta muerte de Piñera.
Los delitos
Según consta en la denuncia, los abogados querellantes acusan a Piñera de posible corrupción en la compra de acciones de la empresa Andes Iron, por parte de Carlos Alberto Delano por US$152millones de dólares a la familia de Piñera. Esta transacción se realizó en paraísos fiscales que luego salieron a la luz gracias al denominado caso “pandora papers”.
La transacción, realizada en las Islas Vírgenes Británicas el año 2010, contemplaba una cláusula que liberaba un último pago (de tres) de US$9.9 millones de dólares solo si no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina. La decisión, puramente administrativa, dependía del gobierno de Piñera que en ese entonces era presidente.
Además, pocos meses antes de la venta, Piñera detuvo la construcción de la planta termoeléctrica Barrancones, situada cerca del proyecto Dominga y pese a que tenía los permisos para operar.
Sobre esa decisión, Piñera dijo entonces: «He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza».
En aquel momento no se conocía el vínculo de Piñera con el desarrollo del proyecto minero Dominga.
Cuando más tarde se supo de los intereses económicos de Piñera en la zona, se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que, de acuerdo con LaBot, concluyó que la información permitía, a lo menos, presumir que el mandatario «buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera».
Ahora, 14 años después de dicho escándalo, los abogados del expresidente pretenden borrar de un plumazo y "por secretaría" otro de los tantos hechos delictuales en los que incurrió el exempresario Piñera, ese del banco de Talca, de la Información privilegiada en las acciones de LAN o más recientemente, el del responsable político de las violaciones a los derechos humanos durante la rebelión del 2019 y al que el gobierno a intentado lavarle la cara tratando de “demócrata” y otras tantas mentiras.
