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Red Internacional
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8M. Acceso al aborto legal, seguro y gratuito: ¿qué pasa en La Matanza?

El presupuesto 2022 del municipio no destina ni un peso para el acceso de las mujeres y personas gestantes al derecho al aborto. Las iglesias están integradas al municipio, quienes le niegan los derechos a las mujeres. Las trabajadoras de la salud denuncian falta de recursos y métodos anticonceptivos. Cómo nos organizamos por este derecho.

Domingo 6 de marzo de 2022 20:05

Producto de décadas de luchas por el derecho al acceso al aborto, el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo, despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y permite su práctica en hospitales públicos tanto como en instituciones privadas y obras sociales. La letra de la ley dice que “regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país”, y dice también que derecho recibir atención totalmente gratuita tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas (incluyendo todos los estudios, medicamentos y prácticas que fueran necesarios).

La realidad es que esa efectivización no es garantizada, incluso resistida abiertamente, por gobiernos y funcionarios. Las mujeres y disidencias seguimos reclamando por su plena implementación y denunciamos que la pobreza los dolorosos índices de pobreza que afectan a más del 41% de la población y a la mitad de nuestras niñas y niños ( datos 2021). No son números fríos: la difícil situación económica, afecta especialmente a las mujeres de los barrios populares que son la mayoría de las precarizada, que son quienes más trabas encuentran para acceder a la salud pública.

En La Matanza: primero las iglesias

En este distrito hay cinco hospitales y otros tantos centros de salud de atención primaria donde tendrían que funcionar Consejerías y Unidades de atención interdisciplinarias para garantizar la IVE. Las trabajadoras de la salud denuncian que no hay recursos suficientes, que sus condiciones de trabajo son de suma precarización, atados al monotributo, lo que lleva incluso a profesionales a renunciar en sus cargos, puestos vacantes al día de hoy. Desde la Secretaría de políticas de géneros y diversidades, a cargo de Liliana Hendel, no hay, nunca hubo desde su conformación(2020) difusión de la Ley 27.610 ni de consejerías en el distrito.

Recordamos que el mismo año que asumió Hendel, una mujer de 41 años había ingresado al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, en la localidad de Laferrere, con fiebre y una hemorragia severa y falleció horas después en el hospital Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Solo un botón de muestra de la situación de vulnerabilidad de miles de mujeres de los barrios de nuestro distrito.

El Municipio, hace casi dos años, selló su relación con las iglesias. Verónica Magario en 2020, ex intendenta de La Matanza y hoy vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, creó la Subsecretaría de Culto y el “Día de las Iglesias Evangélicas”. Esa alianza sigue intacta y es causal de la falta de acceso al derecho a la IVE. Contra esta injerencia, por ejemplo, en Virrey del Pino se llevó adelante un abrazo convocado por la EP 130 con mucha solidaridad de la comunidad educativa, a raíz del escrache público que realizó la iglesia evangélica a una maestra por dar contenidos de Educación Sexual Integral (ESI).

Desde el FITU en La Matanza denunciamos, cuando se votó el presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante, que no este no identifica las partidas destinadas a la Subsecretaría de Cultos, pedimos información y al día de hoy no tuvimos respuestas. Y seguimos peleando por la separación de las iglesias y el Estado.

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En una entrevista en EL1digital, Valeria Bonetto, secretaria de Género de CICOP y pediatra del Hospital Interzonal Diego Paroissien, de Isidro Casanova, denunció que “No hay una implementación plena de la ley y en toda la Provincia están faltando profesionales de la salud suficientes, en los efectores municipales, las condiciones laborales de precariedad y salarios a la baja, también dificultan acciones seguras de promoción y prevención en el primer nivel de atención”. Suma que en algunas regiones sanitarias existen faltantes de determinados métodos anticonceptivos (implantes, inyectables, DIU), restringiendo así el derecho de la persona de poder elegir el método acorde a su necesidad”.

La disponibilidad de insumos es un indicador fundamental de la capacidad de respuesta/oferta de la política sanitaria de acceso al aborto. El misoprostol y la aspiración manual endouterina (AMEU) son dos de las tecnologías que actualmente garantizan abortos seguros en el país y forma parte de la canasta de insumos de la DNSSR y se distribuye a través del Programa Remediar. En La Matanza, en algunos centros de atención médica, es la persona gestante quien tiene que comprar su misoprostol. A su vez, en el acompañamiento post aborto faltan anticonceptivos: implantes subdérmicos, inyectables mensuales y trimestrales, DIU.

Seremos miles en las calles por nuestros derechos

Las más afectadas por el ajuste, hoy somos las mujeres. En las escuelas, lugares de estudios, barrios, junto a las trabajadoras estatales, las mujeres de las luchas que pelean por defender sus puestos de trabajo como La Nirva y por vivienda, las trabajadoras precarizadas y desocupadas, de las fábricas recuperadas como Madygraf (ex Donneley), estudiantes secundarias terciarias y universitarias, organizaciones sociales y de la izquierda debemos organizarnos y salir nuevamente a las calles.

Este Día internacional de las mujeres, a dos años de la pandemia seguimos peleando porr nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por la efectiva implementación de la Ley 27.610, por una ESI laica, científica y con perspectiva de género en las escuelas. Por la separación de las iglesias del estado. Sabemos que el acuerdo del gobierno con el FMI solo trae más recortes en recursos para salud, educación, vivienda, hacer frente a la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género, a las que quedaron sin empleo en la pandemia, a la de las precarias, Por eso la exigencia de No al pago de la deuda y de ruptura del acuerdo con el FMI marca este 8 de marzo.

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