De acuerdo a la Fundación Sol, “esta relación implica que el ahorro de las y los trabajadores se utilice- mediante la compra de acciones, bonos y otros instrumentos- para la capitalización de empresas cuya actividad se basa en la apropiación de recursos”. En nuestro país se trata, principalmente, de sectores de la minería, forestales, pesqueros, entre otros.
Viernes 27 de noviembre de 2020
Es de conocimiento público que los empresarios de las AFP utilizan los ahorros de millones de personas para invertir en la bolsa, para comprar acciones en empresas, entre otras formas de aumentar las riquezas a costa de entregar pensiones de hambre para la aplastante mayoría de las y los jubilados.
En uno de los sectores donde los empresarios de las AFP hacen una gran inversión es en las actividades extractivistas, las que, según el estudio “Inversiones de las AFP en empresas extractivas y de alto impacto ambiental” (Fundación Sol, septiembre 2020), representan un 75.5% de las inversiones hechas por las aseguradoras de los fondos de pensiones en empresas que operan en Chile.
De acuerdo al estudio citado, uno de los objetivos de este es “entregar una radiografía de la relación entre la inversión de las AFP y la instalación o expansión de empresas extractivistas y de alto impacto ambiental que operan en Chile y tienen consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la naturaleza y las comunidades. Esta relación implica que el ahorro de las y los trabajadores se utilice -mediante la compra de acciones, bonos y otros instrumentos- para la capitalización de empresas cuya actividad se basa en la apropiación de recursos”.
En el informe se afirma que “la inversión de las AFP mediante compra de acciones y bonos, ha permitido la financiarización de las empresas, utilizando como capital el ahorro de trabajadoras y trabajadores”.
Pero, ¿qué son los extractivismos? Si hablamos de los sectores productivos relacionados a la extracción de recursos naturales “las modificaciones más estructurales tuvieron lugar con la privatización, pero sobre todo, la mercantilización de los recursos hídricos, forestales, mineros y pesqueros, entre otros”, se establece en el estudio. Son este tipo de actividades de acumulación de capital las que han mermado gravemente los cursos ecosistémicos naturales, han sido “uno de los componentes fundamentales de la crisis ecológica que vivimos, cuya máxima expresión es el cambio climático, un fenómeno que se ha visto intensificado el último tiempo”, señalan desde Fundación Sol, y que se expresa en “los aumentos de temperatura en zonas tan emblemáticas como la Antártica, o la Región Metropolitana con la dramática evidencia de “la muerte paulatina del follaje en árboles del bosque esclerófilo de la cuenca de Santiago de Chile”, debido a una prolongada sequía, entre otros factores”.
En el caso del sector de la minería se ha pasado por privatizaciones y nacionalizaciones- como en el caso de la Unidad Popular-, pero el marco general que regula a este sector en la actualidad se basa en dos leyes promulgadas en dictadura: la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (LOCCM) y el Código de Minería, “ambos con el propósito de insertar en la explotación minera un componente privado y transnacional de forma permanente en la economía del país”.
Sobre los recursos hídricos, en la Constitución Política se establece que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Artículo 19, N 24); sin embargo, también se plantea- en el Código de Aguas (1981)- que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”.
Según Fundación Sol “la estructura anteriormente descrita es crucial para entender cómo se configuran e implementan los proyectos de desarrollo que conllevan el uso de recursos hídricos y cuál es la génesis del sinnúmero de conflictos sociales y ambientales que se han dado en torno al tema en las últimas cuatro décadas”.
¿Y en el sector forestal? Se sabe que en plena dictadura se creó el Decreto Ley Nº701, que entregó millones y millones de parte del Estado a empresas forestales y que intensificó el cultivo, pasando de aproximadamente 500.000 hectáreas plantadas en 1974, a 2,87 millones de hectáreas en 2011, según datos de la CONAF, 2020.
No es casual el repudio que tiene la mayoría de la población a las AFP. Los empresarios de este negocio no tienen ni vergüenza en mostrar al país que mientras mantienen pensiones miserables para las y los jubilados, los ahorros son utilizados en invertir en sectores económicos, principalmente en los extractivistas. “Un 45,6 % del total de inversiones de las AFP, en las empresas seleccionadas, a junio de 2020 se concentra en el sector eléctrico y forestal”; y en cuanto al sector minero- que tiene importantes capitales privados multinacionales y del Estado chileno en la capitalización de sus proyectos-, estos capitales “se complementan con fondos provenientes de los ahorros que administran las AFP, que a junio de 2020 invierten $1.659 millones de dólares en empresas y fondos de inversión para proyectos mineros.
La demanda de No + AFP, junto al acceso universal y gratuito a la salud, fueron las principales reivindicaciones de la rebelión popular abierta en octubre de 2019. Este negocio constituye uno de los pilares del sistema capitalista y neoliberal desde la dictadura hasta nuestros días, y una batalla que se debe seguir dando en las calles y con movilización, hasta acabar con las AFP e instaurar un sistema de pensiones estatal, tripartito, solidario y controlado por trabajadores/as, jubilados/as y profesionales al servicio del pueblo.
