El Ayuntamiento de Barcelona firma nuevos contratos con INIPRO, una empresa que ha sido imputada por presunta corrupción y malversación de dinero público en vínculos con cargos políticos del PSC.
Miércoles 1ro de julio de 2020
La nueva contratación del Ayuntamiento de Barcelona con la empresa INIPRO -Iniciatives i Programes SL-, llama la atención por tratarse de un holding empresarial con un importante prontuario de imputaciones por presunta corrupción y malversación de dinero público de parte del Ayuntamiento de Tarragona y de Viladecans.
La contratación perteneciente a la legislatura pasada de 2015 a 2019 había costado la altísima cifra de 26,5 millones de euros y las investigaciones por corrupción de parte del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona desde 2016, no ha impedido al gobierno municipal “del cambio” dirigido por Ada Colau volver a adjudicar nada más y nada menos que 800 contratos, esta vez a dedo.
Los contratos del Ayuntamiento de Barcelona con INIPRO de esos cuatros años están repartidos por toda la ciudad de Barcelona y comprenden servicios muy diversos del área de Drets Socials, especialmente en la atención a los jóvenes. Es decir, una empresa imputada por presuntos casos de corrupción paradójicamente se dedica cuestiones sociales desde su fundación en toda Catalunya.
Según un informe de Catalunyapress la mayoría de los denominados “contratos menores” han sido autorizados por la concejala Laura Pérez, actual secretaria general del consejo ciudadano de Podemos Barcelona. Estos también han sido investigados en Tarragona y en Viladecans y que conformaban el Área de “Drets Socials Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI” del Ayuntamiento de Barcelona que dirigía durante la anterior legislatura (2015-2019) y continúa dirigiendo.
El Ayuntamiento está ejecutando una nueva contratación con una empresa investigada por presunta corrupción, lo que se contradice con el Artículo 64.1 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), que, tal como explica Catalunyapress “hace relación a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, y que recomienda a las administraciones públicas no contratar a empresas sospechosas de delitos de corrupción.”
No obstante el mismo artículo contempla prohibir la contratación de empresas acusadas de corrupción cuando pese sobre estas una sentencia firme; cuestión que no ha ocurrido aún con INIPRO, ya que la sentencia todavía no se ha producido.
Sin embargo, no habla muy bien de un gobierno municipal que se dice de izquierdas y que asumió bajo los discursos de acabar con la “casta”, realizar contratos con empresas oscuras utilizando fondos públicos y en los que se encuentran como investigados cargos pertenecientes al PSC: el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floría, y el ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, todos del PSC.
Además están implicados el ex primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC), el fallecido y hasta entonces director de Inipro, Ricard Campà, y el consultor de Viladecans, Enrique Miró, quienes quedaron en libertad en 2016, a pesar de estar imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de delitos de alteración de subasta en concurso público y de tráfico de influencias, por sólo numerar algunos.
Este caso ha sacado a la luz desde que la organización de la izquierda independentista, la CUP y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Tarragona, haya presentado una denuncia contra la empresa INIPRO y sus empresas satélites.
La CUP de Tarragona planteaba que los imputados deberían dimitir de sus cargos si llegaran, como ocurrió, ir a juicio. El exalcalde Josep Fèlix Ballesteros se le imputan delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública- y otros cargos similares a la exportavoz socialista Begoña Floria, por lo que para la CUP deberían dimitir del cargo de concejal y concejala. Y también había instado al gobierno municipal de ERC y en Común Podemos a personarse en todas las causas judiciales por presunta corrupción.
Las instituciones y partidos de la burguesía, llevan en su ADN la corrupción. Barcelona en común hace tiempo que demostró ser un partido más de la casta capitalista, gestionando sus negocios con el PSC y en la trinchera enfrentada a las luchas de la clase trabajadora y los movimientos sociales.
