Tras la votación de los presupuestos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estalló la crisis política en el gobierno de Neuquén, con allanamientos por una denuncia de corrupción contra la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura y su entorno. El oficialismo quiere avanzar en su destitución. La banca del PTS-Frente de Izquierda propone que una comisión investigadora independiente y juicios por jurados.
Lunes 25 de noviembre 14:52
Foto: Sebastián Fariña Petersen
Diputados y diputadas del oficialismo con el aval de todos los bloques aliados y, por ahora, el silencio del Frente de Todos, quieren avanzar con la destitución por inhabilidad moral de la vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo, Gloria Ruiz. Buscan darle una “solución” exprés al escándalo desatado dentro de la fórmula de gobierno, luego de los allanamientos realizados el viernes por la fiscalía de Delitos Económicos a la Legislatura de Neuquén, a la Casa de las Leyes, y a la vivienda de Palo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, acusado por presunto desvío millonario de fondos públicos.
Los allanamientos, por una denuncia de corrupción contra la vicegobernadora y su entorno, se realizaron un día después que la Legislatura de Neuquén aprobara por amplia mayoría el presupuesto provincial, el del Poder Judicial y el de la propia Legislatura, con escandalosas negociaciones de fondos. Esta denuncia y posterior allanamiento desataron una “guerra” interna dentro del Poder Ejecutivo y en el mismo Poder Legislativo.
Desvío de fondos por 51 millones de pesos de la Legislatura a cuenta del coordinador de la Casa de las Leyes, hermano de la propia vicegobernadora, nombramiento indiscriminado de parientes suyos en la Legislatura, contratación de ñoquis, gastos particulares con la tarjeta de crédito corporativa, entre otros, son los fundamentos de oficialistas y opositores para buscar el mecanismo a través del cual destituir a la vicegobernadora.
Por su parte, Gloria Ruiz, despidió a su hermano de la Casa de las Leyes y pasó a la ofensiva. “No voy a renunciar. Acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional”, dijo y denunció persecución por parte del gobernador.
El verdadero “escándalo” de este show mediático, que lejos está de tener la verdad como objetivo, son los privilegios de una casta con sueldos millonarios, que maneja en forma discrecional fondos del Estado mientras más del 40 % de la población vive en la pobreza.
Un escándalo que trasciende a la Legislatura de Neuquén e involucra a la fórmula de gobierno del Ejecutivo provincial, atravesada por una crisis interna que el gobernador Rolando Figueroa y su alianza de partidos aliados, pretenden dirimir con carpetazos y utilización del Poder Judicial.
El Frente de Izquierda denunció que, desde que asumió el 10 de diciembre, el gobernador Rolando Figueroa y sus bloques aliados, imponen todas sus políticas con mayoría automática y tratamiento exprés, sin ningún tipo de debate. Ahora quieren hacer lo mismo para cerrar rápido la crisis política, deslindarse de cualquier responsabilidad y bloquear la posibilidad de una investigación a fondo de la corrupción estatal.
La corrupción es inherente a los distintos gobiernos. Se necesita una mirada popular sobre los hechos que hoy, ni en la Justicia ni en la Legislatura, están presentes
"La corrupción es un fenómeno que afecta a los diferentes gobiernos; por ello, es fundamental adoptar una perspectiva popular sobre los acontecimientos que hoy, ni en la Justicia ni en la Legislatura, están presentes", afirmó el diputado del PTS Andrés Blanco.
Frente a la propuesta de destitución por inhabilidad moral de la Legislatura a la vicegobernadora, Blanco afirmó: “Los diputados y diputadas no tienen la autoridad de hacer un juicio político a nadie. Son levantadores de mano de lo que el Ejecutivo indica, sin debate, sin cuestionar, como si fuera una escribanía. Así lo pudimos ver en la discusión del presupuesto de la Legislatura son los que entraron en un toma y daca por el manejo discrecional de fondos, lo mismo que en el regateo de obras públicas en la discusión del presupuesto provincial”.
Y propuso que “una comisión investigadora independiente vaya a fondo con la investigación de los hechos de corrupción. Esta comisión tiene que estar integrada por peritos independientes y personalidades reconocidas sin ningún compromiso con los gobiernos ni poderes de turno, con plenos poderes para investigar a todo el poder político, no sólo a quienes quiera el gobernador”.
En este sentido, Blanco señaló que para que esté la mirada popular "en estos procesos por corrupción tienen que realizarse juicios por jurado” y “terminar con la casta de jueces y funcionarias y funcionarios millonarios al servicio del poder político y económico de turno”. Para esto propone que “todos los jueces, magistrados y funcionarios políticos además de ser elegidos por el voto popular, cobren igual que una maestra y sean revocables en todo momento por sus electores”.
